«Renuencia a la vacuna», «desinformación sobre la vacuna» y «denigración de la vacuna» son términos que han causado muchos problemas a algunos médicos que han cuestionado el discurso de los principales medios de comunicación, las grandes farmacéuticas, las grandes empresas tecnológicas y los políticos de que las vacunas COVID son «seguras y eficaces».
El Dr. Wade Hamilton, cardiólogo pediátrico, dijo a The Epoch Times que solo seguía su juramento hipocrático cuando no sugirió la vacuna contra el COVID-19 a una niña que ya se había contagiado previamente y que, por tanto, posee inmunidad natural.
Con voz desapasionada, dijo que alrededor del 1 de enero tuvo que dejar de trabajar, en parte relacionado con un ataque a su licencia.
«A nadie le gusta tener en su oficina a gente atacada por la Junta de Medicina», dijo Hamilton.
«En general, en medicina, eso no se ha hecho nunca en la historia —dar a alguien una vacuna o una inyección a la que ya tiene inmunidad natural— ya que no hay ningún beneficio y hay un riesgo potencial significativo».
En septiembre del año pasado, la Junta Americana de Medicina Interna (ABIM) emitió una declaración en la que amenazaba a los médicos que «proporcionan desinformación» sobre las vacunas contra el COVID-19, sin definir lo que implica la «desinformación».
«La Federación de Juntas Médicas Estatales (FSMB), que apoya a sus juntas estatales de concesión de licencias médicas, ha emitido recientemente una declaración en la que afirma que proporcionar desinformación sobre la vacuna COVID-19 contradice las responsabilidades éticas y profesionales de los médicos y, por lo tanto, puede someter a un médico a acciones disciplinarias, incluida la suspensión o revocación de su licencia médica. American Board of Family Medicine (ABFM), American Board of Internal Medicine (ABIM) y American Board of Pediatrics (ABP) apoyamos la posición de la FSMB. También queremos que todos los médicos certificados por nuestras juntas sepan que esa conducta poco ética o poco profesional puede hacer que sus respectivas juntas tomen medidas que podrían poner en riesgo su licencia», dice la declaración.
Hamilton continuó: «En otras palabras, no se le permite tener una opinión distinta a la de la Junta de Medicina».
«Consideré la relación riesgo-beneficio. Y en ese momento, el riesgo de morir de COVID para cualquier niño era estadísticamente, esencialmente cero. Casi no había muertes de niño por COVID. Y sin embargo… no hay información sobre la seguridad [de la vacuna]. Así que para dar una vacuna de ARNm que es una tecnología no probada y en términos de prevención de enfermedades sin ninguna justificación real para una persona joven, pensé que la relación riesgo-beneficio favorecía o no vacunar».
«A lo largo de mi carrera he obtenido muchos permisos para procedimientos invasivos que iba a realizar… y no estoy dispuesto a renunciar, o no creo que nadie deba renunciar, al consentimiento informado y al dicho de ‘no hacer daño’, así que esas dos cosas son básicas en mi concepto de la medicina, y por eso no estaba dispuesto a hacer lo que decía la junta».
«Saltarse el consentimiento informado en el caso de las vacunas experimentales de COVID no puede justificarse y demuestra una falta de respeto por el paciente y por los principios de la medicina establecidos desde hace años», dijo Hamilton.
Hamilton concedió una exención médica para la vacuna en un caso, y dice que algunos psiquiatras presentaron una queja contra él por «denigrar la vacuna».
Como resultado, ahora tiene que pagar 5700 dólares por una prueba neuropsicológica.
«No es un test de verdadero-falso, tiene que ver con la interpretación de tus respuestas. Estoy pagando 5700 dólares, y ellos son los que estipulan quién hace la prueba. Y ese es el grupo que siempre utilizan para estas pruebas. Así que siento que están en una situación adversa, en lo que a mí respecta, no es probable que sean tan objetivos como yo esperaría. Si pudiera hacer las pruebas con alguien que yo eligiera, estaría dispuesto a hacerlo. Pero no están de acuerdo con eso».
«Dejé de trabajar desde que me exigieron la vacuna para trabajar en el hospital, lo que personalmente no quería. Y también dejé de trabajar por el hecho de que la Junta de Medicina está tratando de dirigir todo el espectáculo», dijo Hamilton.
El Dr. Paul Gabriel Gosselin D.O. tuvo cuatro quejas presentadas contra él por parte de profesionales de la salud por escribir cartas de exención de la vacuna contra el COVID-19 para varios profesionales de la salud, «difundir desinformación» sobre la COVID y promover el uso de medicamentos que no se consideran apropiados para el tratamiento del COVID-19.
Dijo que su licencia fue suspendida «urgentemente» justo antes de Acción de Gracias.
«Fui el primer médico del país al que se le suspendió la licencia por desinformación. Se supone que las suspensiones de emergencia están reservadas a los médicos u otros proveedores de servicios médicos que suponen una amenaza directa e inmediata para el público», dijo Gosselin a The Epoch Times.
«Esto suele significar que los pacientes han muerto, han sido acosados o han resultado gravemente heridos por un cuidador. Las noticias estatales y nacionales reportaron inicialmente que estaba cometiendo fraude, engaño, desinformación, incompetencia médica y la infracción disciplinaria generalizada conocida como ‘conducta no profesional’. Una suspensión de emergencia significa que toda mi base de pacientes, incluidos los enfermos de cáncer, adictos y los enfermos crónicos, se quedaría sin médico en un momento en el que Maine había sacado del sistema médico a los buenos médicos que no querían recibir la peligrosa vacuna y que no estaban dispuestos a vender a los pacientes para mantener sus puestos y licencias».
«Quitarle a un médico la capacidad de ejercer tras años de lucha y sacrificio puede ser una pérdida, pero mantener la licencia a costa del bienestar de tus pacientes desafía la lógica y los principios éticos médicos básicos. Se podría decir que estás vendiendo tu alma por 30 monedas de plata», afirmó Gosselin.
El Dr. James Thorp está certificado en obstetricia y ginecología, así como en medicina materno-fetal, y ha practicado la obstetricia durante más de 42 años.
Está muy decepcionado con las instituciones que recomendaron la vacuna a las mujeres embarazadas, y dice que ha visto muchos más casos de muertes fetales y abortos espontáneos dentro de las madres desde el despliegue de las vacunas contra el COVID-19.
«No tiene precedentes en la historia de la obstetricia que [las diferentes instituciones responsables] violen el eterno mandamiento y la regla de oro del embarazo: ‘nunca jamás utilices un nuevo fármaco o vacuna en el embarazo sin [tener] años de experiencia y una amplia experiencia de seguridad a largo plazo y datos sobre los resultados del embarazo’. Nunca hubo ninguna investigación creíble que documentara la seguridad en el embarazo antes de su despliegue y ha habido muchas luces rojas parpadeantes de nuestras herramientas de farmacovigilancia que han sido descaradamente ignoradas y desestimadas», dijo Thorp a The Epoch Times.
Thorp también envió a The Epoch Times una carta que recibió de la Junta Americana de Obstetricia y Ginecología (ABOG) en la que dicen que si algún médico comparte lo que ellos llaman desinformación sobre el COVID-19, «pueden someter al médico a acciones disciplinarias, incluyendo la suspensión o revocación de su licencia médica».
Otro médico especialista en medicina materno-fetal habló con The Epoch Times bajo la condición de anonimato. «Simplemente no puedo creer la forma en que las juntas médicas han amenazado a los médicos. Me resulta impactante. Crecí en el comunismo. Todo esto es inquietante», dijo el médico.
«Practicar la medicina en una época en la que no se puede cuestionar la evidencia que pueden ver claramente en sus pacientes es una tiranía médica. Simple y llanamente. Una orden de mordaza como ésta está sacada directamente del clásico 1984 de George Orwell», dijo a The Epoch Times la doctora Christiane Northrup, exmiembro del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología.
El Dr. Michael Huang, especialista en medicina familiar de California, dice que ha estado emitiendo miles de exenciones médicas de pacientes a las que se les había negado en otros lugares. Su oficina se vio inundada de llamadas y correos electrónicos de personas de otros estados e incluso de otros países que pedían exenciones de mascarillas y vacunas, incluyendo bomberos y enfermeras.
El 17 de agosto, la junta médica estatal emitió un comunicado en el que animaba a la gente a denunciar a los médicos que «conceden exenciones de mascarilla de forma inapropiada» y advertía de que los médicos podrían enfrentarse a «medidas disciplinarias» por emitir exenciones «sin realizar un examen apropiado y sin encontrar una razón médica legítima que apoye dicha exención».
Dijo a The Epoch Times que está siendo investigado y que recientemente tuvo una entrevista en la que estuvieron presentes dos fiscales del distrito y un investigador.
«Tuve que llevar a mi abogado conmigo. Pasé dos o tres horas allí», dijo Huang.
«Es el empleador el que está siendo alentado por la Junta Médica para que me denuncie a mí y a otros médicos, así que básicamente están creando un ambiente en el que si el paciente necesita la exención, no puede obtenerla de sus médicos porque todos tienen un miedo mortal a perder su licencia».
Con información de Brad Jones.
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