Una mujer de Vienna, Georgia, fue condenada a 12 años de prisión por participar en un esquema para estafar al Departamento de Trabajo de Georgia (GaDOL) decenas de millones de las prestaciones estatales destinadas a ayudar a los desempleados durante la pandemia de COVID-19.
Tyshion Nautese Hicks, de 32 años, y otros cómplices llevaron a cabo un esquema que dio lugar a «más de 5000 solicitudes fraudulentas de seguro de desempleo (UI) ante el GaDOL, lo que se tradujo en al menos 30 millones de dólares en prestaciones robadas», según informó el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) en un comunicado fechado el 25 de octubre.
Se trata de «uno de los mayores esquemas de fraude por COVID jamás procesados», declaró la Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri.
Para ejecutar el esquema, los estafadores «crearon empleadores ficticios y fabricaron listas de supuestos empleados utilizando información personal identificable de miles de víctimas de robos de identidad y presentaron solicitudes fraudulentas de seguro de desempleo en el sitio web del GaDOL».
La información personal se obtuvo por diversos medios, entre ellos pagando a un trabajador de una red sanitaria y hospitalaria de Atlanta para que obtuviera datos de pacientes de la base de datos del hospital. Los delincuentes también compraron información de identificación personal de fuentes en línea.
Utilizando la información, los estafadores pudieron conseguir fondos de la UI, que fueron desembolsados a través de tarjetas de débito prepagadas enviadas por correo a las direcciones de su elección. Hicks también pagó a un transportista local de USPS para que desviara ilegalmente correo que contenía tarjetas de débito cargadas con más de 512,000 dólares en ingresos fraudulentos del seguro de desempleo.
En febrero, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y otro de usurpación de identidad con agravantes. Siete de sus cómplices se declararon culpables previamente y otros ya fueron condenados.
«Hicks optó por cometer fraude, agotando aún más los limitados fondos destinados a ayudar a las personas que luchaban por sobrevivir durante la pandemia», declaró el agente especial Frederick Houston, de la oficina del Servicio Secreto de EE.UU. en Atlanta. «Ella y sus cómplices también robaron la información de identificación personal, preocupándose sólo por el enriquecimiento propio, no por las vidas adversamente afectadas… Seguiremos trabajando con nuestros socios policiales locales, estatales y federales para perseguir a quienes abusan de estos programas».
La sentencia de 12 años de Hicks incluye tres años de libertad vigilada. También deberá pagar una indemnización, cuyo importe se determinará más adelante.
La condena incluye una pena de tres años impuesta anteriormente a Hicks por otro delito de tenencia ilícita de una ametralladora.
El Congreso creó tres nuevos programas durante la pandemia de COVID-19 para garantizar que las personas que perdieron su empleo a causa de los cierres estuvieran cubiertas por las prestaciones de desempleo.
Estos programas combinados emitieron casi 655,000 millones de dólares en prestaciones, según pandemicoversight.gov, que supervisa programas y gastos relacionados con la pandemia por valor de más de 5000 millones de dólares.
«Aunque se desconoce la cantidad total de fraude, desde abril de 2021, 23 estados informaron de estimaciones que suman 60,400 millones de dólares», señala el sitio web.
Un informe de septiembre de 2023 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO, por sus siglas en inglés) estimó que el importe total del fraude en los programas de seguro de desempleo durante la pandemia se situó entre 100,000 y 135,000 millones de dólares, lo que supone entre el 11 y el 15 por ciento de las prestaciones del seguro de desempleo pagadas en este período.
La GAO indicó que, tras la creación de iniciativas temporales UI, por parte del Congreso, la «demanda sin precedentes de prestaciones y la necesidad de implementar rápidamente nuevos programas» aumentaron las posibilidades de fraude.
Posteriormente, la GAO añadió el seguro de desempleo a su «Lista de Alto Riesgo», que detalla los programas gubernamentales que son «vulnerables al despilfarro, fraude, abuso o mala gestión, o que necesitan una transformación».
En 2021, el Fiscal General Merrick Garland creó el Grupo Especial de Lucha contra el Fraude COVID-19 para utilizar los recursos del DOJ y de otros organismos para contrarrestar el fraude relacionado con la pandemia COVID-19. El grupo de trabajo también se centra en otros delitos relacionados con la ayuda para la pandemia COVID-19.
En abril, el Departamento de Justicia reveló que más de 3500 individuos fueron acusados de delitos federales por tratar de «explotar la respuesta del gobierno a la pandemia para su beneficio personal».
En 2021 se creó un Grupo de Trabajo Nacional contra el Fraude en el Seguro de Desempleo para perseguir a quienes se aprovechan de los programas de ayuda para pandemias.
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