La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este martes acusar por los delitos de rebelión y conspiración a la exjefa de gabinete Betssy Chávez y a dos exministros por su presunta participación en el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre pasado, con lo que la decisión final sobre el caso se debatirá en el pleno del Parlamento.
Con esta decisión, el Parlamento queda listo para debatir en el pleno la acusación constitucional contra Chávez y el exministro de Comercio Roberto Sánchez, ambos también diputados, así como contra el extitular de Interior Willy Huerta, además de evaluar el desafuero de los dos legisladores en ejercicio.
La comisión aprobó por 24 votos la acusación contra Chávez, por 23 votos la de Sánchez y por 19 votos la de Huerta, en una sesión en la que los dos últimos presentaron su defensa.
Asimismo, la Comisión Permanente aprobó, con 20 votos a favor, designar a los legisladores Wilson Soto y Lady Camones para formular las acusaciones constitucionales ante la sesión plenaria.
El presidente del Congreso, José Williams, adelantó a la prensa que, después de la aprobación de las acusaciones, la denuncia será enviada al Consejo Directivo y luego incluida en la agenda del próximo pleno para votar el desafuero de los denunciados y la acusación constitucional, que regresará a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, para el inicio formal del proceso.
Durante la sesión parlamentaria, Chávez envió una carta, a través de sus abogados, en la que acepta la acusación del Ministerio Público y pide al Parlamento que apruebe la acusación constitucional en su contra para poder acreditar su «absoluta inocencia» respecto a los hechos investigados.
Exministros niegan participación
Por su parte, el extitular de Comercio Exterior Roberto Sánchez aseguró ante la comisión que nunca tuvo conocimiento del discurso de Castillo, en el que anunció el cierre del Parlamento y que instalaría un Gobierno de emergencia.
«En el video (de ese día) está clarísimo que yo no he estado allí, por eso solicito que se incorpore» como prueba nueva en la investigación, expresó Sánchez, al considerar que la grabación de Palacio de Gobierno lo «libera de supuestos» y demuestra que «no he tenido conocimiento» del fallido golpe de Estado.
Asimismo, el también legislador citó una declaración de Huerta en la que se disculpa con él por haber mencionado que participó en la preparación de los hechos.
Sánchez recordó que presentó su renuncia al cargo, minutos después del anuncio de Castillo, y pidió la visita de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país para defender la democracia.
Por su parte, Huerta afirmó que él no era del entorno de confianza de Castillo y que ese día acudió al despacho presidencial para informarle sobre las medidas de seguridad que se iban a tomar por una manifestación de protesta convocada para esa jornada.
«Nunca fui informado de lo que iba a pasar» ese día y «la orden de cerrar el Congreso la impartió el mismo presidente Castillo, yo no», manifestó Huerta a los parlamentarios.
El exministro del Interior agregó que Castillo sabía que si le pedía para cerrar el Congreso, «no hubiera aceptado».
En su opinión, tanto la ex primera ministra como su antecesor Aníbal Torres conocían del mensaje de Castillo y, en ese sentido, agregó que no tiene «por qué defender a nadie», pues «no se merecen» su lealtad o su respeto.
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