El congresista republicano, Ken Buck, exigió el 8 de marzo, respuestas al secretario de Estado, Antony Blinken, sobre la entrega de fondos estadounidenses a una organización que está recomendado censurar a los medios conservadores por considerar que difunden desinformación.
Un artículo publicado el mes pasado en la sección de opinión de The Washington Examiner informó sobre la organización Global Disinformation Index (GDI), con sede en el Reino Unido, que recibió cientos de miles en fondos de los contribuyentes estadounidenses procedentes del Global Engagement Center y el National Endowment for Democracy, respaldados por el Departamento de Estado.
«El GDI ha utilizado esta financiación para crear una lista de organizaciones de noticias para que los anunciantes y los intereses comerciales se abstengan de hacer negocios con ellos, en un intento de limitar la participación de estas organizaciones en el mercado de las ideas», escribió Buck en una carta dirigida a Blinken. «Informes recientes sugieren que GDI incluyó a varias destacadas organizaciones de noticias de derechas en su ‘lista negra’, que fue enviada a las empresas de publicidad de todo el mundo».
Entre las organizaciones de noticias que GDI habría pedido a los anunciantes que rompieran lazos con ellos, en nombre de la desinformación, figuran The American Conservative, The American Spectator, The Blaze, The Daily Wire, The Federalist, Newsmax, The New York Post, One America News, RealClearPolitics y Reason.
«Los informes sobre la entrega de fondos de los contribuyentes para la censura son preocupantes, pero, por desgracia, ya no son aislados», dijo Buck.
«Según las recientes revelaciones de la serie de investigación de Archivos de Twitter, las pruebas sugieren que [Global Engagement Center] GEC, contrató al Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) del Atlantic Council para que le proporcionara experiencia en la lucha contra la desinformación en línea, pero en su lugar recibió listas de estadounidenses comunes para silenciarlos en Twitter», agregó el congresista. «Estas listas de ciudadanos estadounidenses marcados para la censura no se parecían en nada a los bots extranjeros pagados que DFRlab prometió exponer».
Buck sugirió que este esfuerzo de desinformación respaldado por el Departamento de Estado es opuesto a la Constitución de Estados Unidos.
«Pagar a entidades extranjeras (y nacionales) para llevar a cabo lo que es esencialmente censura es preocupante en dos frentes: malgasta los fondos de los contribuyentes y socava las protecciones constitucionales para la libertad de expresión», escribió a continuación.
Buck pidió al Departamento de Estado que detenga «toda financiación actual y futura por parte de los contribuyentes de la GDI y todos los demás esfuerzos del Departamento de Estado para financiar la «investigación de desinformación» que silencia a los ciudadanos estadounidenses».
También preguntó por el número de entidades que el departamento está «financiando actualmente y que implican los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses», «la cantidad total de fondos de los contribuyentes que se han enviado a organizaciones de terceros que implican los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses», y si Foggy Bottom «buscó o recibió información sobre la metodología que el GDI y DFRLab utilizaron para determinar qué organizaciones e individuos incluir en sus listas».
El Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre la carta de Buck, diciendo que «no comenta las comunicaciones con el Congreso».
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