El pleno del Congreso de Perú rechazó este viernes admitir a trámite tres mociones de vacancia (destitución) que habían presentado legisladores de oposición, en su mayoría de agrupaciones políticas de izquierda, contra la presidenta Dina Boluarte.
La decisión fue tomada durante la primera parte de la sesión plenaria, un día después de que las mociones fueran presentadas, en cada caso, por el partido marxista Perú Libre, la bancada izquierdista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú y el legislador de esa tendencia Alfredo Pariona.
Las tres mociones, que fueron rechazadas por mayoría simple y enviadas al archivo, pedían la destitución de Boluarte por una presunta incapacidad moral para ejercer la jefatura de Estado y exigían que ofrezca explicaciones por las últimas denuncias que se han hecho en su contra, que también son investigadas por la Fiscalía.
Durante la votación, la primera moción recibió 32 a favor, 45 en contra y 19 abstenciones; la segunda, 33 votos a favor, 44 en contra y 19 abstenciones; y la tercera, 32 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones.
Al presentar este jueves una de las mociones, las parlamentarias progresistas Susel Paredes y Ruth Luque aseguraron que estaban «cumpliendo con el sentir del pueblo peruano que le da a la presidenta el 8 % de aprobación».
Ese documento expuso varios argumentos para explicar por qué Boluarte habría incurrido en la causal de «permanente incapacidad moral», como un presunto «abandono al cargo», que una denuncia periodística señaló que hizo durante 12 días entre finales de junio y principios de julio de 2023 para someterse a supuestos procedimientos estéticos.
También incluyó su presunta implicación en la investigación fiscal contra uno de sus hermanos, Nicanor Boluarte, al desactivar un equipo policial que apoyaba a un grupo fiscal que persigue específicamente los delitos de corrupción cometidos por altos cargos públicos un día antes de su detención preliminar.
Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la presidenta por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.
Ante el anuncio de los pedidos de destitución que se preparaban en su contra, Boluarte afirmó el martes pasado que gobernará hasta el 28 de julio de 2026, cuando debe culminar su mandato, y pidió se dejen de «orquestar situaciones que no convienen al desarrollo del país».
«Aquí estamos firmes, fuertes y dignos, nada nos va a distraer para seguir avanzando en el desarrollo de nuestro querido Perú. Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026 porque así el pueblo eligió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe respetar», enfatizó.
La gobernante afronta una crisis legal y política a raíz de las investigaciones fiscales abiertas en su contra, por presunta corrupción y genocidio, entre otros cargos, y un criticado manejo del gobierno que le ha generado una impopularidad de 88 %.
En las últimas semanas, ha sido denunciada por lucir costosas joyas supuestamente prestadas por un acaudalado gobernador regional, mientras que su gobierno afronta una crisis económica que aún no ha logrado paliar, así como un incremento de la inseguridad ciudadana que es muy criticado por la ciudadanía.
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