El Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, expresó este miércoles su respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y pidió «restablecer el orden público» en el país, convulsionado por una grave crisis política y social.
«Respaldamos al gobierno constitucional para restablecer de inmediato el orden público dentro de los parámetros que exige un Estado Constitucional y democrático de derecho con el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas», señaló un comunicado difundido por la Presidencia de Perú pasada la medianoche de este miércoles, al término de una reunión del Consejo de Estado.
Este organismo está conformado por los presidentes y máximos representantes del Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Jurado Nacional de Elecciones.
Perú afronta desde el fin de semana pasado una escalada de protestas y manifestaciones violentas, que en numerosos casos han desencadenado en actos vandálicos, que han dejado hasta el momento siete fallecidos en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa, además de unos 130 policías heridos.
El ministro de Defensa, Álberto Otárola, anunció este martes que el gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones, desatadas por el fallido golpe de Estado que motivó la destitución del expresidente Pedro Castillo.
Al respecto, el Consejo de Estado expresó su rechazo a «los actos y medios violentos que ponen en peligro la vida e integridad de peruanos y peruanas, que afectan la propiedad pública y privada, así como la adecuada prestación de los servicios públicos, los que serán materia de una diligente investigación a cargo del sistema de justicia».
«Exhortamos a los ciudadanos y ciudadanas a canalizar sus demandas, preocupaciones y propuestas a través de los canales democráticos y procesos de diálogo que para tal efecto promoverá el Poder Ejecutivo», añadió el comunicado.
Los representantes de los poderes del Estado también convocaron a la sociedad civil «a un diálogo político permanente» y lamentaron «la pérdida de vidas humanas ocurridas en Apurímac y Arequipa como consecuencia de los actos violentos».
Tras expresar sus «más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas», anunciaron que se declara «en sesión permanente al Consejo de Estado».
Al referirse a las protestas, el ministro Otárola aseguró que son una «asonada atizada por profesionales que han trabajado» para conseguirlo «desde hace mucho tiempo» y sostuvo que tienen «plenamente identificadas a las personas que están trabajando contra el estado de derecho en el país».
El ministro agregó que unas 8.000 personas participan en las protestas a nivel nacional, mientras que el último reporte policial indicó que hay cortes de carreteras en 14 de los 24 departamentos de Perú.
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