Dos legisladores republicanos de la Cámara de Representantes iniciaron una investigación el 5 de diciembre, alegando una colusión entre Fani Willis, fiscal de Georgia que presentó una imputación penal contra el expresidente Donald Trump, y el comité del Congreso que investigó la irrupción del Capitolio el 6 de enero de 2021.
El representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, anunció en un comunicado de prensa el martes que él y el representante Barry Loudermilk (R-Ga.) se enteraron «recientemente» de que la oficina de la Sra. Willis «coordinó sus acciones de investigación» con el Comité Selecto del 6 de enero de la Cámara de Representantes, lo que los llevó a iniciar una investigación sobre la investigación criminal de la Sra. Willis sobre el presidente Trump que, según los legisladores, tiene motivaciones políticas.
Lo que estaba en cuestión era una carta del 17 de diciembre de 2021 que la Sra. Willis envió al representante Bennie Thompson (D-Miss.), quien era el presidente del Comité del 6 de enero, en la que la Sra. Willis solicitaba acceso a los registros del Congreso relevantes para su investigación penal del expresidente, escribieron los legisladores en el comunicado de prensa.
«Como sabrá, yo estoy llevando a cabo una investigación criminal sobre posibles intentos de interferir ilegalmente con la administración de las elecciones generales de 2020 en Georgia», se lee en la carta de 2021, escrita por la Sra. Willis y dirigida al Sr. Thompson. «A través de los artículos de prensa, somos conscientes de que su comité ha entrevistado a testigos relevantes para nuestra investigación. Entendemos por los mismos artículos que los investigadores de su comité pueden haber recopilado registros relevantes para nuestra investigación”.
Al afirmar que su oficina estaba preocupada por esta apariencia de colusión, el Sr. Jordan envió el lunes una carta a la Sra. Willis para exigir las comunicaciones entre su oficina y el Comité del 6 de enero, y los documentos relacionados con la irrupción del Capitolio del 6 de enero de 2021 que los dos órganos de investigación habían intercambiado.
“El partidista Comité Selecto del 6 de enero tenía un historial preocupante de abusos procesales y violaciones del debido proceso. Solo solicitó evidencia de un grupo selecto de individuos relevantes, ignoró la evidencia exculpatoria y no persiguió a los testigos con evidencia, lo que no avanzaría en su narrativa partidista”, se lee en la carta del 5 de diciembre, firmada por el Sr. Jordan y dirigida a la Sra. Willis.
El hecho de que la oficina de la Sra. Willis parezca estar coordinando con el Comité «partidista» del 6 de enero, escribió el legislador, «plantea dudas sobre el compromiso de Willis y Thompson con el debido proceso y si han cumplido con sus obligaciones de revelar adecuadamente este material».
El representante Loudermilk envió otra carta el mismo día, dirigida al Sr. Thompson, pidiéndole un material similar, y alegando que el Sr. Thompson podría haber violado las reglas de la Cámara al no preservar “documentos relevantes para asuntos oficiales” de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
La oficina de la Sra. Willis no respondió a una consulta de prensa de The Epoch Times al momento de esta publicación.
El anuncio del representante Jordan coincide con la preocupación planteada por algunos congresistas republicanos de que el sesgo político eclipsa los cuatro procesos penales contra el presidente Trump. Eso incluye la acusación penal de la Sra. Willis contra el presidente Trump y otras 18 personas, en la que ella alegó que conspiraron para anular las elecciones de 2020, violando la Ley estatal de “Organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado” (ley RICO), entre otros cargos, los que incluyen hacer declaraciones falsas y solicitud criminal de funcionarios estatales.
El presidente Trump ha negado haber actuado mal en el caso y ha alegado que la Sra. Willis, una demócrata electa, tiene motivos políticos para atacarlo.
La indagación de los legisladores, iniciada este lunes, se produce tres meses después de que el Sr. Jordan comenzara otra indagación, que también cuestionó si la investigación de la Sra. Willis, sobre el 45º presidente, tenía motivaciones políticas, y buscó la coordinación de pruebas entre las oficinas de la Sra. Willis y el fiscal especial Jack Smith, quien encabeza dos acusaciones penales federales contra el presidente Trump. En la carta del lunes, el legislador escribió que Willis no entregó los materiales solicitados.
Presunta mala conducta fiscal
La indagación iniciada este lunes no es la primera vez en que la conducta profesional de la Sra. Willis se pone bajo el escrutinio.
En el expediente judicial de julio, cuando se pretendía anular la investigación, los abogados del expresidente Trump recordaron cómo la Sra. Willis había aparecido en los medios nacionales hablando sobre el caso contra Trump, pareciendo obtener un beneficio personal de la publicidad asociada con el caso. Ellos argumentaron que la Sra. Willis debía ser descalificada del caso.
«Las entrevistas con los medios [de la fiscal de distrito del condado de Fulton] violan los estándares procesales y constituyen una mala conducta forense, y su actividad en las redes sociales crea la apariencia de irregularidad, lo que agrava la necesidad de descalificación», escribió Drew Findling, exabogado del Sr. Trump, en una presentación del 20 de marzo (pdf), señalando que la Sra. Willis habló con la prensa casi 40 veces.
El Sr. Findling también argumentó que la oficina de la Sra. Willis debe ser descalificada para continuar con el caso debido a un conflicto de intereses, citando sus posteos en las redes sociales, que según el abogado refuerzan su perfil como candidata política.
Una de esas publicaciones en las redes sociales, según el documento, incluye una caricatura publicada en la cuenta de Twitter sobre la campaña de la Sra. Willis, que muestra a la fiscal de distrito sacando de un pantano a un testigo que había citado, el senador Lindsay Graham (R-S.C.), con el presidente Trump diciendo: «Sé que harás lo correcto, Lindsey».
Esa caricatura, señaló el Sr. Findling, era parte de una campaña política que estuvo presente a lo largo de la investigación de la Sra. Willis en Georgia, una en la que la Sra. Willis tenía «participación e interés personal», creando un «conflicto descalificador».
«[La fiscal de distrito del condado de Fulton] promovió su propia campaña apoyándose en el apoyo partidista para esta investigación [del gran jurado con fines especiales]. En un par de días, la cuenta de Twitter [de la fiscal de distrito del condado de Fulton] aumentó en aproximadamente 100,000 seguidores, y las solicitudes de donaciones para la campaña fueron retuiteadas miles de veces», se lee en el documento, en referencia al supuesto efecto de la campaña publicitaria de la Sra. Willis. «En al menos tres ocasiones, [la fiscal de distrito del condado de Fulton] se insertó personalmente en esta campaña de Twitter para ‘seguidores, tweets y donaciones’, en que hacía referencia específica a esta investigación».
La presentación judicial también señala que la Sra. Willis estaba organizando una recaudación de fondos para Charlie Bailey, entonces candidato a la nominación demócrata a vicegobernador, quien se presentaría contra un testigo del caso, que la Sra. Willis propuso convocar, el senador estatal Burt Jones, quien era entonces la nominación republicana.
El juez McBurney, que supervisó la investigación especial de un año del gran jurado, que recomendó la imputación contra el presidente Trump, reprendió a la Sra. Willis e indicó que su conducta relacionada con la recaudación de fondos podría ser “problemática”.
“Usando el título de su cargo y teniendo que en las redes sociales, usted como titular de este cargo político, está realizando una recaudación de fondos para el oponente de alguien que este cargo político está investigando, no sé si es un conflicto real, pero yo uso esta frase: ‘¿En qué estaba pensando usted?’”, dijo el juez McBurney sobre el incidente en una audiencia en julio.
«La óptica es horrible», añadió el juez.
El juez Robert McBurney rechazó en julio una moción de marzo para anular la investigación por falta de legitimación activa.
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