Más de 191,000 millones de dólares se malgastaron debido al fraude y la mala gestión de los programas de Ayuda al Seguro de Desempleo por Pandemia en la respuesta del gobierno federal al coronavirus, según los investigadores del Congreso.
Republicanos y demócratas del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes coincidieron en que los programas estuvieron plagados de costosos problemas, aunque siguieron discrepando sobre lo que se necesita para evitar que se repitan.
El representante James Comer (R-Ky.) es el presidente del Comité de Supervisión, mientras que el representante Jamie Raskin (D-Md.) es el miembro de mayor rango del panel.
Los programas de seguro de desempleo crearon «una cantidad de fraude y pagos indebidos sin precedentes», y «es posible que nunca se conozca del todo el alcance de este fraude y el dinero perdido», según un informe del 10 de septiembre elaborado por los investigadores republicanos del Comité de Supervisión.
El informe cita una investigación del Inspector General del Departamento de Trabajo según la cual «al menos 191,000 millones de dólares en pagos del seguro de desempleo por la pandemia podrían haberse abonado indebidamente, y una parte significativa podría atribuirse al fraude».
El informe del Comité de Supervisión señala que las recuperaciones declaradas de pagos indebidos ascienden a 6800 millones de dólares.
El informe se centra principalmente en tres programas de seguro de desempleo lanzados como medidas temporales por el presidente Donald Trump y luego continuados y ampliados por el presidente Joe Biden: la Compensación Federal por Desempleo por Pandemia, la Compensación de Emergencia al Desempleo por Pandemia y la Asistencia al Desempleo por Pandemia.
Al igual que con los programas de desempleo convencionales, el Congreso creó los tres programas de seguro de desempleo por pandemia para ser administrados por funcionarios estatales, con fondos federales. Sin embargo, debido a la pandemia, los fondos se proporcionaron haciendo hincapié en hacer llegar el dinero a los beneficiarios lo antes posible.
Según el informe del Comité de Supervisión, el despilfarro y el fraude masivo se debieron a que los funcionarios federales no supervisaron las actuaciones estatales para garantizar que los fondos se gastaran correctamente. Con frecuencia, no se exigía a los beneficiarios que presentaran pruebas de identidad, verificación de su derecho a la ayuda o pruebas de que buscaban empleo.
Tres estados fueron señalados en el informe: California, Nueva York y Pensilvania.
El hecho de que California no comprobara la elegibilidad «dio lugar a que muchos malos actores, como la delincuencia organizada internacional y delincuentes individuales, sacaran provecho mientras los solicitantes elegibles no podían obtener sus prestaciones», dice el informe.
«La información inicial sobre la cantidad de fraude [al seguro de desempleo] que se cometía en California eran tan extremos que algunos expertos del sector se preguntaban si los piratas informáticos habían tomado el control» del programa estatal.
Según el documento, los funcionarios de California tardaron meses en atender las advertencias federales para reforzar los procedimientos de verificación de elegibilidad, y no lo hicieron de forma coherente.
«Pensilvania no utilizó bases de datos o sistemas conocidos para cotejar las solicitudes en busca de posibles fraudes».
Esto llevó a que se enviaran múltiples cheques de prestaciones a la misma dirección, a que se enviaran cheques a solicitantes que cumplían condena en prisión y a que se enviaran múltiples cheques a solicitantes que utilizaban números de la Seguridad Social e identificaciones gubernamentales obtenidos fraudulentamente», según el informe.
Los funcionarios de Nueva York hicieron caso omiso en repetidas ocasiones de las advertencias federales sobre las crecientes pruebas de fraude e «incumplieron reiteradamente los criterios de referencia solicitados por el Departamento de Trabajo (…) Al carecer de urgencia, [los funcionarios de Nueva York] siguieron incumpliendo los plazos, tanto fijados por el Estado como por el Departamento de Trabajo, sin motivo aparente y sin explicación alguna».
Gran parte del trabajo de preparación del informe del Comité de Supervisión fue realizado por investigadores que trabajaban para el representante Pete Sessions (R-Texas), presidente del Subcomité de Operaciones Gubernamentales y la Mano de Obra Federal del panel.
«Le debemos al pueblo estadounidense identificar cómo casi 200,000 millones de dólares, según las estimaciones de los informes de organismos de control, agencias y medios de comunicación, fueron robados a los contribuyentes estadounidenses», dijo el Sr. Sessions en un comunicado.
Los demócratas del comité, liderados por Raskin, criticaron el informe del Comité de Supervisión por ser innecesariamente «partidista» y no reconocer que múltiples estudios en años anteriores documentaron amplios problemas de despilfarro y fraude en los programas de seguro de desempleo bajo el liderazgo de ambos partidos políticos.
«Sabemos desde hace años que todos los niveles de gobierno tienen que mejorar en el seguimiento de si los dólares federales gastados en la protección de los cheques de pago o sacar a los niños de la pobreza van a los que el Congreso pretende», dijo Raskin en una declaración.
«No necesitamos ataques partidistas que mancillen a los Estados azules o a los rojos recauchutando caminos supervisados desgastados cuando tenemos las soluciones justo delante de nosotros. Tenemos que hacer las inversiones necesarias para prevenir el fraude antes de que se produzca, perseguirlo cuando se produzca y basarnos en lo que funciona», dijo Raskin.
El demócrata de Maryland también señaló que el Subcomité Selecto sobre la Crisis del Coronavirus, dirigido por el representante Jim Clyburn (D-S.C.), había documentado ampliamente los problemas en los programas de seguro de desempleo.
«La administración Trump instruyó explícitamente a las agencias federales a ignorar los requisitos de presentación de informes ordenados por el Congreso en la Ley CARES», dijo Raskin.
El representante Raskin señaló la legislación que presentó anteriormente en el Congreso, H.R. 8009, la Ley de Gasto Gubernamental Excesivo de 2024, que «replicaría el exitoso trabajo del Comité de Responsabilidad de Respuesta por Pandemia mediante la creación de su sucesor, el Comité de Supervisión del Gasto Gubernamental, dentro del consejo interinstitucional de IGs [Inspectores Generales]».
El comité «utilizaría análisis de datos y compartiría personal con los IG, proporcionando herramientas adicionales, conocimientos y habilidades necesarias para combatir mejor los pagos indebidos y el fraude», dijo Raskin.
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