El Congreso de Perú formalizó este jueves la recepción de una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta Dina Boluarte, la cual será sometida al voto del siguiente pleno para decidir si se admite a debate, según informó el presidente del Parlamento, José Williams.
El presidente del Legislativo manifestó, en la maratoniana sesión plenaria de esta jornada, que se ha dado cuenta de la moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra Boluarte con el objeto de debatir y votar su eventual destitución del cargo.
En ese sentido, Williams citó la normativa parlamentaria que señala que la admisión de la moción de vacancia será consultada a los parlamentarios en el siguiente pleno que se celebrará en una fecha por definir de la próxima semana.
Asimismo, indicó que su despacho ha puesto el pedido de vacancia en conocimiento de la presidenta de la República.
La moción de destitución ha sido presentada por la oposición de izquierdas por las muertes de 49 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas.
Además, la mandataria fue incluida en una investigación de la Fiscalía, junto al expresidente Pedro Castillo, por la presunta financiación ilegal del partido Perú Libre en las elecciones generales de 2021, en base a las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro.
Esa investigación ha sido esgrimida por la oposición como un argumento adicional para la destitución.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió esta semana la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, después de que el empresario contó a la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la mandataria en la pasada campaña electoral.
En esa campaña, Castillo encabezaba la candidatura a la Presidencia de la República mientras que Boluarte aspiraba a la Vicepresidencia.
Boluarte, que sucedió a Castillo en diciembre del año pasado tras ser destituido por su fallido autogolpe, había rechazado el domingo las acusaciones en su contra y reiteró que eran una «oscura maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas».
«No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte», señaló su despacho a través de Twitter en alusión a las recientes denuncias de haber recibido dinero no declarado de empresarios en la campaña electoral.
La semana anterior, Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo, denunció en el programa Cuarto Poder que Shimabukuro, un asesor en la sombra del expresidente, y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda con el Estado y colocar a personas cercanas en altos cargos públicos.
Sobre estas acusaciones, la Presidencia comentó que «si el señor Shimabukuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno».
Mientras que Castillo es actualmente investigado, bajo prisión preventiva, por organización criminal y rebelión, Boluarte lo es por los fallecidos y heridos en las protestas sociales que sucedieron a su asunción al mando, además de denuncias de presunta corrupción entre sus excolaboradores.
Además, el pasado lunes, la jefa de Estado tuvo que responder a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Palacio de Gobierno por un caso de presunta corrupción referido a las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de su exasesora Grika Asayag.
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