Un individuo residente en Orlando (EE.UU.) identificado como Daniel Ira Johnson fue sentenciado a 7 años y 6 meses de prisión por enviar armas de fuego al Reino Unido, cometer fraude electrónico y robo de identidad agravado para la obtención fraudulenta de ayudas destinadas al seguro de desempleo por la covid-19.
La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida divulgó este jueves un comunicado en el que informa que el juez Paul G. Byron sentenció a Johnson, de 35 años, quien se había declarado culpable de los cargos en diciembre de 2022.
Según documentos judiciales, Johnson envió de forma ilegal armas de fuego a la ciudad de Rugby (Reino Unido) entre diciembre de 2019 y enero de 2020.
Johnson camufló las armas en envoltorios para evitar que las detectaran y las declaró como «piezas de automóvil» en los trámites de aduaneros.
Además, poco después del primer periodo de la pandemia de la covid-19, cuando el gobierno amplió los beneficios sociales a la ciudadanía, utilizó datos de identificación de personas, sin su conocimiento, para obtener ayudas del seguro por desempleo.
Los beneficios se cargaron en tarjetas de débito entregadas en direcciones a las que Johnson y sus colaboradores tuvieron acceso y las ganancias del fraude se retiraron rápidamente o se usaron para comprar giros postales de EE.UU.
Johnson, junto a otros conspiradores, defraudó a 19 agencias laborales de diferentes estados de EE.UU. más de 500,000 dólares en Asistencia de Desempleo por la Pandemia en una trama en la que se intentaron apropiar en total de 1.9 millones de dólares.
Por estos hechos Johnson está acusado de apropiarse de los beneficios de desempleo destinados a los trabajadores estadounidenses que necesitaban asistencia debido a la pandemia de la covid-19.
El agente especial a cargo del caso, Jonathan Carson, del Departamento de Comercio de los EE.UU., señaló sobre el primero de los delitos que «el contrabando ilegal de armas de fuego desde los Estados Unidos es una violación grave de las leyes de control de exportaciones».
La agente especial a cargo Katrina W. Berger, quien supervisa las operaciones de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), indicó por su parte que «interrumpir el flujo internacional de armas ilegales inevitablemente salva vidas y reduce la delincuencia».
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