Grupos pro derechos humanos, la ONU y el Gobierno de EE.UU. condenaron el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad birmanas después de que mataran el miércoles a al menos 38 personas en la jornada más sangrienta de la represión de la junta militar contra los manifestantes.
Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que las fuerzas del orden de Birmania «parecen intentar cortar las piernas del movimiento antigolpe a través de la violencia gratuita y la pura violencia».
Richard Weir, investigador de Crisis y Conflicto de la organización, recalcó que «el uso de fuerza letal contra los manifestantes que rescataban a otros demuestra lo poco que las fuerzas de seguridad temen ser juzgadas por sus acciones».
Por su parte, la organización Fortify Rights reclamó que la junta militar que perpetró un golpe de Estado el pasado 1 de febrero termine «inmediatamente sus ataques mortales en todo el país contra manifestantes no violentos y devuelva el poder al gobierno electo».
En un tono similar, la asociación de Parlamentarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) por los derechos humanos (APHR) expresó su repulsa a la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad birmanas, que calificó de «nauseabunda».
«¿Cuándo va a parar el Ejército? ¿Acaso intenta matar o arrestar al 80 % del país que en noviembre votó para echarles de la política de Birmania», se preguntó Charles Santiago, presidente de APHR y parlamentario de Malasia.
La actuación de las fuerzas de seguridad también recibió la reprobación de Tom Andrews, relator de derechos humanos de la ONU, que pidió al Consejo de Seguridad que vea las imágenes de «la chocante violencia desatada contra manifestantes pacíficos», antes de su reunión por teleconferencia este viernes, en la que abordará el asunto.
El mes pasado, el Consejo de Seguridad ya trató la crisis, pero no llegó a condenar el golpe por la oposición de Rusia y China, que tienen poder de veto, por lo que por ahora parece poco probable que el órgano vaya a tomar medidas contra los militares.
Estados Unidos también reaccionó ante la violencia policial, por medio del portavoz de la Secretaría de Estado, Ned Price, que afirmó estar «en shock al ver la horrible violencia perpetrada contra la población de Birmania por sus llamadas pacíficas a la restauración de un gobierno civil».
La enviada especial de la ONU, Christine Schraner Burgener, cifró en al menos 38 las personas, entre ellas dos menores, que murieron el miércoles en las protestas pacíficas contra la junta militar, violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
Unos 60 manifestantes han fallecido desde el golpe del 1 de febrero ejecutado por el Ejército, que detuvo a parte del Gobierno, incluida la líder electa Aung San Suu Kyi.
Los manifestantes exigen al Ejército, que gobernó el país con puño de hierro de manera ininterrumpida entre 1962 y 2011, que permita la vuelta a la democracia y reconozca los resultados de las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Suu Kyi.
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