Congreso de Perú cesa a los más reconocidos miembros del máximo órgano de Judicatura

Por Noticia de agencia
08 de marzo de 2024 1:00 PM Actualizado: 08 de marzo de 2024 1:00 PM

El Congreso de Perú cesó este jueves como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, dos de los más reconocidos integrantes del máximo órgano de la Judicatura peruana, tras una polémica votación en la que dos legisladores cambiaron sus votos.

Aunque el pleno rechazó aplicar la misma sanción a otros cinco miembros de la JNJ, a Tello la inhabilitó con solo un voto más de los 66 requeridos por ley, tras lo cual rechazó una petición para repetir la votación planteada por un sector del Legislativo que se oponía a esa medida.

Sin embargo, parlamentarios del fujimorismo, la derecha y la izquierda, que impulsaron la sanción contra la JNJ, sí aceptaron reconsiderar una primera votación que no alcanzó los votos para suspender a Vásquez, ya que había recibido 65 votos a favor.

Al volver a votar, el planteamiento de sanción para el también vicepresidente de la JNJ llegó a 67, uno más del mínimo requerido, al sumar el de un legislador que cambió su inicial voto en contra y el de otro que antes había votado en abstención.

Durante la votación, que se prolongó durante más de cuatro horas, tras un debate previo de otras tres horas, los legisladores rechazaron el planteamiento de también cesar a los magistrados de la JNJ Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala.

Tello, por su parte, envió un documento al presidente del Congreso, Alejandro Soto, en el que pidió que se declare «inexistente» la votación que la inhabilitó del cargo, pues señaló que el legislador derechista José Luna Gálvez no debió votar en el pleno por ser parte de la Comisión Permanente, la antesala del Congreso por la que pasó el proyecto antes de llegar al pleno parlamentario.

«Tanto el artículo 100 de la Constitución, como el artículo 89 inciso l del reglamento del Congreso establecen que en la votación del pleno en el juicio político no participan los miembros de la Comisión Permanente», enfatizó antes de asegurar que considera que sigue siendo integrante de la JNJ.

En respuesta, el Congreso emitió un comunicado en el que aseguró que «no existe ninguna causal de nulidad», porque Luna no votó cuando la Comisión Permanente aprobó el debate de la acusación contra la JNJ y, por tanto, estaba habilitado para hacerlo este jueves.

El debate de la acusación

El Congreso debatió el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propuso acusar e inhabilitar durante 10 años a los miembros de la JNJ por una presunta infracción constitucional, por haber permitido que Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.

En su presentación de este jueves ante el pleno del Congreso, los miembros de la JNJ defendieron la independencia de poderes y destacaron el apoyo internacional que ha recibido el organismo.

«¿Alguien puede suponer que este pequeño órgano constitucional autónomo pueda concitar pronunciamientos decididos de exponentes universales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde Ginebra o de la relatora de la ONU para la Independencia de las Justicia desde Nueva York si es que no nos asistieran razones válidas?», dijo Vásquez.

Tello, por su parte, remarcó que no pedía un trato especial, pero sí reflexión y respeto a sus derechos ante un caso que, según dijo, «va a sentar un precedente sobre el respeto que tiene este Congreso sobre los derechos humanos de todas las personas, en especial las mayores de edad».

En medio de este enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el máximo órgano de la Judicatura, la presidenta Dina Boluarte pidió la semana pasada al Congreso que reflexione acerca del equilibrio de poderes «para garantizar un país democrático, estable y equitativo».

Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU enfatizó que la JNJ «es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho» en Perú.


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