Preocupada por las inversiones chinas, la Unión Europea acordó provisionalmente normas para coordinar el control de las inversiones extranjeras directas en Europa.
Representantes del Parlamento Europeo y de los 28 estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo en una reunión con la Comisión Europea el 20 de noviembre, poniendo fin a 14 meses de deliberaciones.
La Comisión Europea presentó por primera vez en septiembre de 2017 una propuesta para controlar la inversión extranjera en Europa, en respuesta a la preocupación de que la inversión extranjera en empresas europeas que desempeñan funciones críticas en la sociedad, podría ser “perjudicial para la seguridad y el orden público de la UE o de sus estados miembros”. Los funcionarios europeos prestaron especial atención a los acuerdos de adquisición chinos en los sectores clave de tecnología y automotriz en Europa.
“Europa debe defender siempre sus intereses estratégicos y eso es precisamente lo que este nuevo marco nos ayudará a hacer. Esto es lo que quiero decir cuando digo que no somos comerciantes ingenuos. Necesitamos un escrutinio de las compras de empresas extranjeras que se dirigen a los activos estratégicos de Europa”, declaró Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en un comunicado de prensa.
Las normas permitirán a la Comisión Europea investigar las inversiones en áreas críticas, como energía, comunicaciones e infraestructura financiera, así como en tecnologías clave, como la inteligencia artificial, robótica y de semiconductores.
“Esto marcará el fin de la ingenuidad europea”, señaló Franck Proust, quien encabeza el equipo negociador del Parlamento, antes de las negociaciones, según Reuters. “Todas las potencias mundiales -Estados Unidos, Japón, China- tienen un método de control. Solo que Europa no lo hace”.
En Estados Unidos, la entidad gubernamental responsable de revisar las implicancias de seguridad nacional en los acuerdos de inversión extranjera, es el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS por sus siglas en inglés), un comité interinstitucional establecido por el expresidente de Estados Unidos Gerald Ford en 1975.
CFIUS fue fortalecido por la Ley de Autorización de la Defensa Nacional aprobada por el Congreso en agosto, que amplió el alcance de las transacciones que puede revisar el comité y tiene por objeto frenar la inversión china en 27 industrias sensibles, incluido los semiconductores y la fabricación de aviones.
El 10 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las normas sobre inversión extranjera como parte de su aplicación de la nueva ley de Estados Unidos, dando a CFIUS la opción de aprobar un acuerdo de inversión en un plazo de 30 días o abrir una investigación más completa.
Las nuevas normas europeas propuestas no identifican a China por su nombre, pero las quejas de sus promotores sobre las inversiones de empresas estatales y sobre la transferencia de tecnología son claras referencias a Beijing.
La propuesta aún necesita ser aprobada por los 28 estados de la UE en una reunión prevista para el 5 de diciembre. Hasta ahora Francia, Alemania y otras naciones apoyaron la propuesta, pero varios países expresaron su oposición, entre ellos Chipre, Grecia, Luxemburgo, Malta y Portugal. El Parlamento de la UE votará sobre la propuesta en febrero o marzo del año que viene.
Las inversiones chinas en algunos países europeos ya reportaron beneficios para Beijing, ya que el dinero suele ejercer influencia en la política regional. En junio de 2017, Grecia, cuyo puerto estratégico del Pireo es propiedad mayoritaria de la empresa estatal china COSCO Shipping, bloqueó una declaración de la UE que criticaba el historial de China en materia de derechos humanos y su represión de activistas y disidentes.
En abril de 2018, Hungría fue el único país de la UE que se negó a firmar un informe en el que criticaba la iniciativa china “Un cinturón, Una Ruta” (OBOR, por sus siglas en inglés) por violar las normas internacionales de transparencia.
China anunció OBOR en 2013 para construir redes comerciales terrestres y marítimas centradas en Beijing a través del financiamiento de proyectos de infraestructura en Europa, el sudeste asiático, África y América Latina. Según la Radio Pública Nacional, con sede en Estados Unidos, COSCO invirtió estratégicamente en puertos marítimos en toda Europa, incluyendo Bélgica, España, Turquía e Italia.
La inversión extranjera directa de China en Europa alcanzó los 65.000 millones de euros (79.000 millones de dólares) en 2017, lo que representa un aumento dramático con respecto a los menos de 2.000 millones de euros (2.500 millones de dólares) en 2010, según la revista The Diplomat, con sede en Tokio, citando estadísticas del bufete de abogados Baker McKenzie.
Los legisladores de la UE lograron imponer un control más estricto de lo inicialmente propuesto, tal como obligar a la Comisión Europea a examinar los acuerdos y exigir a los países de la UE que cooperen entre sí.
El nuevo sistema no interferirá con los mecanismos actuales de control en los 14 países que tienen uno. Se exigirá a todos los países que informen a los demás miembros de la UE y a la Comisión Europea en caso de que realicen una inversión. Si un tercio de los estados miembros expresan su preocupación por una inversión extranjera prevista, la Comisión deberá emitir su dictamen.
Sin embargo, los países de la UE, y no la Comisión Europea, tomarán la decisión final sobre si bloquear o no las inversiones extranjeras por motivos de seguridad e interés público.
Además, todos los países miembros deben presentar un informe anual a la comisión.
Beijing no realizó comentarios oficiales sobre la propuesta europea en el momento de escribir este artículo. Pero un editorial del 21 de noviembre publicado en Reference News, un periódico chino publicado por el medio estatal chino Xinhua, afirmó que las inversiones de China en Europa eran estrictamente comerciales sin ninguna ambición política. El artículo sugería que la UE no tenía que estar atenta a la inversión china.
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