La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú admitió este jueves a trámite una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por cohecho pasivo en el caso denominado ‘Rolexgate’, aunque rechazó una segunda contra la mandataria por las muertes producidas en las protestas antigubernamentales de fines del 2022 e inicios de 2023.
En una sesión presidida por la congresista Lady Camones, los parlamentarios rechazaron la propuesta de la hoy exfiscal de la Nación (general) Patricia Benavides por las muertes en las protestas, con 14 votos en contra y cuatro votos a favor, a pesar del informe que recomendaba dar trámite a la denuncia contra Boluarte por los presuntos delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves.
No obstante, en la misma sesión parlamentaria, sí se admitió a trámite la denuncia constitucional contra Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, a raíz de los relojes Rolex y las joyas que lució en ceremonias públicas sin haberlos declarado entre sus bienes.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, y que deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada.
Camones explicó a los periodistas que la denuncia por el caso Rolex pasará a la Comisión Permanente, antesala del pleno, y luego regresará a la Subcomisión que preside para nombrar a un delegado que se encargue de la investigación y sustentación final de la misma.
Sin embargo, añadió que, en el caso de que la denuncia constitucional sea finalmente aprobada en el Parlamento, tendrá que ser la Comisión Permanente quién decida su siguiente paso, pues un presidente en ejercicio no puede ser acusado por presuntos delitos de corrupción, según la legislación vigente.
Sobre la denuncia contra Boluarte por las muertes en las protestas, la Justicia de Perú rechazó el lunes una demanda de amparo presentada por la mandataria para que se anule.
La resolución del tribunal revocó una sentencia en primera instancia, emitida el pasado 27 de marzo, que declaró infundada la demanda y, en este caso, la reformuló para declararla improcedente.
La petición solicitaba que se archive la investigación por la muerte de cinco personas, y las lesiones de una sexta, así como la investigación fiscal abierta por estos casos.
En su recurso, la gobernante señaló que presentó hasta tres peticiones para que se archive la investigación preliminar abierta por la Fiscalía en su contra, pero «ninguno fue atendido en su momento».
Recurrió, en ese sentido, al artículo 117 de la Constitución, que otorga inmunidad al gobernante en ejercicio, una prerrogativa que, según argumentó, «busca proteger la gobernabilidad con el objetivo de evitar que el presidente se vea sometido a investigaciones sin fundamento y que perturben su actividad fundamental en detrimento de los intereses de todos los peruanos».
El pasado 27 de noviembre, la entonces fiscal general peruana Patricia Benavides denunció en el Congreso a Boluarte, al primer ministro de ese momento, Alberto Otárola, y a tres exministros que ocuparon la cartera del Interior durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) presentó este jueves un informe en el que señaló que Boluarte puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales.
Esas protestas se presentaron, principalmente, en el sur del país, después de la destitución por el Congreso del entonces presidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó dar un golpe de Estado.
Precisamente, Castillo fue el primer presidente en ejercicio en ser denunciado constitucionalmente por presuntos delitos de corrupción y posteriormente destituido a raíz del intento de golpe.
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