El pleno del Congreso de Perú aprobó este martes, por insistencia, un proyecto de ley que limita la facultad presidencial de presentar una cuestión de confianza, a pesar de que la norma no había sido promulgada por el Ejecutivo, que considera que genera un desequilibrio de poderes y es inconstitucional.
La decisión se tomó con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, luego de un debate en el que la insistencia fue defendida por la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, la fujimorista Patricia Juárez.
En la votación también participó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien ocupó su escaño para dar su voto favorable, en una situación poco habitual en el Legislativo peruano.
Tras conocer la decisión, la primera ministra, Mirtha Vásquez, la calificó de «lamentable» y confirmó que el Ejecutivo tomará acciones legales para intentar revertir la medida, que muy probablemente será llevada ante el Tribunal Constitucional.
Límites para el gobernante
El Congreso tomó la decisión de aprobar la ley a pesar de que el Gobierno envió horas antes otro proyecto para que el Parlamento evalúe la cuestión de confianza junto con los motivos que llevan a la destitución de un gobernante.
Esa norma pedía que se precise que la destitución de un mandatario solo puede ser aprobada por incapacidad mental o física permanente acreditada y que la censura al gabinete procede por temas vinculados a sus funciones.
Sin embargo, Juárez insistió en que el proyecto de ley original sea aprobado sin ninguna modificación, por lo que parlamentarios de izquierda afirmaron que su intención es «preparar el camino» para una eventual destitución de Castillo, quien venció en los comicios de este año a la derechista Keiko Fujimori.
Mientras que el Gobierno tenía la potestad de presentar una cuestión de confianza ante el Congreso por cualquier tema que considerara pertinente, el texto aprobado establece ahora que solo puede plantearla sobre materias de su competencia.
Excluye, específicamente, a la aprobación o no de reformas constitucionales o que afecten los procedimientos y competencias excluyentes del Congreso o de otros organismos autónomos.
También indica que «la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso» y que solo el Parlamento «puede interpretar el sentido de su decisión».
De acuerdo con la legislación vigente, el jefe de Estado puede cerrar el Congreso en caso de que este le niegue en dos oportunidades el voto de confianza a su gabinete.
La reacción del ejecutivo
Tras rechazar la aprobación de la norma, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial, la primera ministra señaló que el Congreso ha «renunciado a un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes».
Vásquez aseguró que esta ley «pone en riesgo» la democracia peruana, por lo que anunció que el Ejecutivo adoptará las «acciones necesarias para evitar el quiebre del estado de derecho».
La cuestión de confianza ha sido uno de los temas de mayor debate en los últimos días en el país, dado que Castillo ha cambiado a los sectores del ala más extrema de su gabinete con el objeto de reducir las críticas a su gobierno desde el Congreso.
Precisamente, la nueva jefa del gabinete deberá presentarse en las próximas semanas ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza para el Consejo de Ministros que preside desde el pasado 6 de octubre.
La oposición política, que domina el Parlamento, se opone a que Castillo promueva una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, lo que fue una de sus principales promesas de campaña, y busca evitar un eventual cierre del Legislativo, como hizo el expresidente Martín Vizcarra en 2019.
Tras la votación de este martes, la presidenta del Congreso aseguró que el Legislativo «reafirma su compromiso con la democracia, el estado de derecho, el equilibrio de poderes y la defensa del fuero parlamentario».
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