El pleno del Congreso de Perú decidirá este jueves si destituye a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la Judicatura peruana, con el que mantiene un enfrentamiento desde el año pasado que ha causado preocupación tanto en el Ejecutivo peruano como en organismos internacionales como las Naciones Unidas.
El tema será debatido y votado después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el pasado 26 de febrero un informe que plantea acusar y destituir a los integrantes de la JNJ por una presunta infracción constitucional.
Ese informe fue aprobado el pasado 16 de febrero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, que recomendó acusar e inhabilitar durante 10 años al pleno de la JNJ.
La propuesta fue sustentada por el congresista derechista Esdras Medina, a partir de una denuncia constitucional del legislador ultraconservador Jorge Montoya contra los magistrados por haber permitido que la magistrada Inés Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.
Durante el debate del informe, el miembro de la JNJ Aldo Vásquez dijo que la Constitución peruana «establece un único mandato de cinco años, sin disponer expresamente un límite de permanencia por límite de edad» y enfatizó que el Congreso «no puede interferir en el criterio que los miembros de la junta adoptan en el cumplimiento de sus funciones».
Vásquez anunció este miércoles que los magistrados han presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial en la que piden que se ordene al Congreso que suspenda el debate y votación del informe.
El pasado 2 de febrero, la Justicia de Perú ya declaró fundada una primera demanda de amparo que presentaron los miembros de la JNJ para que se anulara otro proceso iniciado en el Congreso que también pretendía destituirlos.
El Poder Legislativo y el máximo órgano de la Judicatura mantienen un enfrentamiento desde el año pasado, cuando la Comisión de Justicia del Parlamento también recomendó destituir a los magistrados de la JNJ por supuestas «faltas graves».
Esta situación ha generado la preocupación de la presidenta peruana, Dina Boluarte, y de organismos internacionales como las Naciones Unidas.
Boluarte pidió la semana pasada al Congreso que reflexione acerca del equilibrio de poderes «para garantizar un país democrático, estable y equitativo».
La oficina de Derechos Humanos de la ONU destacó, por su parte, que la JNJ «es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho» en Perú.
Este martes, los senadores demócratas de Estados Unidos Ben Cardin y Tim Kaine también expresaron su «decepción y preocupación profunda» por la posible destitución de los miembros de la JNJ.
«Estamos profundamente decepcionados y preocupados por la decisión del Congreso peruano de seguir adelante con sus esfuerzos para purgar a la Junta Nacional de Justicia, que es autónoma, mediante la destitución de sus miembros actuales», señalaron en un pronunciamiento Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Kaine, quien preside el subcomité senatorial de Latinoamérica.
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