Un grupo de 12 legisladores federales del GOP instó a la Corte Suprema esta semana a considerar el desafío de los republicanos del estado de Pensilvania a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que aumenta la participación del gobierno en el registro de votantes y el proceso de movilización de votantes.
Debido a que los programas descritos en la orden ejecutiva ponen recursos federales detrás de la iniciativa dirigida por el gobierno para registrar a los votantes, los críticos apodaron estos programas como «Bidenbucks», un juego de palabras con «Zuckerbucks», que se refiere a la controvertida aportación del cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, de 400 millones de dólares en 2020 a los programas electorales estatales.
La iniciativa ordenada por Biden pide a todas las agencias federales, incluido el sistema penitenciario, que ayuden a aumentar el registro y la participación de los votantes, así como a promover el voto por correo, donde los críticos dicen que es poco probable que demócratas y republicanos se beneficien por igual.
Los legisladores estatales presentaron previamente una petición de certiorari, o revisión, antes de la sentencia, en el caso Keefer vs. Biden. La Corte rara vez concede las peticiones antes de la sentencia. Una apelación de una sentencia desfavorable de una corte federal de distrito está actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 3er Circuito. Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor de una petición para que esta pase a la fase de alegatos orales ante la Corte Suprema.
La peticionaria principal es la representante del estado de Pensilvania, Dawn Keefer (R). En el caso, 27 legisladores estatales de Pensilvania impugnaron la Orden Ejecutiva 14019 del presidente Biden, del 7 de marzo de 2021, que exige a todas las agencias federales que ayuden a aumentar el registro y la participación de los votantes. Todos los organismos federales deben presentar un plan de inscripción y participación electoral a Susan Rice, asesora del presidente en política interior.
Los legisladores estatales argumentan que la orden es inconstitucional y que las campañas de inscripción de votantes no son una función legítima del gobierno. También impugnaron una orden ejecutiva emitida por el exgobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, sobre el registro de votantes.
Los legisladores argumentaron en su demanda que las acciones ejecutivas violan sus derechos bajo la Constitución de EE. UU. usurpando su poder para prescribir los tiempos, lugares y forma de celebración de las elecciones.
La jueza Jennifer P. Wilson, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania, desestimó la demanda el 26 de marzo, al considerar que los legisladores estatales individuales carecían de legitimación. La jueza Wilson fue nombrada por el presidente Donald Trump en 2019.
Los legisladores individuales «no tenían legitimación para presentar un desafío a una acción que supuestamente perjudicaba a la legislatura en su conjunto», escribió la jueza.
Ellos «alegaron solo una lesión institucional resultante de “una pérdida general de poder legislativo”», continuó la jueza.
«Una alegación vaga y generalizada de que las elecciones, en general, se verán socavadas, no es el tipo de caso o controversia sobre el que esta corte pueda pronunciarse en virtud del Artículo III [de la Constitución de EE.UU.]».
El 18 de abril, los legisladores presentaron una notificación ante la corte de distrito diciendo que apelaban el fallo ante el 3er Circuito.
Ellos dijeron a la Corte Suprema que querían una consideración acelerada de la cuestión de la legitimación para que, si prevalecen, «posiblemente puedan obtener una medida cautelar en la corte de distrito mucho antes de las elecciones de noviembre de 2024».
Sin embargo, el caso no se tramitará por la vía rápida, dictaminó la Corte. El 29 de abril, los legisladores presentaron una moción solicitando a la Corte Suprema que acelerara la consideración de la petición. Los jueces denegaron la moción en una orden sin firma el 20 de mayo sin hacer comentarios. Ningún magistrado disintió.
Orden ejecutiva 14019
En la petición, la Sra. Keefer y sus colegas afirman que la Orden Ejecutiva 14019 ordena a los organismos federales para que utilicen fondos y recursos públicos en campañas de registro de votantes y actividades de captación de votantes a pesar de la falta de asignaciones aprobadas por el Congreso para tales actividades, como exige la ley federal.
La orden también obliga a los organismos federales a utilizar recursos públicos para trabajar con determinadas organizaciones no gubernamentales elegidas por el gobierno de Biden y cuyos nombres y funciones no se han hecho públicos.
Es un problema que el presidente Biden, que también es candidato en las elecciones de 2024, «se beneficie personalmente de la acción ejecutiva», afirma la petición.
La implementación de la orden ejecutiva es «una usurpación de la ley del estado de Pensilvania» y «anula los efectos legales previstos» de una ley estatal, «privando a los legisladores estatales individuales de los efectos legales previstos de su voto exitoso[]».
Se trata de «un perjuicio jurídicamente reconocible en virtud del artículo III (…) porque los votos personales de los legisladores estatales fueron anulados», según la petición.
Encabezado por el representante republicano Dan Meuser, un bloque de funcionarios federales presentó el 28 de mayo un escrito de apoyo ante la Corte Suprema en el que insta a la corte a que atienda la petición.
«Unas elecciones justas son la savia de nuestra república constitucional (…) Cuando el poder ejecutivo pretende abusar unilateralmente de su autoridad y poder, así como hacer un uso indebido de los fondos de los contribuyentes, para influir en unas elecciones en beneficio de un partido político, tales acciones ultra vires tienen la capacidad de corromper todo el proceso electoral y socavar así nuestro sistema de gobierno».
La Cláusula Electoral de la Constitución de Estados Unidos atribuye la responsabilidad principal de la administración de las elecciones federales a las legislaturas estatales, con una supervisión limitada por el Congreso.
«La difusión del poder y los controles y equilibrios impuestos por nuestra Constitución están diseñados para proteger la libertad del Pueblo y evitar la tiranía del gobierno, y esto es particularmente cierto cuando se trata de elecciones, ya que las elecciones son la principal forma en que los funcionarios del gobierno obtienen y conservan su poder».
El presidente no tiene autoridad para hacer que todos los organismos federales se impliquen en el registro y la participación de los votantes, afirma el escrito.
Esta «autoridad ilícita» representa una «amenaza para la imparcialidad de nuestras elecciones» y «amenaza con convertir la Casa Blanca en un cuartel general de campañas políticas partidistas». También permite a un partido político «dirigirse a grupos demográficos clave y utilizar la autoridad federal para configurar las elecciones de modo que favorezcan al partido y a sus candidatos».
El escrito también insta a la Corte Suprema a que considere que los legisladores estatales están legitimados para impugnar la orden ejecutiva.
Los otros legisladores federales que participan en el escrito son los congresistas Scott Perry (R-Pa.); Guy Reschenthaler (R-Pa.); Mike Kelly (R-Pa.); Glenn Thompson (R-Pa.); John Joyce (R-Pa.); Lloyd Smucker (R-Pa.); Claudia Tenney (R-N.Y.); Andy Ogles (R-Tenn.); Rich McCormick (R-Ga.); y Randy Weber (R-Texas).
La administración Biden renunció a su derecho a responder a la petición en un documento presentado ante la corte el 28 de mayo. A pesar de esta renuncia, la Corte todavía puede pedir a la administración que presente un escrito esbozando su posición sobre el caso.
Doctrina del poder legislativo independiente
Democracy Docket, un sitio web de derecho electoral de izquierda, fundado por Marc Elias, abogado del Comité Nacional Demócrata durante muchos años, dijo el 28 de mayo que los legisladores estatales están intentando que la Corte Suprema vuelva a examinar la doctrina de la legislatura estatal independiente, que la Corte rechazó hace un año en un caso presentado por los republicanos de Carolina del Norte.
La doctrina sostiene que las asambleas legislativas estatales tienen una amplia autoridad para establecer las reglas de las elecciones federales en los estados, sin interferencia de las cortes.
Democracy Docket calificó la doctrina de «teoría legal radical que podría poner patas arriba las elecciones estadounidenses». De ser adoptada por la Corte Suprema, la doctrina podría «significar que solo las legislaturas estatales pueden regular las elecciones federales».
La petición de la representante Keefer no menciona la Doctrina de la Legislatura Estatal Independiente y no parece pedir a la Corte Suprema que la adopte.
Los republicanos argumentan que la Constitución siempre ha autorizado directamente a las legislaturas estatales a dictar por sí solas las normas para la celebración de elecciones federales en sus respectivos estados. Los demócratas afirman que se trata de una teoría jurídica conservadora marginal que podría poner en peligro el derecho de voto, permitir la manipulación partidista extrema en el proceso de redistribución de distritos y causar trastornos en la administración electoral.
«En la práctica, esto podría significar que todas las demás partes del gobierno estatal —no por los gobernadores, las cortes, el pueblo o incluso las propias constituciones estatales— puedan establecer las reglas que rigen las elecciones», dijo Democracy Docket.
El 27 de junio de 2023, la Corte Suprema rechazó la doctrina en una votación de 6-3 en Moore vs. Harper, una apelación presentada por los republicanos de Carolina del Norte. La corte determinó que la Cláusula Electoral no confiere autoridad exclusiva e independiente a las legislaturas estatales para establecer las reglas relativas a las elecciones federales.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió que «las cortes estatales retienen la autoridad para aplicar las restricciones constitucionales estatales cuando las legislaturas actúan bajo el poder que les confiere la Cláusula Electoral».
«Pero las cortes federales no deben abandonar su propio deber de ejercer la revisión judicial», añadió el juez.
No está claro cuándo examinará la Corte Suprema la petición en el caso Keefer vs. Biden.
Con la contribución de Beth Brelje y Kevin Stocklin
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas
noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
