La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano aprobó este viernes el informe que propone admitir a trámite cinco denuncias constitucionales contra el presidente del país, Pedro Castillo, el ex primer ministro Aníbal Torres y otros integrantes de su gabinete.
En una sesión del grupo parlamentario, los legisladores aprobaron el informe de calificación por 14 votos a favor y 5 en contra.
Las denuncias comprenden la presunta infracción constitucional de Castillo y varios ministros y exministros por presunta desobediencia a la autoridad, falsedad ideológica, omisión de deberes funcionales y coacción, entre otros.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la conservadora Lady Camones, explicó a la prensa que la investigación del grupo parlamentario se refiere a una presunta infracción constitucional del jefe de Estado y que el «tema de fondo» se va a ver en el desarrollo de las pesquisas.
En el caso de la denuncia derivada de la investigación de la Fiscalía de la Nación (general) por presunta organización criminal, Camones informó que la legisladora Milagros Jáuregui será la encargada de la investigación en un plazo de 15 días, tal como lo ordenó la Comisión Permanente del Congreso.
En el curso de la investigación, «a todos ellos se les notifica para que formulen sus descargos», indicó Camones.
«Se habla de un juicio político, pero siempre con arreglo a la Constitución», anotó la parlamentaria del partido opositor Alianza para el Progreso (APP).
La titular de la subcomisión agregó que el próximo lunes el grupo parlamentario recibirá el informe final sobre una denuncia contra la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, que plantea ser declarado improcedente.
El trabajo de esta subcomisión sigue en paralelo a la moción de destitución de Castillo que el pleno del Congreso aprobó el jueves por una supuesta «permanente incapacidad moral» y que dispone que el mandatario acuda al Parlamento a ejercer su defensa el próximo miércoles.
Camones confirmó que su partido se ha negado a conversar con la primera ministra, Betssy Chávez, porque, entre otros motivos, «hay un alto riesgo de cierre del Congreso por parte del Ejecutivo».
«Si realmente hay un ánimo de trabajar con el Legislativo, (…) que sean claros y digan que no ha habido una negativa de confianza», afirmó la legisladora.
El Gobierno peruano sostiene que el Congreso le ha negado el voto de confianza al evitar debatir una propuesta de reforma constitucional hecha por el Ejecutivo, y con esa decisión sólo resta una segunda negativa de confianza, antes de que el mandatario esté facultado para cerrar el Parlamento.
Sin embargo, la primera ministra Chávez afirmó el jueves que no hay ningún segundo pedido de confianza en camino y que tampoco tienen intenciones de cerrar el Poder Legislativo.
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