Los miembros del Congreso que estuvieron presionando infructuosamente durante meses a los funcionarios federales sobre las condiciones y el trato de cientos de detenidos tras los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, llevarán su caso al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el martes.
También quieren saber por qué las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley fueron advertidas semanas antes de los disturbios, pero a los miembros del Congreso no se les informó, y desde entonces se ha acumulado evidencia de que la Policía del Capitolio no fue debidamente informada o preparada por sus líderes.
Los representantes Matt Gaetz (R-Fla.), Louie Gohmert (R-Texas), Paul Gosar (R-Ariz.) y Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) dijeron el lunes que se reunirán en el DOJ a la 1 p.m. para hacer público las demandas que hicieron en una carta la semana pasada al Fiscal General Merrick Garland.
En su carta a Garland el 24 de julio, los cuatro congresistas «solicitaron una reunión para discutir las preguntas sin respuesta relacionadas con el trato de los prisioneros del 6 de enero».
Ellos no han recibido respuesta del Fiscal General. Con el mismo silencio se manejaron sus reiteradas preguntas y solicitudes sobre dicha situación por varios meses, según Gohmert. Los críticos fuera del Congreso han expresado preocupaciones similares.
“Debido a los informes de violaciones de los derechos civiles contra ciudadanos estadounidenses, durante las investigaciones, los enjuiciamientos e incluso las condiciones en el Centro de Detención Central de D.C., donde algunos están detenidos, los miembros del Congreso han estado pidiendo respuestas durante meses, solo para ser ignorados por [el DOJ] , eñ liderazgo de la Policía del Capitolio y la Oficina de Prisiones de Estados Unidos”, dijo Gohmert en un comunicado publicado el lunes por la noche.
“Esto debería sorprender a todos los estadounidenses. Uno esperaría ver abusos de prisioneros políticos en países tiránicos del tercer mundo, no en Estados Unidos. Pero no sabemos cuáles de estas afirmaciones son ciertas porque esta administración se niega a responder preguntas básicas y rendir cuentas por lo que parecen ser sus acciones vengativas”, dijo el congresista republicano de Texas.
“Hemos solicitado una reunión con el Fiscal General ya que nuestra solicitud anterior para evaluar las condiciones en la cárcel de D.C. ha sido ignorada. Todos en este país deberían preocuparse cuando asuntos tan serios como estos se politizan hasta el punto en que se ignora el estado de derecho y la rendición de cuentas”, dijo.
“Independientemente de quién sea usted en este país, tiene derecho a un juicio justo y el derecho a ver las pruebas en su contra, incluidas todas las pruebas potencialmente exculpatorias o exonerantes. Ni siquiera se debe ofrecer un acuerdo de culpabilidad hasta que se cumplan estos requisitos”, agregó Gohmert.
La referencia de Gohmert a los acuerdos de declaración de culpabilidad es producto del hecho de que el Departamento de Justicia tiene más de 14,000 horas de video sin procesar grabadas desde múltiples puntos dentro y fuera del Capitolio de los EE. UU. durante el 6 de enero, cuando cientos de manifestantes ingresaron al edificio.
“Varios acusados ya han llegado a acuerdos de declaración de culpabilidad, pero no parece que ni ellos ni sus abogados hayan tenido acceso a esta prueba potencialmente exculpatoria”, dijeron los cuatro congresistas a Garland en su carta del 24 de julio.
“Todo ciudadano estadounidense tiene el derecho constitucional a todas las pruebas antes de tomar la decisión de ir a juicio, declararse inocente o declararse culpable. En nuestra capacidad de supervisión sobre el Departamento de Justicia, hemos pedido información varias veces solo para que se ignoren nuestras consultas”, escribieron.
El gobierno arrestó a más de 500 personas en relación con la irrupción del Capitolio que se desarrolló luego de los comentarios del presidente Donald Trump a miles de manifestantes preocupados de que las elecciones presidenciales de 2020 involucraran un fraude electoral sustancial.
Luego de que Trump alentó a los manifestantes a hacer oír su voz de manera pacífica en el Congreso, cientos de ellos ingresaron al edificio del Capitolio, incluso a los pisos de las cámaras del Senado y la Cámara de Representantes.
Solo una víctima estuvo relacionada con la irrupción al Capitolio, la de Ashli Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea que recibió un disparo de un oficial de policía del Capitolio aún no identificado mientras trepaba por el marco de una ventana rota.
Los cuatro congresistas dijeron a Garland que también “les preocupan los informes sobre las condiciones de la prisión donde se encuentran estos detenidos y si, de hecho, ha habido casos de abuso infligido por otros presos o guardias.
«También tenemos preguntas sobre si algunos han sido o están siendo encarcelados en régimen de aislamiento con el propósito de castigarlos o como un medio de castigo cruel e inusual».
Los cuatro congresistas le dijeron a Garland que quieren saber por qué no fueron informados antes del 6 de enero de las amenazas a los miembros del Congreso que estaban programados para reunirse ese día para confirmar los resultados del Colegio Electoral a partir de noviembre de 2020.
“También nos gustaría discutir por qué no se nos advirtió que ‘extremistas armados estaban planeando un caos’ el 6 de enero. [Yogananda, la jefa interina de la policía del Capitolio] Pittman testificó el 25 de febrero de este año que su oficina fue notificada de antemano que ‘extremistas armados’ tenían como objetivo la manifestación pacífica y, potencialmente, apuntando a nosotros como miembros del Congreso. Sin embargo, no recibimos ninguna notificación de esta amenaza”, le dijeron a Garland.
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