Mientras el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) centra gran parte de su atención en garantizar la integridad de las elecciones de 2024, los responsables del RNC hablaron de las medidas que están tomando para garantizar que las elecciones de 2024 en Estados Unidos sean justas y seguras.
Anteriormente, el RNC anunció la creación de una división de integridad electoral, centrada en cuestiones como las luchas legales en todo Estados Unidos, la vigilancia de las boletas electorales y otras medidas.
El presidente del RNC, Michael Whatley, y la copresidenta del RNC, Lara Trump, nuera del expresidente Donald Trump, hablaron de cómo serán esas estrategias durante una aparición el 7 de abril en el programa «Sunday Morning Futures» de Fox News.
La aparición se produce después de que el expresidente Trump recaudara la cifra récord de 50 millones de dólares durante una recaudación de fondos el 6 de abril en Palm Beach, Florida.
Mientras tanto, el RNC está trabajando más estrechamente que nunca con la campaña de Trump tras la dimisión de la anterior presidenta, Ronna McDaniel, lo que, según Trump, garantizará que los fondos se utilicen con la máxima eficiencia.
A la pregunta de la presentadora Maria Bartiromo de a dónde irían a parar los 50 millones de dólares recién recaudados por el presidente Trump, Whatley respondió: «Vamos a gastar cada dólar que recaudemos en dos misiones fundamentales para el RNC, que son sacar el voto y proteger la boleta electoral».
Trump se hizo eco de esta opinión.
La integridad electoral «es vital», dijo Trump. Es lo primero en lo que estamos centrados, además de en conseguir el voto».
«Nos estamos asegurando que estas elecciones no dejen nada al azar», añadió, diciendo que el RNC «se centra como un láser» en la integridad electoral.
Los fondos conseguidos anoche por el presidente Trump contribuirán en gran medida a lograr ese objetivo, dijo la Sra. Trump.
«Tenemos los fondos ahora para asegurarnos de que podemos capacitar a los trabajadores electorales, no solo tener observadores electorales, que podemos tener abogados en cada recinto electoral necesario en todo este país», dijo la Sra. Trump. «Nos estamos asegurando de no dejar nada al azar porque tenemos que entender la importancia de estas elecciones».
El Sr. Whatley explicó con más detalle lo que implica el impulso a la integridad electoral del RNC.
«En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que en todos los estados se aplican las normas necesarias para garantizar unas elecciones justas», dijo Whatley. «Estamos trabajando con las asambleas legislativas estatales, con las juntas electorales y con los secretarios de Estado para asegurarnos de que las reglas de juego son correctas y, si no lo son, presentaremos demandas».
Citó 80 de esas demandas ya presentadas por el RNC en 24 estados diferentes.
«En segundo lugar, estamos reclutando y formando a decenas de miles de observadores, y estamos reclutando y formando a miles de abogados para asegurarnos de que estamos en la sala cada vez que se emite un voto y se ha contado un voto», añadió.
Además, el Sr. Whatley dijo que el RNC está formando consejos de integridad electoral en cada uno de los principales estados disputados.
«Lo que queremos son unas elecciones justas, precisas, seguras y transparentes, y cuando las tengamos, vamos a proteger la inviolabilidad de esa boleta electoral», dijo Whatley. «Vamos a facilitar el voto y dificultar las trampas».
Citó específicamente los estados disputados de Pensilvania, Arizona, Michigan, Georgia y Wisconsin, todos estados clave ganados por el presidente Trump en 2016 pero perdidos en 2020.
La integridad electoral ha sido una preocupación central entre los republicanos desde hace años, particularmente a raíz de las aún controvertidas elecciones de 2020.
Muchos republicanos han expresado su preocupación de que esa carrera estuvo marcada por un fraude electoral generalizado que pudo haber afectado los resultados finales, particularmente en estados como Georgia y Arizona.
Otros han expresado su preocupación por los cambios de última hora en las normas electorales que se llevaron a cabo durante la era de la COVID-19, a menudo por actores distintos de las legislaturas estatales —alteraciones de las normas que los críticos condenaron como inconstitucionales.
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