Condado de Virginia finaliza acuerdo con ICE luego de entregar a casi 10,000 extranjeros ilegales

Por Matthew Vadum
16 de julio de 2020 8:46 PM Actualizado: 16 de julio de 2020 8:46 PM

Antes de que el condado de Prince William, Virginia, se negara recientemente a renovar su acuerdo de cooperación con las autoridades federales de inmigración, el condado había ayudado a proporcionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) cerca de 10,000 extranjeros ilegales y criminales para procedimientos de deportación desde 2007, de acuerdo a un grupo de control de inmigración.

Con el acuerdo cancelado y el condado, ubicado cerca de la capital de la nación, convirtiéndose cada vez más demócrata y hostil hacia la policía federal de inmigración, es probable que los extranjeros ilegales en el condado sean liberados de la custodia en lugar de ser entregados a ICE para su procesamiento legal. La junta de la cárcel del condado votó el 17 de junio para permitir que el contrato con ICE expire.

ICE dice que su llamado programa 287(g) «mejora la seguridad de las comunidades mediante la creación de asociaciones con agencias estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley para identificar y expulsar a los extranjeros que pueden ser sacados de los Estados Unidos».

La Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad “autoriza al Director de ICE a celebrar acuerdos con agencias estatales y locales de aplicación de la ley, que permitan a los oficiales designados realizar funciones limitadas de aplicación de la ley de inmigración. Los acuerdos bajo la sección 287(g) requieren que los oficiales locales de aplicación de la ley reciban la capacitación adecuada y funcionen bajo la supervisión de los oficiales de ICE».

Dale L. Wilcox, director ejecutivo y asesor general del Immigration Reform Law Institute (IRLI), que es el brazo de litigios de la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos (FAIR), criticó al condado por dejar que el acuerdo expire.

«Que el condado deje que expire su programa 287(g) muestra un sorprendente nivel de irresponsabilidad hacia sus residentes», dijo Wilcox en un comunicado.

“El hecho de que casi 10,000 extranjeros ilegales, muchos de los cuales fueron acusados ​​de crímenes violentos, fueran removidos fue algo bueno. Ahora, podría haber innumerables extranjeros que enfrentan cargos de asesinato, violación y conducir en estado de ebriedad en esa comunidad que de lo contrario serían procesados ​​para la deportación. Cuando los residentes del condado sean víctimas de estos extranjeros, la Junta de la Cárcel tendrá mucho que responder”.

En mayo, alrededor de 100 residentes locales se manifestaron afuera del Centro de Gobierno del Condado de Prince William en un esfuerzo por salvar el acuerdo 287(g), de acuerdo con los medios locales. Pero los funcionarios de la junta de la cárcel se mostraron indiferentes, cuestionando la efectividad del programa.

Luego de obtener documentos del condado, el IRLI descubrió que el condado había entregado a ICE 9537 extranjeros ilegales y criminales desde 2007.

La cifra de 9537 fue dramáticamente más alta que las estadísticas divulgadas previamente. Antes del informe del IRLI, era de conocimiento público que desde 2017, el acuerdo de cooperación 287(g) había llevado a la transferencia de 2639 internos del condado a la custodia de ICE luego de completar su tiempo en la cárcel.

Según los informes, más de la mitad, o 1612, cumplían sentencia por conducir bajo estado de ebriedad. Sesenta y cinco reclusos habían sido acusados ​​de asesinato y 277 habían sido acusados ​​de agresión sexual, informó anteriormente The Washington Post.

Según los informes, el condado firmó el contrato que permitía a los funcionarios locales de la cárcel verificar el estado migratorio de los reclusos en 2007, cuando la junta de la cárcel estaba dominada por republicanos enérgicos en contra del crimen. Pero desde entonces, la junta, y la jurisdicción que representa, se ha vuelto menos republicana.

La autodenominada «organizadora comunitaria» Elizabeth R. Guzman, una demócrata que es miembro de la junta de la cárcel y que representa parte del condado en la Cámara de Delegados de Virginia, ha dicho que se involucró en la política en un esfuerzo por derogar el acuerdo 287(g).

«Estamos tratando de cambiar en el condado de Prince William, luego de que fuimos etiquetados como delincuentes», citó el Washington Post a Guzman el mes pasado.

Guzman dijo que el acuerdo generó temor en la comunidad inmigrante luego de que algunos de sus miembros fueron arrestados por infracciones menores de tránsito y luego expulsados de los Estados Unidos. Esto hizo que los extranjeros ilegales sean más reacios a cooperar con la policía local, dijo.

Guzmán no respondió de inmediato a una solicitud de The Epoch Times para comentar sobre el informe del IRLI.

El Centro Regional de Detención para Adultos del Prince William-Manassas fue solo una de las dos agencias policiales en Virginia que firmó un acuerdo 287(g) con ICE. La única agencia de aplicación de la ley en el estado que actualmente tiene dicho acuerdo con ICE es la oficina del sheriff en el condado de Culpeper.

El sheriff del condado de Culpeper, Scott Jenkins, rechazó una demanda colectiva presentada por un extranjero ilegal que afirmó que Jenkins violó sus derechos constitucionales al detenerlo a pedido de ICE. La acción fue desestimada por un juez federal en agosto de 2019, como informó anteriormente The Epoch Times.

«Me complace que esta demanda que busca tratamiento preferencial para extranjeros ilegales criminales dentro de nuestro sistema de justicia haya sido desestimada», dijo Jenkins en ese momento.


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