Once diputados de izquierda, incluido el Partido Comunista, pretendían enjuiciar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por violaciones a los derechos humanos. Pero la Cámara de Diputados no lo admitió, pues la petición no cumple con los requisitos indicados en la Constitución.
De acuerdo con los legisladores de oposición, Piñera es responsable de “graves, reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el último mes y por haber comprometido gravemente el honor de la nación, dada la preocupación expresada por la comunidad internacional”.
La acusación constitucional fue presentada el 19 de noviembre, y no fue hasta ahora que se determinó su inviabilidad. Con 79 votos a favor de la inconstitucionalidad de la acusación, y 73 en contra. Por mayoría simple, la Cámara de Diputados determinó que el libelo no pasará a ser votado por la Cámara.
⭕️ AHORA | Con 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara acoge la cuestión previa de que la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. Por lo tanto, el libelo se entiende como no interpuesto.
— CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) December 12, 2019
Carabineros demostró que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta denuncias falsas
Al menos 12 de los supuestos 28 desaparecidos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció ante la Fiscalía como víctimas de Carabineros, nunca salieron de sus casas. De hecho, esos mismos 12 exigen que sus nombres sean retirados de las listas de desaparecidos. De los 18 restantes, seis estuvieron detenidos por un periodo corto y luego liberados, cuatro fallecieron en los incendios provocados durante los saqueos, los demás todavía no han sido rastreados.
Según Carabineros, “no se ha podido realizar indagatoria alguna, puesto que en la búsqueda de información en las diferentes bases de datos que maneja Carabineros, los datos proporcionados por el INDH no existen en los sistemas”.
A lo largo de veinte días Carabineros acudió casa por casa para verificar la identidad de los presuntos desaparecidos y revisó más mil partes policiales. Dadas las pruebas, se descartó la presencia de “detenidos desaparecidos”.
Instituto Nacional de Derechos Humanos no vela por las víctimas
No es la única inconsistencia expuesta por parte del INDH. Los afectados afirman que esta entidad no vela por quienes han sufrido actos de violencia ejecutados por parte de los manifestantes, ni siquiera cuando son saqueadores. En su defensa, la INDH plantea que solo pueden mediar frente a los abusos del Estado, no de privados.
Pero los denunciantes sostienen que la INDH discrimina a las víctimas y quiebra el principio de igualdad ante la ley, ya que esta «no distingue si el agresor es civil o agente del Estado», como indica la Carta de Derechos Humanos.
De las 24 víctimas fatales, 4 murieron en enfrentamientos con agentes del Estado
En total, han habido 24 muertos durante las protestas por el «cambio de sistema». Sin embargo, solo 4 de los 24 murieron a manos de agentes del Estado durante enfrentamientos. 12 murieron quemados y/o asfixiados durante incendios provocados en saqueos, 1 murió electrocutado en un saqueo, 4 fueron atropellados (dos por un conductor en estado de ebriedad), 2 por impacto de bala emitido por civiles y 1 murió de paro cardiorrespiratorio.
Pese a la evidencia, los denunciantes de Piñera describen la situación como si las fuerzas del orden saliesen a acribillar a los manifestantes. Por eso llevaron su reclamo hasta el Congreso. Fue infructífero. Sin embargo, dejó un precedente. Hace más de medio siglo que no se había presentado un libelo contra un mandatario. En 1956 la petición realizada contra Carlos Ibáñez del Campo también fue rechazada. En esta ocasión no hubo abstenciones. Aunque fue considerable el número de votos opositores al Gobierno, por mayoría simple se constató la inocencia del presidente, en cuanto a violaciones a los derechos humanos
Protestas todavía exigen destitución de Piñera
Piñera se salvó de un juicio político. Pero no es el fin de las acciones en su contra. Las protestas continúan y anuncian que no se detendrán hasta que haya un «cambio de sistema». Eso implica un cambio de Constitución y persiste el reclamo de la destitución. Es decir, romper el orden democrático y también la institucionalidad republicana.
Pero al parecer eso no será tan fácil como creían. Por lo pronto, el Congreso no admitió enjuiciar al presidente y todavía está en proceso la denuncia contra los diputados que instigaron las protestas. En caso de ser aprobada la denuncia, los diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista quedarían removidos de sus cargos y no podrían ejercer cargos públicos por dos años.
Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.
Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.
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