WASHINGTON—Joan Bell, descrita como la «matriarca del activismo provida», fue condenada a 27 meses de prisión el 15 de mayo por su papel en el bloqueo del acceso a una clínica abortista en octubre de 2020.
Su condena se sumó a la de otras seis personas, entre ellas Lauren Handy, que organizó y dirigió el acto. A menudo llamados «rescates», este tipo de eventos están diseñados para bloquear el acceso a los abortos y/o convencer a las mujeres de que no procedan con sus citas para abortar. Las tácticas pueden variar, y en algunos casos, como el de 2020, se utilizan candados para bicicletas y otras herramientas para impedir el acceso.
La Sra. Bell, de 76 años, fue una de las primeras líderes del movimiento de rescate y el Departamento de Justicia la describió durante la sentencia como una figura emblemática para los activistas provida. La juez Colleen Kollar-Kotelly la condenó a 27 meses y 100 horas de servicios comunitarios.
La Sra. Bell dijo a la juez que no informaría de sus servicios a la comunidad ni cumpliría con la libertad condicional porque lo consideraba una admisión de delito, que, según ella, no podía hacer en conciencia. El juez le dijo que volvería a prisión si desobedecía la sentencia del tribunal, y planteó la posibilidad de que la Sra. Bell perdiera el crédito por el tiempo cumplido.
La Sra. Handy, de 30 años, fue condenada el 14 de mayo y recibió 57 meses por su papel, la mayor condena de todos los acusados.
Jonathan Darnel, veterano militar de 42 años, fue condenado justo antes que la Sra. Bell, el 15 de mayo, y recibió la siguiente condena más alta, 34 meses. La juez Kollar-Kotelly señaló en una vista anterior que ayudó a organizar el acto y que lo retransmitió en directo desde la clínica.
Sentencia
Las condenas eran inferiores a la horquilla que el DOJ había solicitado para cada uno de los siete acusados condenados los días 14 y 15 de mayo. El DOJ, por ejemplo, había pedido al juez que condenara a la Sra. Handy a una pena de entre 63 y 78 meses. La Sra. Handy, por su parte, solicitó una condena de 12 meses.
Dos de los diez acusados, Heather Idoni y Paulette Harlow, aún no fueron condenados. Jay Smith, de 34 años, fue el único que se declaró culpable y fue condenado a diez meses de prisión en marzo de 2023.
Cada uno de los acusados condenados recibió 12 meses adicionales por un cargo de violación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE), una ley aprobada bajo el mandato del ex presidente Bill Clinton.
La juez Kollar-Kotelly dijo que esos 12 meses podían cumplirse simultáneamente con las penas más largas derivadas del otro cargo de presunta conspiración contra los derechos civiles. También dijo que recomendaba que se tuviera en cuenta el tiempo ya cumplido.
John Hinshaw, de 69 años, y William Goodman, de 54, fueron condenados el 14 de mayo. Recibieron 21 y 27 meses respectivamente, así como tres años de libertad vigilada para cada uno.
El 15 de mayo, Jean Marshall, de 74 años, fue sentenciado a 24 meses, mientras que Herb Geraghty, de 27 años, recibió 27 meses.
De los acusados condenados, el Sr. Goodman y el Sr. Hinshaw han publicado de apelación. Los abogados de la Sra. Handy también dijeron que apelarán.
Los fiscales y el juez señalaron que los acusados tenían antecedentes penales por detenciones relacionadas con abortos. La Sra. Handy tenía una «afición» por este tipo de comportamiento, sugirió el fiscal Sanjay Patel durante la sentencia. El abogado de la Sra. Handy, Martin Cannon, dijo al juez que ella intentaba salvar bebés.
La administración del presidente Joe Biden acusó a la Sra. Handy y a otras personas poco después de que ella y Terrisa Bukovinac, candidata presidencial provida y demócrata, dijeran a las autoridades que tenían una caja de bebés abortados. Obtuvieron los bebés fuera de la misma clínica, la Washington Surgi-Clinic de la capital del país, donde tuvo lugar el «rescate» de 2020.
La Sociedad Thomas More, que representó a la Sra. Handy, emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que apelaría en un intento de anular su condena y cuestionar la constitucionalidad de la Ley FACE.
«Por sus esfuerzos para proteger pacíficamente la vida de seres humanos inocentes antes de nacer, la Sra. Handy merece agradecimiento, no una desgarradora sentencia de prisión», dijo en el comunicado el abogado principal de la Sociedad Thomas More, Martin Cannon.
«Apelaremos enérgicamente la condena de la Sra. Handy y atacaremos la causa fundamental de esta injusticia, es decir, la Ley FACE, que creemos que es inconstitucional y nunca más debe ser utilizada para perseguir a pacíficos pro-vida».
Con motivo de las sentencias del 14 de mayo, el Departamento de Justicia publicó un comunicado de prensa en el que el subdirector responsable del FBI, David Sundberg, afirmaba que la agencia y el sistema judicial «no tolerarán la obstrucción de los derechos civiles».
Con información de Stacy Robinson.
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