La Comisión Permanente del Congreso de Perú otorgó este miércoles 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y entregue un informe final sobre una denuncia presentada contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria tras haber declarado que su país podría otorgar una salida al mar para Bolivia.
La decisión fue tomada tras evaluar la denuncia presentada por un grupo de abogados, encabezado por la excandidata presidencial Lourdes Flores, que luego fue asumida por los congresistas opositores Norma Yarrow y José Cueto.
El Poder Judicial de Perú rechazó este martes, en primera instancia, una demanda de habeas corpus presentada por el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, para intentar anular la admisión de esa denuncia por el Congreso.
Este miércoles, la Comisión Permanente decidió otorgar el plazo de investigación a la subcomisión, con el voto a favor de 17 congresistas, 9 en contra y 3 abstenciones.
La acusación plantea que Castillo sea investigado y sancionado por presuntamente haber cometido una infracción constitucional y el delito de traición a la patria al haber declarado, en una entrevista con la cadena internacional CNN, que el pueblo peruano debía ser consultado sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar a Bolivia.
Un informe preliminar que declaró procedente la admisión de la denuncia ya fue aprobado el pasado 28 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con el voto dirimente de la presidenta de ese grupo de trabajo, Rosio Torres, del partido Acción Popular.
Durante la audiencia sobre la evaluación del habeas corpus, el abogado de Castillo señaló que en el diálogo con CNN el gobernante expresó sus opiniones de cuando era «un ciudadano común y corriente», pero insistió en que «ahora, en calidad de presidente», esta no es su intención.
El pasado 1 de febrero el entonces Canciller peruano Óscar Maúrtua aseguró ante el pleno Congreso que Castillo «no tiene voluntad alguna de ceder territorio nacional» y que ese tema no «ha sido parte de las conversaciones que se tienen con Bolivia».
«Un referéndum para ceder territorios es jurídicamente y políticamente imposible, el Ministerio de Relaciones Exteriores no lo ha planteado ni lo planteará jamás», remarcó.
El lunes pasado la congresista opositora Patricia Chirinos presentó otra denuncia constitucional contra Castillo por presuntamente «atentar contra la libertad de millones» de ciudadanos al decretar el pasado 5 de abril un toque de queda como respuesta a un paro de transportistas.
El Ejecutivo peruano fue duramente criticado cuando declaró el estado de emergencia y decretó un toque de queda en Lima y la vecina provincia del Callao, lo que llevó a miles de ciudadanos a protestar en el centro de la capital, en una manifestación que desencadenó en saqueos y enfrentamientos con la Policía.
Chirinos, una legisladora del partido derechista Avanza País que el año pasado fue autora de la primera moción de destitución presentada contra el mandatario, que no llegó a ser admitida a debate, solicita en esta ocasión la destitución e inhabilitación del presidente para ejercer cargos públicos por un lapso de 10 años.
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