El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este martes una nueva resolución contra Nicaragua en la que se condena la represión en el país, el acoso a activistas y cooperantes con la ONU, y se pide al régimen de Daniel Ortega que permita las protestas pacíficas contra el régimen.
La resolución, presentada a propuesta de ocho países americanos, se aprobó con 20 votos a favor, 18 abstenciones y ocho en contra, entre estos últimos los de Venezuela, Cuba, Bolivia, Rusia y China.
La delegación colombiana, en representación de los promotores de la resolución (Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, la propia Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), destacó que el texto busca «contribuir a la solución de la delicada situación en Nicaragua», que «se ha exacerbado por la pandemia y los desastres naturales».
A la vista de la resolución e informes previos del Consejo críticos con Nicaragua, Colombia urgió al régimen nicaragüense a que «coopere con las organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y acepte sin dilaciones la asistencia humanitaria».
La delegación austríaca, en nombre de los países de la Unión Europea, que mostraron su apoyo a la resolución, denunció la continuidad de los «actos de intimidación, acoso, detenciones y vigilancia arbitrarias a opositores políticos, periodistas y sociedad civil en Nicaragua».
Una situación que en opinión de los países europeos ha empeorado con recientes reformas del código penal nicaragüense y otras instancias legales, como señaló también el texto de la resolución.
Ésta muestra «grave preocupación por las continuas noticias de violaciones de derechos humanos, abusos e impunidad desde abril de 2018, con persistente prohibición de manifestaciones públicas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía para reprimir las protestas, y actos de violencia de grupos armados».
El texto denuncia las restricciones al espacio cívico, con intimidación, acoso y vigilancia ilegal de defensores de derechos humanos, «también en el contexto de la pandemia de COVID-19».
Por ello, la resolución urge al régimen nicaragüense a «abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica», y le pide «liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente».
Por parte nicaragüense intervino en el Consejo de Derechos Humanos el asesor presidencial Paul Oquist, uno de los individuos sancionados por Estados Unidos a raíz de la actual crisis política, quien tachó la propuesta de «politizada y basada en grandes mentiras que reflejan las posiciones de golpistas».
Los representantes de Venezuela y Cuba apoyaron al régimen nicaragüense.
Y México, pese a votar a favor de la resolución, lamentó que ésta no reflejara la colaboración que Nicaragua ha tenido con agencias de la ONU para luchar contra la COVID-19 y atender a los afectados por los huracanes que afectaron a Centroamérica el pasado año.
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