Los miembros del Congreso se debaten sobre cómo legislar después de que la Corte Suprema anulara la doctrina de la deferencia Chevron, una medida que, según los expertos, obligará a los legisladores a profundizar en los detalles de determinadas políticas.
Algunos demócratas han intentado evitar esta situación codificando la deferencia Chevron, que obliga a las cortes a dar preferencia a las interpretaciones razonables que las agencias hacen de las leyes ambiguas. La ley Detener la Captura Corporativa, propuesta por la senadora demócrata Elizabeth Warren y otros destacados demócratas, pretende hacer lo mismo, al mismo tiempo que introduce otras reformas normativas.
«Las grandes empresas están utilizando a jueces de extrema derecha no elegidos para secuestrar a nuestro gobierno y socavar la voluntad del Congreso», dijo Warren en un comunicado de prensa el 23 de julio.
«La Ley Detener la Captura Corporativa aportará transparencia y eficacia al proceso federal de elaboración de normas y, lo que es más importante, garantizará que los grupos de interés corporativos no puedan sustituir el juicio del Congreso y de las agencias expertas por sus preferencias».
En la Cámara de Representantes se ha propuesto un proyecto de ley similar, mientras que los republicanos han ofrecido sus propias visiones para un mundo después de Chevron. Las declaraciones de Warren se produjeron el mismo día en que el senador Bill Cassidy (R-La.) promocionó una ley para «frenar al poder ejecutivo», según informó su oficina.
También el 23 de julio, el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, celebró una audiencia sobre «El Congreso en un mundo post-Chevron». El presidente del Comité, Bryan Steil (R-Wis.), elogió la decisión de la Corte Suprema en el caso Loper Bright Enterprises vs Raimondo por anular la deferencia de Chevron.
«Ahora que la Corte Suprema ha anulado correctamente la doctrina de deferencia Chevron, debemos empezar a devolver el poder al poder legislativo», dijo. «Esta es nuestra oportunidad para hacer preguntas importantes sobre la estructura del Congreso ahora que se ha restablecido nuestro papel en el proceso de elaboración de normas».
El miembro de rango Joe Morelle (D-N.Y.) siguió diciendo que Loper Bright fue un «tremendo regalo para la riqueza y los intereses especiales».
«Las corporaciones harán todo lo posible por encontrar casos para deshacer las regulaciones existentes que protegen los alimentos y medicamentos que consumen nuestros hijos, la calidad del aire que todos respiramos y la limpieza del agua que beben nuestras familias», dijo.
Relevancia de la experiencia
El panel escuchó a varios expertos sobre cómo el Congreso podría tener en cuenta los cambios previstos en la forma en que los legisladores elaboran las políticas.
En la opinión mayoritaria de Loper Bright, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, describió la decisión como la restauración de una autoridad que el Congreso había aclarado que correspondía a los tribunales autorizados en virtud del artículo III de la Constitución.
Señaló la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) de 1946, que establece que las cortes «decidirán todas las cuestiones pertinentes de derecho, interpretarán las disposiciones constitucionales y legales, y determinarán el significado o la aplicabilidad de los términos de una acción de la agencia».
Gran parte de la oposición a la anulación de Chevron procedía de la idea de que los expertos de las agencias eran las mejores fuentes para determinar el significado de estatutos complejos o más técnicos. La juez Elena Kagan coincidió con esta opinión en su voto particular, en el que se preguntaba si, por ejemplo, un polímero de alfa aminoácidos podía considerarse una «proteína» en virtud de la Ley de Servicios de Salud Pública.
El Sr. Morelle dijo de forma similar que Loper Bright «inhibiría una regulación sensata especialmente [en] áreas de política técnica, incluyendo la energía nuclear, la inteligencia artificial, el clima y la crisis climática, y mucho más».
La mayoría, por su parte, dijo que las interpretaciones de las agencias pueden ser informativas pero, en última instancia, no controlan la forma en que una corte interpreta una ley.
No está claro cómo manejarán exactamente las cortes y los legisladores los detalles más técnicos de la política. No obstante, el panel «post-Chevron» del 23 de julio indicó la necesidad de modificar el lenguaje normativo y los recursos humanos del Congreso para absorber el impacto de Loper Bright.
«Para hacer frente a la situación actual, debemos tener muy claro hasta qué punto es necesaria una inversión significativa», dijo el Sr. Morelle.
Personal y litigios
Los testigos indicaron que si el Congreso respondiera a Loper Bright con un análisis político más profundo, necesitaría emplear más personal a nivel de comisión o de otro tipo para redactar una legislación detallada.
«Si el tribunal va a insistir en que el Congreso elabore políticas a niveles cada vez más detallados, entonces el Congreso tendrá que construir una infraestructura institucional que refleje la que existe actualmente en las agencias», dijo a la comisión el profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown Josh Chafetz.
«Esto significa grandes aumentos en el número de funcionarios y diversificar la experiencia de los mismos, incluyendo la contratación de muchos con títulos de posgrado en ciencias sociales y físicas, y muchos más con habilitaciones de seguridad».
Kevin Kosar, del American Enterprise Institute, que ha pedido la creación de una Oficina de Regulación del Congreso, dijo a la comisión que «no hay capacidad» en el Congreso para «emprender acciones reguladoras fructíferas».
Añadió que «la creación de un cuerpo de personas con conocimientos jurídicos y políticos, pero también con capacidad de análisis estadístico, que puedan examinar al poder ejecutivo… de arriba abajo y asegurarse de que lo que hace está dentro de la ley».
El juez Roberts escribió que la decisión de la corte en el caso Loper Bright no «ponía en tela de juicio» las regulaciones que habían sido confirmadas con la doctrina Chevron.
«Las sentencias de esos casos en el sentido de que las acciones específicas de la agencia son legales … siguen estando sujetas a la stare decisis estatutaria a pesar de nuestro cambio en la metodología interpretativa», escribió para la mayoría. Añadió que «la mera confianza en Chevron» no era suficiente para justificar la anulación de un precedente.
La opinión del juez Roberts, sin embargo, no excluye por completo la posibilidad de que las regulaciones anteriores puedan ser impugnadas ante los tribunales o eliminadas por el Congreso.
El Sr. Chafetz dijo que la decisión Loper Bright y otra del tribunal —Corner Post contra la Junta de Gobernadores— ampliarían los litigios sobre la acción reguladora. En este último caso, la mayoría de la corte sostuvo que los demandantes pueden presentar un determinado tipo de impugnación legal, una impugnación facial, contra las acciones de la agencia seis años después de que la acción o norma les perjudique. El gobierno federal había argumentado que el plazo de prescripción de seis años empezaba a contar a partir de que la agencia tomara su decisión final sobre un reglamento concreto.
La jueza Ketanji Brown-Jackson advirtió en su opinión discrepante que la decisión tendría un efecto “profundamente desestabilizador” tanto para el gobierno como para las empresas, al permitir la presentación de más demandas. En su opinión mayoritaria, la jueza Amy Coney-Barrett dijo que esta preocupación era exagerada, dado que las partes reguladas siempre pueden demandar a las agencias, incluso si no presentan una impugnación formal.
Supervisión
A raíz del caso Loper Bright, los congresistas republicanos solicitaron una revisión masiva de las normativas anteriores a la luz de la eliminación de la deferencia de Chevron por parte de la corte.
El senador Tom Cotton (R-Ark.), por ejemplo, presentó el 9 de julio la Ley de Revisión de Extralimitaciones Burocráticas. Esta ley exigiría a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno identificar los casos en los que las cortes federales han optado por la deferencia de las agencias basándose en Chevron y exigir a las agencias que revisen las decisiones judiciales en las que se les concedió deferencia.
«La agencia deberá reevaluar la interpretación de la agencia en un memorando escrito y publicado que apoye, revoque o modifique dicha interpretación», dice el proyecto de ley.
El senador Rand Paul (R-Ky.) y otros han estado enviando cartas a 101 agencias solicitando información sobre cómo Loper Bright afecta a sus acciones de elaboración de normas y de aplicación civil. Las cartas proceden de un grupo de trabajo creado por el Dr. Paul y el senador Eric Schmitt (R-Mo.). Anunciado en julio, el grupo se dedica a «recuperar la autoridad legislativa de las agencias administrativas y devolverla a donde pertenece: la rama del Artículo I», dijo la oficina del Sr. Schmitt en un comunicado de prensa.
Entre los cambios propuestos en la audiencia del 23 de julio figuraba una aclaración sobre el grado de deferencia que el Congreso pretende conceder a las agencias en la interpretación de las leyes.
«El Congreso puede incluir la deferencia en proyectos de ley individuales que faculten a las agencias, o incluso podría redactar un proyecto de ley independiente que restablezca la deferencia de Chevron», dijo Chafetz a la comisión. «Como Loper Bright pretende ser una interpretación de la Ley de Procedimiento Administrativo… puede ser revocada por ley».
Paul Ray, quien dirigió la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios bajo el expresidente Donald Trump, sugirió que el Congreso podría especificar los resultados que estaba buscando.
Nuevas leyes
Tanto el Sr. Ray como Wayne Cruz, miembro senior del Competitive Enterprise Institute, sugirieron colocar restricciones proactivas a la autoridad regulatoria de las agencias.
«No veo una manera de que el Congreso restablezca el control, siempre y cuando esté en una postura fundamentalmente receptiva a las agencias y al poder ejecutivo en general», dijo el Sr. Ray.
«Así que la clave a mi modo de ver es que el Congreso vuelva a ser el primer impulsor que se pretendía que fuera según la Constitución».
Hizo un llamamiento al Congreso para que apruebe la Ley de Reglamentos del Ejecutivo que Necesitan Escrutinio o REINS, que exige la aprobación por el Congreso de las normas «importantes».
Una versión de la ley de 2023 definía una norma importante como aquella que probablemente tenga, entre otras cosas, «un efecto anual en la economía de 100 millones de dólares o más» y «un aumento importante de los costes o precios para los consumidores, las industrias individuales, las agencias gubernamentales federales, estatales o locales, o las regiones geográficas».
El Dr. Paul, que ha patrocinado una versión del Senado del REINS, respondió a Loper Bright impulsando la Ley de Restauración de la Separación de Poderes, que modifica la APA exigiendo más explícitamente a los tribunales que realicen una revisión «de novo». «De novo» es un término jurídico que significa «desde el principio» y se refiere a los tribunales que analizan una ley sin deferencia a la determinación de una corte o agencia anterior.
Otro proyecto de ley presentado por el representante Mark Green (R-Tenn.) pondría fin o límites temporales a la vigencia de las normas confirmadas mediante la deferencia de Chevron.
Los esfuerzos de los republicanos se producen en un contexto en el que los demócratas persiguen la reforma de las cortes e intentan contrarrestar las decisiones de la Corte Suprema, predominantemente conservador.
Los demócratas ya han impulsado un intento de codificar la histórica decisión del caso Roe contra Wade. En el ámbito del derecho administrativo, Jerrold Nadler (D-N.Y.), miembro del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presentó el 11 de julio una ley destinada a revertir los efectos de la decisión del caso Corner Post.
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