LOS ÁNGELES, California—La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó el 8 de febrero una propuesta para despedir a todos los empleados del condado que no estén vacunados, después de que docenas de residentes llamaran para oponerse a la medida.
La medida despediría a unos 18,000 empleados del condado en varios departamentos, de los cuales 4000 son ayudantes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD).
La supervisora Sheila Kuehl presentó la moción «para disciplinar a los empleados de cualquier departamento del condado por incumplimiento de la política o las instrucciones del condado relacionadas con la política de vacunación contra la COVID-19», según el punto del orden del día (pdf).
«Ya han pasado seis meses y no tenemos un cumplimiento del 100 por cien… y la negativa a vacunarse o a solicitar una exención… El hecho de no registrar el sistema y hacer una u otra cosa realmente pone en riesgo las vidas del condado, y es simplemente inaceptable», dijo Kuehl durante la reunión.
El sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, llamó al principio de la reunión para instar a la junta a oponerse a la moción de Kuehl, diciendo que será «un golpe mortal para la seguridad pública en el condado». Dijo que el LASD perdería a miles de sus agentes, que más de 9000 agentes del departamento han sido vacunados con una tasa de positividad de la COVID-19 del 3.46 por ciento, dijo.
«Tenemos 5766 no vacunados y tuvimos 221 positivos para una tasa de positividad del 3.83 por ciento», dijo Villanueva. «Por lo tanto, su moción va a buscar básicamente hacernos perder 4000 empleados por un total de 0.4 por ciento de mejora en la tasa de positividad… no es exactamente un beneficio para la seguridad pública».
El sheriff señaló el aumento del 94 por ciento de los asesinatos en el condado en los últimos dos años y el aumento del 64 por ciento de los robos de automóviles. Con estas tasas, dijo, el departamento es incapaz de manejar una mayor disuasión.
«Esto es desacertado, ilógico y, probablemente, a largo plazo, ilegal», dijo Villanueva.
Pero Kuehl discrepó rotundamente y dijo que el condado tiene la autoridad para hacer cumplir la política a cada departamento del condado.
«Si no se toman en serio este asunto y no lo hacen cumplir en su departamento, el director de personal del condado está dispuesto a hacerlo», dijo. «No vamos a permitir que se pongan en peligro las vidas del condado por una decisión individual de no cumplir con la política del condado».
Kuehl dijo que la junta «ha aumentado el [número de] personas que trabajan para [Villanueva]» y ha incrementado el presupuesto del departamento.
«En este caso, tenemos el derecho absoluto de decir que estos son nuestros empleados, no los suyos», dijo.
Actualmente, la junta estima que el departamento del sheriff tiene un total de 5700 empleados sin vacunar, lo que supone el 60 por ciento de la tasa de incumplimiento del condado.
«Desgraciadamente, el departamento del sheriff es el único departamento del condado que se ha negado a aplicar esta política y por eso, creo, estamos hoy aquí. Creo que no nos quedó otra opción», dijo la supervisora Janice Hahn durante la reunión.
Hahn sugirió que la junta debe levantar la congelación de la contratación del departamento para asegurarse de que pueden contratar más ayudantes —»si de hecho acaban perdiendo personal como resultado de esta aplicación»— para mantener la seguridad pública como una prioridad.
El departamento del sheriff es el único departamento del condado que permanece en una congelación de la contratación que fue impuesta por la junta al comienzo de la pandemia para reducir el déficit presupuestario en 37 departamentos del condado.
Villanueva ha sido muy crítico con la vacunación obligatoria en las fuerzas de seguridad y no impuso requisitos en su departamento cuando el condado implementó los mandatos el año pasado.
El condado emitió por primera vez una orden para crear una política de vacunación en agosto de 2021, exigiendo a todos los empleados del condado que presentaran una prueba de vacunación. En octubre de 2021, la política se puso en práctica y todos los empleados estaban obligados a vacunarse completamente, a menos que se concediera una exención religiosa o médica.
En el modelo actual, los empleados con una exención se someten a pruebas semanales de COVID-19 pagadas por el condado. A fecha del 1 de febrero de 2022, el 81.5 por ciento de los 100,000 trabajadores del condado están vacunados.
Pero según Kuehl, la alta tasa de vacunación no es suficiente. Señaló la tasa de vacunación del 60 por ciento del Departamento de Policía de Los Ángeles como el motor para modificar la política actual.
«No es de extrañar que aproximadamente el 74 [por ciento] de las más de 5000 reclamaciones de compensación de trabajadores relacionadas con la COVID-19 presentadas por empleados del condado a fecha del 29 de enero de 2022, hayan sido presentadas por empleados del Departamento del Sheriff», dice la moción de Kuehl. «Estos datos ilustran el papel vital de las vacunas para limitar la propagación de la COVID-19 y, por tanto, la necesidad urgente de aumentar las tasas de vacunación en toda la plantilla del condado».
El Condado de Los Ángeles ha adoptado algunos de los mandatos de vacunación más estrictos del país, exigiendo a los residentes que muestren una prueba de vacunación al entrar en bares, bodegas, cervecerías, destilerías, discotecas y clubes. A fecha del 7 de febrero, el condado contaba con 2773 hospitalizaciones por COVID-19 y 4360 nuevos casos notificados.
La residente de Santa Clarita Tracy Hauser dijo a la junta que estaba de acuerdo con Villanueva y que su hijo —que es bombero local— «se ha enfrentado a un peligro mucho peor de lo que ha sido todo esto».
El abogado de la Asociación de Agentes de la Paz de Los Ángeles, Jim Cunningham, dijo que la asociación «se opone firmemente» a cualquier cambio en las actuales normas de servicio civil del condado.
«[Las reglas] ya son extremadamente robustas en términos de disciplina y apelaciones disciplinarias, cualquier cambio que tenga un impacto directo en nuestros empleados, tiene que haber otras herramientas y otras vías disponibles para abordar la preocupación que la Junta de Supervisores pueda tener sobre el departamento del sheriff», dijo Cunningham. «Pero castigar a los empleados del sheriff con un cambio significativo en los estatutos, diríamos, no solo es potencialmente ilegal (…) sino que también será increíblemente perturbador para los hombres y mujeres de los que se depende día a día».
La propuesta aprobada por la junta será escuchada de nuevo en la reunión ordinaria de la junta del 15 de marzo como una ordenanza al reglamento de servicio civil del condado.
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