La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes la octava prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo tras una escalada de homicidios y que ha dejado más de 57,000 detenidos.
Los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele, con 67 votos de los 84 diputados.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una conferencia de prensa horas antes de la aprobación que «los beneficios (…) son irrefutables», porque «estamos teniendo números históricos» en reducción de la violencia.
Cifras del Gobierno apuntan que bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 57,400 supuestos pandilleros, además se han incautado 1820 armas de fuego, 2201 vehículos y 1.4 millones de dólares en efectivo.
Claudia Ortiz, diputada del partido opositor Vamos, criticó las continuas extensiones del régimen de excepción y señaló que «está debilitando» el sistema de Justicia.
Este martes, un grupo de campesinos de la zona del Bajo Lempa, en el oriente de El Salvador, exigió la liberación de cientos de sus familiares detenidos «arbitrariamente» y rechazó la octava prórroga.
Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales.
La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de las garantías no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración.
De acuerdo con investigaciones del medio local El Faro, la escalada de violencia se dio tras el presunto quiebre de un pacto entre las pandillas y el Ejecutivo de Bukele, acusación de negociaciones que Estados Unidos también ha hecho.
Posteriormente, este medio publicó que la ola de asesinatos coincidió con la salida a un hospital de la prisión de máxima seguridad de cuatro líderes de pandillas y cita documentos obtenidos de la filtración que hizo el grupo «Guacamaya».
Las organizaciones humanitarias y la oficina del ombudsman han recibido más de 7400 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción.
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