Dos congresistas republicanos han demandado a las ciudades californianas de Anaheim y Riverside por conspirar supuestamente para reprimir y clausurar sus mítines políticos, vulnerando sus derechos constitucionales a la libertad de expresión.
Los representantes Matt Gaetz (R-Fla.) y Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) —ambos fervientes partidarios del expresidente Donald Trump— presentaron la demanda (pdf) ante un tribunal federal el 13 de julio. Afirman que funcionarios municipales de Anaheim y Riverside, así como varios grupos, entre ellos el Partido Demócrata del Condado de Riverside, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), la Cámara de Comercio Hispana de Riverside, Women’s March Action, Antiracist Riverside y Occupy Democrats, conspiraron «mediante la fuerza, la intimidación o la amenaza» para presionar a los funcionarios municipales de Riverside y Anaheim y al propietario y gerente del Grand Theater para que cancelaran los mítines.
Además, la demanda alega que estos grupos conspiraron para impedir que los posibles asistentes a los mítines dieran legalmente su apoyo y defensa al dúo republicano y conspiraron para violar sus derechos de la Primera y la Decimocuarta Enmienda, así como los de sus seguidores en 2021, cuando recorrieron el sur de California para hablar en los mítines «Put America First».
Según la demanda, los grupos actuaron presuntamente con «malicia, opresión e indiferencia gratuita hacia la ley al participar en la discriminación de puntos de vista políticos y en la conspiración».
La rama californiana de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, con sede en Salinas (California), que se autodenomina la mayor y más antigua organización hispana de Estados Unidos, amenazó presuntamente con represalias económicas y con boicotear el Centro de Convenciones de Riverside a escala estatal y nacional si los funcionarios del gobierno se negaban a suspender una concentración programada, según la demanda.
«La NAACP animó a la gente a reservar fraudulentamente varias entradas para el mitin y luego no asistir… para privar a otros de la oportunidad de asistir», afirma la demanda.
Janice Rooths, de Antiracist Riverside, instó entonces a «amigos y aliados» a que siguieran la sugerencia de la NAACP y se la transmitió a la concejala de Riverside, Gaby Plascentia, quien agradeció a la Sra. Rooths su defensa para conseguir que se cancelara el acto, según la demanda.
Los funcionarios municipales tanto de Riverside como de Anaheim indicaron que las concentraciones se habían cancelado debido a las opiniones políticas de los oradores, una «clara violación de la ley bien establecida» relativa a la libertad de expresión y la libertad de asociación garantizadas por la Constitución estadounidense, alega la demanda.
Paul Pitchford, funcionario de información pública de la ciudad de Riverside, dijo en un correo electrónico a The Epoch Times que «la ciudad no hace comentarios sobre litigios pendientes».
Raincross Hospitality Management Corp, actuando como agente de la ciudad de Riverside, y el propietario de The Grand Theater, un local de banquetes que actúa a instancias de la ciudad de Anaheim, conspiraron presuntamente para cancelar los mítines políticos en sus respectivos locales debido a la presión de grupos opuestos a las opiniones políticas del Sr. Gaetz y la Sra. Greene, afirma la demanda.
El Grand Theater canceló el acto después de que Oscar Ochoa, funcionario encargado de la aplicación del código de la ciudad de Anaheim, amenazara supuestamente al propietario del local con que su permiso de uso condicional estaría «en peligro» si no cancelaba el acto, alega la demanda.
Alega además que el concejal de Anaheim Jose Moreno elogió al Sr. Ochoa por «comunicarse con el propietario» de The Grand Theater y ayudar al local a «evitar una pesadilla».
«Celebramos una protesta pacífica contra el comunismo. Esta gente ha intentado cancelar nuestros lugares, pero nunca podrán cancelar nuestro patriotismo ni nuestro espíritu estadounidense», dijo el Sr. Gaetz en un video ante el Ayuntamiento de Riverside el 17 de julio de 2021.
Mike Lyster, jefe de comunicaciones de la ciudad de Anaheim que figura en la demanda, no respondió a las solicitudes de comentarios.
La demanda alega que el Sr. Lyster confirmó en una publicación en Twitter el 17 de julio de 2021 que los funcionarios de Anaheim presionaron para que se cancelara el acto debido a los puntos de vista del Sr. Gaetz y la Sra. Greene.
«Como ciudad, respetamos la libertad de expresión, pero también tenemos el deber de denunciar los discursos que no reflejan nuestra ciudad y sus valores», escribió el Sr. Lyster en la página oficial de Twitter de la ciudad.
John Eastman, abogado principal de los demandantes, declaró a The Epoch Times que la libertad de expresión para aquellos con los que uno está de acuerdo pero no con otros «no es libertad de expresión».
El caso pone de relieve una pauta de cultura de la cancelación que se está dando en todo el país y es importante para establecer la culpabilidad cuando las personas y las organizaciones intentan acallar la expresión de sus oponentes políticos, dijo el Sr. Eastman.
«Hay un esfuerzo concertado en todo el país para impedir que los conservadores hablen, y esta demanda es un importante retroceso contra ello», dijo a The Epoch Times. «No nos limitamos a nombrar a los funcionarios del gobierno, sino que nombramos a organizaciones privadas que conspiraron entre sí y con el gobierno para impedir el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda y prohibir a la gente prestar apoyo a candidatos a cargos federales. Eso es una violación de la Ley del Ku Klux Klan de la época de la Guerra Civil».
Se planeó otro mitin en un lugar privado de Laguna Beach, California, pero el contrato fue cancelado por los propietarios del local, que no fueron demandados porque no había pruebas aparentes de la implicación del gobierno, dijo.
«Pero cuando el inspector del código de la ciudad [de Anaheim] amenazó con revocar su permiso de uso condicional si no cancelaban el evento, eso lo convirtió en una acción gubernamental», dijo el Sr. Eastman.
El mes pasado, el Colegio de Abogados de California abrió una causa contra el Sr. Eastman —exdecano de Derecho de la Universidad Chapman que representó al Sr. Trump tras las elecciones de 2020, en medio de rumores generalizados de fraude electoral— para revocar potencialmente su licencia de abogado, argumentando que difundió falsas acusaciones de fraude electoral para anular los resultados de las elecciones.
El caso está pendiente en los tribunales, y el Sr. Eastman no espera una sentencia hasta otoño.
En una entrevista concedida en febrero a Larry Elder, locutor de radio sindicado, dijo que los abogados conservadores también han sido objeto de ataques.
«Se trata de un pirateo político atroz por parte de organizaciones cuya misión declarada es impedir que los abogados conservadores representen a clientes conservadores, para que nunca más se produzcan impugnaciones electorales desde ese lado del pasillo político», declaró en la entrevista.
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