La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes una ley especial para la construcción de centros penales en El Salvador, en momentos en que las autoridades de Seguridad realizan capturas masivas de supuestos miembros de pandillas como una medida en el marco de un régimen de excepción.
La Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios fue propuesta por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, y fue aprobada con dispensa de trámite, es decir sin análisis ni discusión parlamentaria, con los votos de 64 diputados de 84 en la Asamblea.
La normativa, según el decreto leído en sesión plenaria, busca «establecer el marco regulatorio para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad», que se prevé que aumente con las detenciones en el marco del estado de excepción aprobado tras una escalada de homicidios a finales de marzo.
Los legisladores aprobaron que las construcciones de cárceles no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece controles.
Uno de estos es que no pueden ser contratistas del Estado los miembros del Consejo de Ministros, funcionarios y empleados públicos y municipales.
La LACAP contiene las normas básicas que regulan las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, que la administración púbica deba celebrar para la consecución de sus fines.
La legislación aprobada también permite la expropiación de inmuebles, en caso de que los propietarios se nieguen a llegar a un acuerdo de venta con el Gobierno en las zonas señaladas para construir cárceles.
El diputado oficialista Caleb Narravo dijo, citando datos de la Dirección de Centros Penales, que actualmente la población penitenciaria del país centroamericano es de 13.762 internos, sin especificar cuántos de estos son miembros de pandillas.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta del presidente Nayib Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos.
También fue aprobado un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel «cualquier manifestación» que aluda al «control territorial» de las pandillas.
El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación «la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población».
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