El gobierno federal de Estados Unidos permanecerá abierto. El Senado se unió a la Cámara de Representantes a última hora del miércoles para aprobar una medida de financiación provisional que ampliará la financiación del año anterior en dos etapas hasta el 2 de febrero.
El proyecto de ley fue aprobado por 87 votos a favor y 11 en contra en la Cámara Alta. Ahora se dirige a la mesa del presidente Joe Biden para su firma.
El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), habló en el pleno en apoyo de la medida antes de su aprobación por el Senado.
«Tengo buenas noticias para el pueblo estadounidense: este viernes por la noche, no habrá cierre del gobierno», dijo el Sr. Schumer, calificando la medida, conocida como resolución continua (CR), de «gran resultado».
«Me complace que el presidente Johnson se diera cuenta de que necesitaba los votos demócratas para evitar un cierre. Si el presidente está dispuesto a trabajar con los demócratas y resistir el canto de sirena de la derecha dura en la Cámara, entonces podemos trabajar para evitar cierres en el futuro y terminar el trabajo de financiar el gobierno», agregó el líder del Senado.
El Sr. Schumer añadió que la CR ofrecida por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.) era «un buen primer paso y un muy buen augurio para el futuro».
El proyecto de ley, que ha sido etiquetado como una RC «escalonada», financiará cuatro grandes áreas del gobierno federal hasta el 19 de enero y las ocho restantes hasta el 2 de febrero. De este modo, el Congreso dispondrá de entre 60 y 75 días más para completar los 12 proyectos de ley que debían presentarse el 30 de septiembre.
La Cámara aprobó el proyecto de ley escalonado el 14 de noviembre a pesar de la objeción de 93 republicanos que se negaron a mantener los niveles de financiación y las prioridades para 2023 aprobadas por los demócratas hace casi un año.
La prórroga se enmarca en el esfuerzo de los conservadores fiscales de la Cámara por reducir lo que consideran un gasto federal desbocado y reformar la forma en que el Congreso toma las decisiones de gasto.
Retrasos
En los últimos 50 años, el Congreso solo ha completado los 12 proyectos de ley de gasto antes del 30 de septiembre, fecha en la que finaliza el año fiscal, en cuatro ocasiones. El resultado ha sido el uso casi constante de prórrogas provisionales, seguidas de una votación a favor o en contra de un único proyecto de ley de gran envergadura para financiar todo el gobierno.
Decididos a romper ese ciclo, los halcones fiscales republicanos han presionado para que la Cámara vuelva al orden regular, el proceso por el cual los miembros disponen de un mínimo de tres días para revisar la legislación, pasarla por un comité y tener la oportunidad de debatir la medida y presentar enmiendas desde el hemiciclo.
Al mismo tiempo, ellos han luchado por reducir el gasto federal y, con él, la creciente deuda federal. Los republicanos han presionado para volver en el año 2024 a los niveles de gasto anteriores a la pandemia, sin embargo, el expresidente Kevin McCarthy (R-Calif.) acordó un recorte de gasto menor en las negociaciones sobre el techo de deuda con el presidente Biden.
Este año, la aprobación de los 12 proyectos de ley de gasto requeridos se retrasó por varios factores, incluido un retraso de un mes por parte del presidente en la presentación de su solicitud del presupuesto anual y las negociaciones prolongadas sobre el aumento del límite de deuda de la nación.
Las peleas entre los representantes republicanos también produjeron demoras debido a los desacuerdos sobre cuán agresivamente se debía llevar a cabo la agenda republicana y debido a la destitución del expresidente de la Cámara de Representantes, que paralizó los asuntos de la sala durante tres semanas en octubre.
El Congreso tiene ahora 65 días para completar el trabajo sobre los cuatro proyectos de ley de gastos que cubren los Departamentos de Agricultura, Energía y Agua, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Construcción Militar y Asuntos de Veteranos. Los ocho proyectos de ley restantes deben concluirse 13 días después.
La mayoría republicana en la Cámara aprobó siete de los 12 proyectos de ley, lo que representa más del 75 por ciento del gasto discrecional. Sin embargo, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el representante Mike Johnson (R-La.), ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo sobre los cinco proyectos de ley restantes.
Conflicto inminente
Cuando la Cámara regrese el 28 de noviembre, es probable que Johnson actúe rápidamente para revisar tres proyectos de ley en los que no han logrado obtener apoyo. Son proyectos de ley que financian los Departamentos de Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano; y Comercio, Justicia y organismos afines; así como Servicios Financieros y Gobierno General.
Por su parte, el Senado aprobó tres proyectos de ley de gastos en una sola votación, lo que representa alrededor del 17% del gasto discrecional. Ambas cámaras deben acordar los niveles de gasto antes de que puedan convertirse en ley.
El Sr. Johnson dijo que pretende completar las versiones de estos proyectos de ley en la Cámara de Representantes, antes que el Senado, para obtener una posición negociadora sólida.
Los halcones fiscales han amplificado ese punto, incluido el representante Chip Roy (R-Texas), quien criticó la aprobación de un proyecto de ley de financiación provisional justo antes del Día de Acción de Gracias que no reflejaba las prioridades republicanas.
“Yo le habría metido en la garganta al Senado de Estados Unidos un proyecto de ley de financiación que incluyera [el apoyo a] Israel y hubiera desafiado a Chuck Schumer a cerrar el gobierno y volver a casa y comer pavo”, dijo Roy en un apasionado discurso en la sala, el 15 de noviembre.
La batalla entre la Cámara y el Senado probablemente se reduce a dos puntos: el gasto discrecional general y los programas específicos que se reducen o recortan.
Los republicanos pretenden recortar el gasto discrecional a aproximadamente 1.5 billones de dólares. Su objetivo es lograrlo, en parte, desmantelando algunas prioridades y programas de financiación favorecidos por la administración Biden. Eso incluye recuperar unos 85 millones de dólares proporcionados al IRS durante 10 años a través de la Ley de Reducción de la Inflación, eliminar las devoluciones de impuestos a la energía verde, eliminar la financiación para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y recortes a los programas sociales.
Es probable que los demócratas del Senado presionen para lograr un gasto general más alto, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en mayo. Esa ley exige un recorte general del 1% en el gasto discrecional durante dos años, con un límite al crecimiento del gasto a partir de entonces.
Los demócratas también se resistirán a los recortes al gasto y a los programas de bienestar social que consideran logros característicos del presidente Biden.
Con la colaboración de Joseph Lord
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