Un exfarmacéutico de Chicago fue declarado culpable ante un tribunal federal el 23 de junio por robar y vender auténticas tarjetas de vacunación contra el COVID-19 en eBay.
Zhao Tangang, de 36 años, robó tarjetas de vacunación contra el COVID-19 de la farmacia donde trabajaba y las vendió en Internet. Las tarjetas fueron emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
Durante marzo y abril de 2021, Zhao publicó en Internet anuncios de más de 650 tarjetas de vacunación contra el COVID-19 que anunciaba como «auténticas» y «directamente de los CDC». Zhao vendió 630 tarjetas a unos 200 compradores que le pagaron más de 5600 dólares, según los fiscales.
El jurado condenó a Zhao por 12 cargos de robo de propiedad gubernamental. Su sentencia está prevista para el 28 de noviembre y se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión.
«Vender a sabiendas tarjetas de vacunación contra el COVID a personas no vacunadas pone a millones de estadounidenses en peligro de sufrir lesiones graves o de morir», declaró anteriormente el agente especial Emmerson Buie Jr. de la Oficina de Campo de Chicago del FBI, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) del 17 de agosto de 2021. «Poner un precio tan pequeño a la seguridad de nuestra nación no sólo es un insulto a quienes están haciendo su parte en la lucha para detener el COVID-19, sino un delito federal con graves consecuencias».
Zhao era farmacéutico autorizado en Illinois y trabajaba para una cadena nacional de farmacias que administraba vacunas contra el coronavirus y distribuía tarjetas de vacunación a los receptores, según su acusación.
Las tarjetas de vacunación contra el COVID-19 online circularon durante la pandemia a medida que más empresas, escuelas y ciudades exigían una prueba de vacunación.
«Si no recibiste la vacuna, no compres tarjetas de vacunación falsas, no hagas tus propias tarjetas de vacunación y no rellenes [sic] tarjetas de registro de vacunación en blanco con información falsa», afirma un comunicado del FBI. «Al falsear que estás vacunado cuando entras en escuelas, medios de transporte público, lugares de trabajo, gimnasios o lugares de culto, te expones a ti mismo y a los que te rodean al riesgo de contraer el COVID-19».
El uso no autorizado del sello oficial de una agencia gubernamental es un delito y puede ser punible según el Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1017, y otras leyes aplicables, según el FBI. Las penas pueden incluir multas elevadas y penas de prisión.
En 2021, 47 miembros de la Asociación Nacional de Fiscales Generales enviaron a los directores ejecutivos de Twitter, Shopify y eBay una carta en la que les pedían que tomaran medidas inmediatas contra los malos actores que difundían desinformación sobre el COVID-19 y utilizaban los sitios para vender tarjetas de vacunación falsas.
Fraude relacionado con el COVID
El 20 de abril, en un comunicado de prensa en el que se anunciaban cargos penales contra 18 personas acusadas de participar presuntamente «en varias tramas de fraude relacionadas con servicios sanitarios que se aprovechaban de la pandemia de COVID-19», el DOJ afirmó que se había incautado de más de 16 millones de dólares en efectivo y otros ingresos procedentes del fraude.
«Esta acción coercitiva sin precedentes contra acusados de todo el país deja claro que el Departamento está utilizando todos los recursos disponibles para combatir y prevenir el fraude relacionado con el COVID-19 y salvaguardar la integridad de los programas financiados por los contribuyentes», declaró el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
Uno de los procesados en el marco de la acción nacional es el propietario de un laboratorio de California, acusado de presentar más de 358 millones de dólares en reclamaciones falsas y fraudulentas a Medicare, a la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios (HRSA, por sus siglas en inglés) y a una compañía de seguros privada por pruebas de laboratorio.
También en California, un médico fue acusado de un presunto fraude de unos 230 millones de dólares al Programa de No Asegurados de la HRSA.
«El médico era el segundo mayor facturador del país al Programa de No Asegurados, y presuntamente presentó reclamaciones fraudulentas por el tratamiento de pacientes que estaban asegurados, facturó servicios que no se prestaron y facturó servicios que no eran médicamente necesarios», declaró el DOJ.
El médico utilizó presuntamente más de 100 millones de dólares de los ingresos del fraude para negociar opciones sobre acciones.
Los proveedores de las pruebas sin receta por COVID-19 —que Medicare empezó a cubrir en abril de 2022— también fueron acusados de suministrar presuntamente docenas de pruebas por COVID-19 a pacientes que no las querían ni las necesitaban. En algunos casos, los pacientes habían fallecido.
Con información de Tom Ozimek.
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