Un grupo de congresistas demócratas se reunieron hoy con familias que, tras el paso del huracán María por la isla, fueron desplazadas al centro de Florida, y a la
s que se le extendió la ayuda de vivienda temporal que gestiona la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA).
El grupo de legisladores, compuesto por el senador Bill Nelson y los congresistas Nydia Velázquez y Darren Soto, saludaron la decisión judicial que ordena a FEMA continuar pagando hasta el 23 de julio, las estadías en hoteles y moteles de Estados Unidos y Puerto Rico a familias afectadas por el huracán María.
Tras una reunión con algunas familias puertorriqueñas en el centro comunitario Hope, en la ciudad de Kissimmee, el senador Nelson destacó que de no mediar la orden de hoy dictada por el magistrado Timothy Hillman unas 2.000 personas iban a «ser lanzadas a las calles».
«No es porque no estén encontrando trabajo, es porque viven de un cheque al otro para poder solventar sus necesidades», explicó Nelson, quien recordó que para el alquiler de una vivienda se requiere un depósito de tres o cuatro meses de renta «y ellos no han podido ahorrar para eso».
En la que es su segunda visita a esta localidad vecina de Orlando, para reunirse con desplazados puertorriqueños tras el paso en septiembre pasado del huracán María, Nelson manifestó: «si el presidente Donald Trump y el Congreso lo quisieran, la situación de nuestros compañeros, ciudadanos estadounidenses, se resolvería en un minuto».
«Al igual que como lo hicieron con (el huracán de 2005) Katrina, esas leyes ya existen y solo hay que activarlas», afirmó el demócrata y aspirante a la reelección, en alusión al Programa de Asistencia de Vivienda por Desastre, del Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), y que permitiría a los damnificados, subsidios hasta febrero del año 2019.
Según la organización de derechos civiles Latino Justice, que demandó a FEMA en una corte federal en Massachusetts, la orden del juez permitirá que al menos 1.744 personas sigan en las habitaciones que se han convertido en su hogar los últimos meses, aunque las tendrán que dejar el 24 de julio.
El congresista por Florida Darren Soto, en cuyo distrito electoral se han asentado miles de puertorriqueños desplazados por los huracanes y por la crisis que atraviesa la isla, señaló a Efe que en el caso de los migrantes a causa del desastre natural, el problema es la necesidad de viviendas asequibles.
«Nuestra oficina ha trabajado con unos 200 casos, personas que han llegado a buscar orientación, ayuda; y los casos que tenemos ahora, unas 23 familias, son padres solos, personas mayores, muchos niños, personas con discapacidades», explicó.
Recordó lo costoso que son los alquileres en el centro de Florida, más que en Puerto Rico, y que muchos pagan el 50 % de su salario en viviendas, en las que viven varios miembros de la familia.
Entre las que residen en una vivienda temporal gracias a los vales del programa de vivienda temporal para sobrevivientes de desastres (TSA, por sus siglas en inglés), figura Olga Evelin Hernández.
«Estoy enferma y agradezco la extensión de la ayuda, pero todavía me preocupa ver qué va a pasar, pero con Dios mediante todo irá bien», dijo a Efe Hernández, desde hace seis meses una moradora en el Ramada Inn, un motel ubicado en la carretera 192 y en el que viven decenas de familias puertorriqueñas de bajos recursos.
«Mientras ha habido una desatención por parte del Gobierno federal, hemos luchado y hemos logrado poner dinero» que se les había quitado, dijo a Efe Nydia Velázquez, representante por el estado de Nueva York, sobre la batallas por más ayudas a los damnificados que incluyen a familias, ancianos enfermos y jubilados, y niños discapacitados.
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