El representante Mike Gallagher (R-Wis.) instó al presidente Joe Biden a tomar medidas para garantizar que las inversiones estadounidenses no se utilizarán para financiar los abusos a los derechos humanos y los desarrollos tecnológicos del Partido Comunista Chino (PCCh) que suponen un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
«Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha financiado la expansión militar del PCCh, sus ambiciones tecnológicas y sus violaciones a los derechos humanos, y ha permitido al PCCh un acceso ilimitado a nuestros mercados de capitales y al dinamismo y la eficiente asignación de capital que permiten», escribió Gallagher, quien preside el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino.
La carta del jueves (pdf) llega tras la noticia de que el presidente ya tiene un borrador de orden ejecutiva sobre nuevas restricciones a las inversiones tecnológicas estadounidenses en China, centradas en semiconductores, inteligencia artificial y computación cuántica. Bloomberg informó la semana pasada que el presidente podría firmar la orden a mediados de agosto.
El Sr. Gallagher elogió la orden ejecutiva y pidió que el Sr. Biden agregue «varios principios básicos» para reducir «los graves problemas de seguridad nacional a los que nos enfrentamos».
Empresas estadounidenses invierten dinero en China
Según un informe de mayo publicado por el American Enterprise Institute, los estadounidenses invirtieron USD 1.18 billones en acciones chinas en 2021.
«Muchas personas inteligentes y bienintencionadas afirman que Estados Unidos está en una seria competencia con China. Se equivocan. Ningún país en seria competencia con otro le envía casi USD 800,000 millones en cuatro años. Esto es lo que hizo Estados Unidos entre 2017 y 2020», dice el informe.
El Sr. Gallagher también se refirió a las investigaciones del comité que encontraron que BlackRock y MSCI han dirigido fondos a más de 60 entidades chinas incluidas en la lista negra. El comité descubrió que en cinco de los fondos de BlackRock, se invirtieron USD 429 millones en empresas chinas señaladas, y casi el 5 por ciento del índice MSCI China A se dirigió a empresas chinas incluidas en la lista negra, lo que representa solo la punta del iceberg. Ambas empresas gestionan unos USD 22 billones en activos.
La comisión está dispuesta a investigar si esas inversiones dieron lugar a la utilización de dólares estadounidenses para financiar el ejército del PCCh o abusos contra los derechos humanos.
«Como usted sabe, algunas inversiones estadounidenses que fluyen hacia la RPC [República Popular China] plantean un riesgo significativo para la seguridad nacional, exponen a los estadounidenses a riesgos financieros materiales y sistémicos, y los hacen cómplices —con frecuencia involuntariamente— de abusos contra los derechos humanos», escribió Gallagher en su carta.
Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo para prevenir esto, y Estados Unidos carece de datos sobre la cantidad exacta de dinero que va hacia China.
«A pesar de estos riesgos evidentes y de los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional derivadas de la inversión extranjera entrante, no existe ningún mecanismo para que el gobierno de EE.UU. exija la divulgación de, y mucho menos restrinja, los flujos de capital saliente hacia estas empresas extranjeras adversarias», escribió.
«Mientras el Congreso debate enfoques contrapuestos —incluyendo el llamado ‘CFIUS saliente (Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos)’ y la imposición de sanciones agresivas contra empresas militares conocidas de la RPC— le insto a dar los primeros pasos significativos hacia unas normas de inversiones salientes eficaces y equilibradas en el ínterin».
Recomendaciones
El Sr. Gallagher describió varias recomendaciones que podrían abordarse a través de la orden ejecutiva.
En primer lugar, la orden debe incluir la financiación privada (capital riesgo, capital privado) y las inversiones públicas (la mayoría). En segundo lugar, deben restringirse los sectores relacionados con la tecnología que apoyan los trabajos forzados y el genocidio del PCCh.
«Esto podría comenzar con cinco o seis sectores prioritarios de las tecnologías críticas y emergentes identificadas por su Oficina de Política Científica y Tecnológica», escribió. «Estas normas deberían garantizar que el dinero estadounidense no apoye la actual expansión del Ejército Popular de Liberación (EPL), ni facilite los abusos a los derechos humanos o el sistema de vigilancia tecno-totalitario del PCCh, ni aumente nuestra dependencia de la RPC en las cadenas de suministro esenciales».
Además, recomendó reglas de inversión para «salvaguardar los derechos de los accionistas», obligando a las empresas chinas a cumplir con los mismos estándares de diligencia debida que las empresas nacionales, «incluso abordando los riesgos evidentes que plantean las estructuras de entidades de interés variable».
El Sr. Gallagher dijo que, en la medida de lo posible, las restricciones no deberían operar sobre una base de selección caso por caso que sería «difícil de manejar, poco práctica e innecesariamente onerosa para el sector privado estadounidense».
Agregó que Estados Unidos debería tomar la iniciativa en la creación de tales reglas de inversión para que los aliados las sigan.
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