Un tribunal español ha condenado a 7.5 años de prisión a un hombre detenido en 2018 con un arsenal de armas y que se propuso en redes sociales «como francotirador» para asesinar al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional española considera a Manuel Murillo, de 66 años y residente en Tarrasa (provincia de Barcelona, noreste), responsable de un delito de homicidio en grado de proposición y otro de depósito de armas, y le impone también ocho años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
La sentencia, conocida este martes, no ve acreditada la alteración psíquica del condenado y rechaza apreciar la circunstancia eximente incompleta de intoxicación etílica plena y la atenuante de embriaguez por consumo de alcohol y medicamentos.
La sentencia recoge los mensajes que Murillo difundió en un grupo de WhatsApp a partir de junio de 2018, en los que mostraba su absoluto desacuerdo con la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco.
El sentenciado es hijo del último alcalde franquista de la localidad de Rubí (Barcelona).
Franco fue enterrado en la basílica del Valle de los Caídos cuando murió (1975), un monumento simbólico de la dictadura que él mandó construir al noroeste de Madrid.
Sus restos fueron trasladados en 2019 a un cementerio de la periferia de la capital de España por iniciativa del gobierno de Sánchez, con el aval del Tribunal Supremo.
«Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo se hunda a España. No haría falta guerras»; «No podemos permitir que humillen al Generalísimo Francisco Franco (…) Si es preciso, me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco, y si se acercan, disparo», fueron algunos de esos mensajes.
Desde junio hasta que fue detenido, en septiembre de 2018, expresó en dicho foro de WhatsApp y en otras conversaciones privadas la intención de acabar con Sánchez.
«Fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del presidente del Gobierno», según la sentencia, y «se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo».
A Murillo, que trabajó como vigilante de seguridad, se le incautaron varias armas: 13 reglamentarias y siete prohibidas, entre ellas una de guerra; un arsenal que muestra, según el tribunal, su alta peligrosidad.
Peligrosidad
La Audiencia Nacional admite la dificultad que debe representar «atentar contra la vida del presidente del Gobierno», y admite que no hubo un plan definitivamente urdido, tramado y menos aún concluido.
Pero subraya también una circunstancia «indicativa de la alta peligrosidad»: el arsenal de armas, sin obviar su afición al tiro.
Según la sentencia, queda acreditado que expresó, «cada vez con más ahínco», «una fijación inquebrantable de su voluntad de dar fin a la vida del presidente del Gobierno».
Por tanto, «por embrionaria que fuera» la fase en la que se encontraba, tenía la «persistencia, fijación y desvelada determinación» de «causar la muerte» del jefe del Ejecutivo.
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