Dos militantes conservadores que supuestamente realizaron llamadas ilegales para impedir que los votantes negros de Nueva York votaran por correo en 2020 fueron condenados a pagar un millón de dólares en concepto de indemnización. Esa cifra podría aumentar a 1,25 millones de dólares si la pareja no paga al menos 105,000 dólares a finales de diciembre.
Jacob Wohl y Jack Burkman fueron declarados responsables de llamadas telefónicas ilegales con mensajes falsos y amenazadores destinados a desalentar el voto. El juez de distrito Victor Marrero declaró que la pareja había infringido varias leyes federales y estatales de derechos civiles en su momento.
La pareja aceptó una sentencia de un millón de dólares para la Oficina del Fiscal General (OAG), la Coalición Nacional para la Participación Cívica de los Negros y a los demandantes individuales, anunció el martes la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Según el acuerdo, si los dos hombres no pagan al menos 105,000 dólares antes del 31 de diciembre y no subsanan la falta de pago en un plazo de 30 días, la cantidad aumentará a 1.25 millones de dólares.
«El derecho de voto es la piedra angular de nuestra democracia, y pertenece a todos. No permitiremos que nadie amenace ese derecho», afirmó la Sra. James en una declaración. «Wohl y Burkman orquestaron una campaña depravada y plagada de desinformación para intimidar a los votantes negros en un intento de inclinar las elecciones a favor de su candidato preferido. Ahora, pagarán hasta 1.25 millones de dólares a mi oficina, a la Coalición Nacional para la Participación Cívica de los Negros y a las personas que se vieron perjudicadas por su plan. Mi oficina siempre defenderá el derecho al voto».
El Sr. Burkman y el Sr. Wohl, que crearon una falsa organización de derechos civiles llamada Project 1599, se declararon culpables en octubre de 2022 de un delito grave de fraude en las telecomunicaciones cada uno a través de robocalls.
Las robollamadas del dúo, que llegaron a unos 5500 neoyorquinos durante el verano de 2020, afirmaban que aquellos que votaran por correo serían «rastreados por órdenes de arresto pendientes, deudas de tarjetas de crédito y vacunas obligatorias», dijo la oficina de la Sra. James en un comunicado de prensa.
«Hola, soy Tamika Taylor del Project 1599, la organización de derechos civiles fundada por Jack Burkman y Jacob Wohl», decía supuestamente un mensaje de robocall a los votantes, según el comunicado. «Votar por correo suena muy bien, pero ¿sabía usted que si vota por correo, su información personal formará parte de una base de datos pública que será utilizada por los departamentos de policía para rastrear viejas órdenes de arresto y será utilizada por las compañías de tarjetas de crédito para cobrar deudas pendientes? Los CDC incluso está presionando para utilizar los registros de voto por correo para rastrear a las personas para las vacunas obligatorias. No se dejen embaucar para dar su información privada al hombre, manténganse a salvo y tengan cuidado con el voto por correo».
En noviembre de 2022, los hombres recibieron sentencias de dos años de libertad condicional, seis meses de vigilancia eléctrica y 500 horas de servicio comunitario que debían cumplir en una campaña de registro de votantes.
Según el comunicado, uno de los neoyorquinos que recibió la llamada de robocall «sufrió ansiedad y angustia graves», lo que le llevó a retirar su registro de votante.
La Coalición Nacional para la Participación Cívica de los Negros (NCBCP) dijo que tuvo que redirigir recursos para hacer frente a las afirmaciones hechas en la llamada.
«Estos hombres participaron en una conspiración para suprimir los votos negros en las elecciones generales de 2020», dijo Melanie Campbell, presidenta y directora ejecutiva del NCBCP. «Ellos utilizaron tácticas de intimidación y miedo, intentando difundir desinformación perjudicial sobre el voto en un esfuerzo por silenciar las voces negras. Su conducta no puede tolerarse ni se tolerará. Este acuerdo sirve como indicador para aquellos que pretenden participar en tales esfuerzos. Sus acciones tendrán consecuencias. Ellos pagarán por el daño que causan a nuestra democracia».
El caso fue litigado por la OAG, junto con codemandantes de votantes que recibieron la robocall y el NCBCP. El Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law y el bufete de abogados Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP representaron a los demandantes.
Damon T. Hewitt, presidente y director ejecutivo del Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, indicó que el acuerdo debería enviar un «mensaje enfático» a cualquiera que pretenda impedir que la población negra vote.
«La supresión del voto y la intimidación de los votantes son ilegales, inmorales y antidemocráticas», afirmó el Sr. Hewitt. «Independientemente de que los autores sean actores gubernamentales o ciudadanos particulares, sus acciones tendrán consecuencias y tendrán que rendir cuentas con todo el peso de la ley. En un momento en que la intimidación orquestada de los votantes y las campañas de desinformación van en aumento, todos debemos permanecer vigilantes trabajando para garantizar que el acceso a las urnas sea justo, fácil y accesible».
A principios de este año, la FCC prohibió las llamadas automáticas que contuvieran voces de inteligencia artificial (IA), enviando un mensaje claro a los estafadores de que no se toleraría la explotación de esta tecnología.
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