La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del miércoles la duodécima ampliación de un régimen de excepción, con lo que el país superará el año con esta medida pedida por el gobierno del presidente Nayib Bukele y con la cual se ha declarado una «guerra contra las pandillas».
El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
La solicitud de ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y fue aprobada por los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados.
La extensión de la medida, a la que el gobierno de Bukele llama «guerra contra las pandillas», se aprobó sin estudio o debate legislativo.
Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Antes de la aprobación, el presidente Bukele anunció en Twitter el traslado de 2000 pandilleros a una nueva prisión de máxima seguridad, con lo que suman 4000 reos en el recinto que, según el mandatario, es la «más grande de toda América».
«Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)», publicó el mandatario en Twitter.
Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. pic.twitter.com/A2oTUIYubW
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2023
De acuerdo con las cifras oficiales, son cerca de 66,000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, y habrían sido puestas en libertad condicional unas 3300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
La mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción «no resolverá el problema» de las pandillas en El Salvador, aunque el 75.9 % de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022.
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