El Ayuntamiento de Nueva York presentó un aviso de apelación el lunes, buscando revocar un fallo reciente que declaró inconstitucional una ley de 2022 que les permitía a los “no ciudadanos” votar en las elecciones municipales.
La apelación se presentó ante la Corte Suprema del estado en un intento por restablecer la controvertida legislación, la Ley Local 11, que ha sido impugnada por legisladores republicanos desde su inicio.
“Empoderar a los neoyorquinos para que participen en nuestro proceso democrático local solo puede fortalecer a la ciudad de Nueva York aumentando el compromiso cívico”, dijo el lunes el portavoz del consejo de la ciudad de Nueva York, Rendy Desamours, en un comunicado anunciando la presentación.
El mes pasado, la División de Apelaciones del Segundo Departamento Judicial de Nueva York confirmó la decisión de un tribunal inferior que consideraba inconstitucional la ley, asestando un golpe a sus defensores demócratas y activistas pro-inmigrantes ilegales que buscaban crear una nueva clase de votantes.
La ley fue aprobada por el consejo de la ciudad de Nueva York en diciembre de 2021, pero el entonces alcalde Bill de Blasio se negó a firmar o vetar el proyecto de ley antes de dejar el cargo. El alcalde recién electo, Eric Adams, también se negó a firmar o vetar el proyecto de ley dentro de los 30 días posteriores a su aprobación y, por lo tanto, según la ley estatal, la legislación se consideró adoptada en 2022.
La Ley Local 11 tenía como objetivo otorgar derechos de voto a aproximadamente 800,000 “no ciudadanos” elegibles que poseen ciertas visas y autorizaciones. Crearía una nueva clase de votantes llamados “votantes municipales” que podrían emitir su voto en las elecciones municipales para los cargos de alcalde, defensor público, contralor, presidente municipal y concejal.
En concreto, el llamado «votante municipal» se definiría como una persona que no es ciudadana estadounidense y cumple ciertos criterios, como ser residente legal permanente o estar autorizado a trabajar en el país, ser residente en la ciudad de Nueva York desde hace al menos 30 días, y podría registrarse o preinscribirse para votar si tuviera la ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, la ley ha enfrentado una firme oposición de votantes, funcionarios y legisladores republicanos, incluido el presidente del condado de Staten Island, Vito J. Fossella, el miembro del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Joe Borelli, y la representante federal Nicole Malliotakis. En enero de 2022 impugnaron la legalidad de la Ley Local 11.
Argumentaron con éxito que la ley diluiría el grupo de ciudadanos estadounidenses, dado que los no ciudadanos constituirían el 15 por ciento o más del electorado en futuras elecciones bajo la ley.
Sus esfuerzos culminaron en un fallo del juez de la Corte Suprema de Staten Island, Ralph Porzio, en junio de 2022, que consideró que la ley violaba las leyes electorales estatales que reservan el derecho de voto exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses.
La administración del Sr. Adams, que había estado defendiendo la ley, apeló inmediatamente la decisión del juez Porzio. A pesar de sus esfuerzos, la división de apelaciones de la Corte Suprema para el Segundo Departamento Judicial de Nueva York rechazó la apelación el mes pasado, confirmando el fallo del juez Porzio.
“Determinamos que esta ley local fue promulgada en violación de la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley de Autonomía Municipal y, por lo tanto, debe ser declarada nula y sin efecto”, escribió el juez asociado Paul.
Para llevar el caso más lejos, Desamours dijo el lunes que la presentación de la ciudad ante el tribunal de apelaciones busca una decisión sobre si la ley es “consistente con la Constitución estatal, la Ley electoral y la Ley de autonomía municipal”.
Activistas de la coalición Nuestra Ciudad, Nuestro Voto, que intervinieron en el caso, celebraron el lunes una concentración en la escalinata del ayuntamiento para apoyar la presentación de la demanda. Entre los grupos que se unieron a la protesta se encontraban miembros de Chinese for Affirmative Action, MinKwon Center for Community Action, United Neighborhood Houses, The Black Institute y las concejales Shahana Hanif, del distrito 39, y Alexa Aviles, del distrito 38.
El Concejo de la Ciudad de Nueva York está redoblando su defensa a la ley, argumentando que los no ciudadanos que residen legalmente en la ciudad deberían tener derecho a votar, dadas sus contribuciones a través de impuestos y participación comunitaria.
La presentación del consejo se produce tras una notificación de apelación separada presentada por abogados de la firma de abogados sin fines de lucro LatinoJustice el viernes pasado instando a la Corte de Apelaciones del Estado a revocar el fallo del juez Porzio.
Los grupos que defienden a los inmigrantes ilegales han acogido con agrado que estos llamamientos alcancen otras instancias.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, dijo que “los inmigrantes son la columna vertebral de la economía de Nueva York”, pero carecen de derecho a votar en la toma de decisiones locales a pesar de pagar impuestos.
«La legislación Nuestra Ciudad, Nuestro Voto debía cambiar eso, dando a casi un millón de neoyorquinos con estatus de residencia permanente o autorizaciones de trabajo la oportunidad de votar en las elecciones municipales», dijo en un comunicado el lunes.
Sin embargo, los críticos, entre ellos la congresista Malliotakis, se mantienen firmes en su oposición a la ley, citando preocupaciones sobre la integridad de las elecciones y el gasto de los contribuyentes en batallas legales.
«No hay nada más importante que proteger la integridad de nuestras elecciones», declaró Malliotakis el pasado viernes, después de que LatinoJustice presentara su recurso.
La Sra. Malliotakis instó a la ciudad de Nueva York a centrarse en las necesidades apremiantes de sus residentes, «que se enfrentan a tantos problemas de calidad de vida y seguridad pública», en lugar de malgastar los fondos de los contribuyentes para interponer un recurso.
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