El presidente electo Donald Trump ganó las elecciones, entre otras cosas, con la promesa de revertir las regulaciones que se pusieron en marcha bajo la administración Biden, en particular las destinadas a cumplir con los objetivos de emisiones netas cero en la industria energética de Estados Unidos.
En muchos casos, sin embargo, será más fácil decirlo que hacerlo, y puede que no sea algo que Trump pueda conseguir el primer día, de acuerdo a los analistas.
Según el American Action Forum, la administración Biden aprobó hasta la fecha 1114 nuevas normativas, que suponen un costo adicional de 1.8 billones de dólares para las empresas y los consumidores estadounidenses y unos 346 millones de horas de papeleo. Y dependiendo de cómo se establecieron las regulaciones, la administración entrante de Trump probablemente se enfrentará a desafíos para deshacerlas.
«Será regulación por regulación», dijo Dan Kish, vicepresidente senior de política de la American Energy Alliance, a The Epoch Times. «Aquí en realidad hay tres categorías: órdenes ejecutivas, medidas del Congreso y aquellas cosas que tienen que hacerse a través de la regulación».
«En otras palabras, hay un proceso establecido para cambiar la normativa», explicó. «Pero todas esas cosas estarán disponibles para [Trump] dependiendo de lo que suceda con el resultado final del Congreso».
Para los mandatos reguladores que han pasado por el proceso formal de ser promulgados como «normas definitivas» por las agencias, la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) estipula que la cancelación de esas normas debe pasar por el mismo proceso. Esto incluye un periodo de notificación y comentario público, así como un aplazamiento de 30 días de la fecha de entrada en vigor y un proceso de revisión judicial si la gente puede alegar que se vería perjudicada.
«Es necesario someterse a la elaboración de normas para cambiarlas, pero muchos de los mandatos de la administración Biden no se emitieron a través de la elaboración de normas», dijo a The Epoch Times Matt Bowman, abogado senior y director de la práctica regulatoria de Alliance Defending Freedom, que ha litigado contra los mandatos de la administración Biden.
«Hemos ganado varios casos contra mandatos que no se molestaron en someter al proceso de elaboración de normas», dijo Bowman. «Esos pueden ser derribados con bastante rapidez».
Es probable que muchas de las normativas promulgadas por órdenes directas del presidente Joe Biden se rescindan de la misma manera.
«Las órdenes ejecutivas impulsarán los objetivos generales de la política reguladora del próximo gobierno», dijo a The Epoch Times Dan Goldbeck, director de política reguladora del American Action Forum, de centro-derecha. «Pero tendrán un impacto directo limitado en las normas que ya están en vigor».
El papel del Congreso y las cortes de justicia
Sin embargo, incluso para las regulaciones que han pasado por el proceso de elaboración de normas, hay varias opciones disponibles para que la administración Trump las anule en poco tiempo. La primera es que el Congreso las anule utilizando la Ley de Revisión del Congreso (CRA) si los republicanos son capaces de obtener una mayoría viable en la Cámara.
Según la CRA, las agencias deben presentar las normas definitivas al Congreso antes de que puedan entrar en vigor. Si ambas cámaras del Congreso desaprueban la norma, y el Presidente está de acuerdo o el Congreso anula un veto presidencial, la norma no puede entrar en vigor. Sin embargo, existe un plazo, de unos 6 meses, para que el Congreso tome medidas.
Desde su aprobación, la CRA se ha utilizado para anular un total de 20 normas federales, 16 de las cuales eran mandatos de la administración Obama anulados por un Congreso dirigido por el Partido Republicano en 2017.
«Es difícil decir cuál será el número exacto esta vez, pero espero que los republicanos del Congreso sean bastante activos en este frente», dijo Goldbeck.
Para evitar el destino de muchas normativas de la era Obama que fueron bloqueadas por el Congreso, el gobierno de Biden se apresuró a finalizar una serie de normas mucho antes de la fecha en que un nuevo gobierno pudiera tomar posesión.
«Hay muchos indicios de que la administración Biden se apresuró a finalizar algunas de sus normas más prioritarias a principios de este año para evitar el posible escrutinio de la CRA», dijo Goldbeck. «No obstante, la expectativa general es que cualquier norma finalizada desde principios del pasado mes de agosto en adelante será vulnerable a la derogación en virtud de la CRA».
Incluso en el caso de las normas que ya no están sujetas a la revisión del Congreso, existen opciones para eliminarlas con bastante rapidez, sobre todo las que han sido impugnadas ante los tribunales.
«Muchas de las normas, las más atroces que impuso la administración Biden, están en las cortes, y las cortes no necesitan esperar a un proceso de elaboración de normas para anular una norma ilegal», dijo Bowman. « Las cortes ya han emitido en algunos casos al menos medidas cautelares preliminares contra esas reglas para que el Departamento de Justicia de Trump, si prioriza la agenda del Presidente, pueda reconocer la ilegalidad de algunas de estas reglas».
En los casos en que las cortes inferiores han fallado a favor de la administración Biden, el DOJ puede apelar esos casos ante la Corte Suprema con la esperanza de obtener un veredicto diferente. Y en los casos que están pendientes de decisión, los organismos federales pueden retrasar la aplicación de las normas hasta que se llegue a un veredicto.
«El personal es la política»
En Washington se suele decir que «el personal es la política». En consecuencia, las personas que Trump ponga en su lugar dentro de las agencias también recorrerán un largo camino para determinar cómo se implementan las regulaciones, si es que se implementan.
«Lo que puede hacer a través de órdenes ejecutivas es dar instrucciones a las agencias federales para que apoyen o rechacen cualquier número de iniciativas», dijo a The Epoch Times Jonathan Berry, socio gerente de Boyden Gray y exasesor jefe del equipo de transición del primer mandato del presidente electo Trump.
Además, al margen de las agencias existentes, Trump anunció el martes que Elon Musk y Vivek Ramaswamy dirigirán un nuevo departamento destinado a supervisar la reducción de las regulaciones en todo el gobierno federal y mejorar la eficiencia gubernamental.
El grado de coordinación entre las agencias de Trump, incluida la cooperación entre los reguladores y el DOJ, será un factor crítico para determinar si la agenda desreguladora de Trump tiene éxito o no, según Bowman.
«Creo que el presidente puede lograr sus objetivos si todos sus nombramientos están en la misma página», dijo Bowman.
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