Además de generar la condena interna, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano de nombrar los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) la semana pasada también ha provocado críticas en la comunidad internacional.
El Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional, ambos creados para buscar una salida pacífica a la crisis venezolano, concordaron en sus comunicados en señalar que el nombramiento debió pasar por la Asamblea Nacional (AN).
Los trece países miembros del Grupo de Lima aseguraron que “rechazan y desconocen” la designación de este nuevo Consejo Electoral, además de calificar la acción como “ilegal”.
Indican que esta nueva decisión “socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral”. Agregan que unas “elecciones parlamentarias y presidenciales libres, justas y creíbles”, con un CNE “independiente”, entre otras condicionales, lograrán la “superación de la crisis venezolana”.
Por su parte, el Grupo de Contacto lamentó la forma en la que se procedió para la renovación del poder electoral venezolano.
El grupo, compuesto por Reino Unido, siete países de la Unión Europea, y cuatro de América Latina, considera que esta acción “reduce aún más las garantías necesarias para la realización de un proceso electoral justo y transparente”.
Hicieron un llamado a todas las partes a retomar negociaciones “sustantivas e inclusivas”.
Los partidos de oposición del régimen de Maduro – a través de un comunicado este fin de semana – rechazaron la designación de los rectores del CNE y aseguraron que no participarán en una “farsa” electoral.
EE.UU. también se ha expresaron en contra de esta designación. Primero de la voz del secretario de EE.UU. Mike Pompeo y más recientemente – a través de un comunicado – el presidente y miembro del Subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU.
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