El 22 de junio, el Consejo de la ciudad de Seattle votó unánimemente para revocar sus leyes sobre tráfico de drogas y merodeo con fines de prostitución.
Los proyectos gemelos pasarán a manos de la alcaldesa Jenny Durkan, pero un portavoz dijo que la funcionaria no tuvo la oportunidad de revisar la legislación por lo que todavía no fueron firmados, según The Seattle Times.
Los proyectos de ley buscan eliminar las ordenanzas del Código Municipal de Seattle (SMC) que abordan el merodeo de los presuntos traficantes de drogas y prostitutas.
La ordenanza sobre merodeo en la prostitución (pdf) dice: «Una persona es culpable de merodeo en la prostitución si permanece en un lugar público y solicita, induce, seduce o procura intencionadamente a otra persona para que ejerza la prostitución».
La ordenanza de merodeo del tráfico de drogas (pdf) dice: «Una persona es culpable de merodeo de tráfico de drogas si permanece en un lugar público y solicita, induce, seduce o procura intencionadamente que otra persona se involucre en una conducta ilegal contraria al capítulo 69.41, 69.50, 69.52 RCW [Revised Code of Washington]».
La Fiscalía de la ciudad de Seattle presentó menos de 300 cargos tanto por merodeo de tráfico de drogas como por merodeo de prostitución desde 2009, según un análisis de The Seattle Times.
Recomendaciones del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo Seattle Reentry, un grupo de trabajo convocado por la alcaldesa de la ciudad y la Oficina de Derechos Civiles de Seattle de desarrollo de políticas y estrategias para ayudar a las personas anteriormente encarceladas a reintegrarse a la sociedad, recomendó la derogación de la ordenanza en 2018. El informe del grupo para el 2018 (pdf) decía que el «Consejo de la Ciudad debería eliminar del código penal de la ciudad el merodeo del tráfico de drogas y el merodeo de la prostitución».
El proyecto de ley para revocar la ordenanza de merodeo del tráfico de drogas de Seattle fue presentado por el concejal demócrata, Andrew J. Lewis (Distrito 7), y el fiscal de la ciudad de Seattle, Peter Holmes. El proyecto de ley para revocar la ordenanza de merodeo de la prostitución fue presentado por los concejales de izquierda, Lewis y Alex Pedersen (Distrito 4) y Tammy J. Morales (Distrito 2).
Lewis dijo en un comunicado que la ordenanza de merodeo de tráfico de drogas «tiene una historia racista e históricamente criminalizó el «pasar el rato» simplemente porque alguien parecía traficar con drogas, permitiendo el perfil racial y la criminalización de las comunidades de color».
«Estamos en una época diferente en la que los legisladores ya no participan en las políticas de ‘guerra y drogas’, y en su lugar miran la adicción a las drogas a través de un lente de salud pública», añadió Lewis.
Un anuncio del consejo de Seattle del 15 de junio dice: «La ley de merodeo del tráfico de drogas fue adoptada en la década de 1990 en respuesta a la Guerra contra las Drogas y a un manejo del uso y tráfico de drogas centrado en el encarcelamiento».
«Un arresto por merodeo del tráfico de drogas se produciría cuando un sospechoso se encuentra en un lugar público y se piensa que está solicitando a otra persona que viole las leyes sobre delitos graves de drogas, pero cuando fuera aprehendido, no tuviera drogas en su poder», continúa el anuncio. «Sin pruebas del delito subyacente, la policía arrestaría, en cambio, a una persona por merodear».
En un anuncio aparte en el sitio web del Consejo de Seattle el 22 de junio, Lewis dijo que la ordenanza de merodeo de la prostitución «tiene un legado discriminatorio que impactó principalmente a las personas de color, las mujeres y nuestra comunidad LGBTQ».
Morales dijo en un comunicado que al revocar la ordenanza de merodeo de la prostitución de la ciudad, «nos aseguramos que los delincuentes de drogas y los trabajadores sexuales serán tratados humanamente y no criminalizados».
El informe del Grupo de Trabajo Seattle Reentry de 2018 dijo que la ordenanza de merodeo de la prostitución de la ciudad «apunta a individuos en la industria del sexo comercial, un grupo que ya está en alto riesgo de tráfico, abuso y otra explotación».
El grupo de trabajo sostiene que la incorporación de esas personas al sistema jurídico penal «solo exacerbará las necesidades subyacentes no satisfechas y las expondrá a mayores daños físicos y sexuales causados por el encarcelamiento». El grupo dijo en su informe que en otras ciudades con ordenanzas similares, «los datos han demostrado que estas ordenanzas afectan desproporcionadamente» a las personas de color.
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