Esther Nufher, socia del excongresista de EE.UU. David Rivera y, como él, acusada de actuar como agente no registrado de Venezuela, mantuvo este jueves su primera comparecencia ante una corte federal, donde se formalizó su detención bajo una fianza de 200.000 dólares y se le ordenó entregar su pasaporte.
La detenida, una conocida consultora política de Miami, afronta también el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, entre otros, según informa la cadena CBS.
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a ambos de haberse reunido con varios funcionarios estadounidenses para tratar de normalizar las relaciones de Estados Unidos con el régimen venezolano, sin informar que habían firmado un contrato de 50 millones de dólares, con ese objetivo, con la filial estadounidense de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Rivera, que al igual que Nufher afrontan hasta ocho cargos federales, fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto de Atlanta, en Georgia.
El cubanoestadounidense, de 57 años y que estuvo en el Congreso en Washington entre 2011 y 2013, firmó en 2017 un contrato con la filial norteamericana de PDVSA para influir en los políticos estadounidenses con miras a mejorar las relaciones entre las dos naciones.
Según la cadena CNN, como parte de este acuerdo tanto el como su socia debían evitar que «Estados Unidos imponga sanciones económicas adicionales» contra el presidente de Venezuela y «otros miembros de su régimen».
Ambos fueron acusados el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.
Según la acusación, ambos se reunieron con un congresista de Texas no identificado y posteriormente Rivera mantuvo un encuentro con un asesor de la Casa Blanca durante la Administración del presidente Donald Trump (2017-2021), así como un senador por Florida, tampoco identificado en el escrito judicial.
El senador Marco Rubio ha señalado a la cadena CNN que en 2017 mantuvo un encuentro con Rivera y luego otro en el que participó un allegado al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, en donde reiteró que «la única forma en que se deben levantar las sanciones es si el régimen (venezolano) acepta elecciones libres y justas», según dijo un portavoz de su oficina.
«Si, como se alega, esto fue un esfuerzo por suavizar su postura sobre las sanciones, fracasó estrepitosamente», agregó a la cadena el portavoz, quien recordó que la acusación del Departamento de Justicia resalta que los acusados nunca informaron al senador de que «estaban haciendo cabildeo en nombre de Venezuela».
CNN precisó que Rubio no es nombrado en el escrito judicial ni está acusado de irregularidades.
El gobierno busca la confiscación de 23,7 millones de dólares, además de varias propiedades inmobiliarias, de acuerdo a la cadena.
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EE.UU. al alegar que el excongresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017, un contrato que es investigado por el Departamento de Justicia.
La demanda establece que Interamerican Consulting debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de PDVSA en Estados Unidos, un trabajo que no llegó supuestamente a realizarse.
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