La reciente acusación de la fiscal general demócrata Dana Nessel contra 16 electores del GOP de 2020 debidamente elegidos ha hecho lo que muchos creían imposible. Ha unificado a los republicanos de Michigan.
Votantes republicanos de base, funcionarios de bajo y alto nivel del partido, cargos electos locales, legisladores estatales y miembros del Congreso están expresando su indignación por la acusación de la Sra. Nessel contra los 16 por múltiples cargos de fraude y falsificación por intentar presentarse como una lista alternativa de electores presidenciales ante el Congreso, ya que ese órgano certificó el 6 de enero de 2021 el resultado de las elecciones.
En una rueda de prensa —convertida en mitin— celebrada el 19 de julio en el condado de Macomb, un votante llamado Peter dijo a The Epoch Times: «He visto de primera mano las tácticas del régimen comunista en mi Polonia natal».
«Las acusaciones de Nessel están diseñadas para asustar a sus oponentes políticos. Quiere que nos callemos. No se opongan al régimen. Y si apoyas a Trump, vamos por ti.
«Estoy con Trump al 100%. Está intentando advertir a la gente del enemigo interior».
Un gesto de «buena fe»
El representante estatal Josh Schriver (R-Oxford) asombró a muchos en la concurrida rueda de prensa cuando retó al presidente Joe Biden a indultar al expresidente Donald Trump para disipar de una vez por todas cualquier acusación de injerencia electoral por parte del gobierno de Biden.
Tanto en sus comentarios orales como en una declaración escrita, el legislador también dijo: «Como un matón de la mafia, Dana Nessel está utilizando a 16 residentes de Michigan para ‘enviar un mensaje’ a quienes busquen soluciones legales contra la corrupción electoral sistémica, induciendo el miedo a ser perseguidos y procesados por un sistema de «justicia» armado en forma de usar el derecho para atacar a un rival».
El Sr. Schriver dijo al público: «No me siento intimidado».
Advirtió a la multitud: «Si no hacemos algo ahora, seremos los siguientes».
Su llamada a la acción incluía que la gente se pusiera del lado de los 16 electores para ayudarlos con sus gastos legales mediante donaciones a través de crowdfunding y otros medios.
El Sr. Schriver dijo que si la Sra. Nessel no cesa en su persecución, espera que un gran número de personas protesten pacíficamente «hasta que se restablezca el Estado de derecho».
Una muestra de desafío
Cuando se le preguntó por qué había acudido a una rueda de prensa convocada apresuradamente a las 5 de la tarde de un miércoles, una mujer del condado de Macomb dijo: «Estamos aquí para enviar a Nessel el mensaje de que no tenemos miedo. Hay que poner fin a la tiranía de intentar asustar a la gente para impedir que hagamos preguntas y expresemos nuestras opiniones».
«Si consiguen silenciarnos, ya no tendremos país».
Diane Saber, delegada del distrito electoral del condado de Macomb, dijo que sospecha que la Sra. Nessel está realizando un ataque por la espalda a la forma en que los estadounidenses eligen a su presidente.
«Tenemos un Colegio Electoral. Sé que a los izquierdistas les gustaría pasar a un sistema de voto popular. Desprecian descaradamente la Constitución», dijo.
Los partidarios de Trump en el punto de mira
Melissa Pehlis, miembro del comité del Distrito Nueve del Congreso, declaró a The Epoch Times: «El régimen comunista de Michigan está intentando callar a nuestro pueblo. Eso significa cualquiera que apoye a Trump».
Su comité aprobó una resolución condenando las acusaciones de Nessel como una «persecución descaradamente política» y un esfuerzo por intimidar a los oponentes políticos de su partido bajo la «apariencia de legalidad».
La resolución decía que los 16 electores «sólo deseaban presentar la documentación necesaria para preservar la capacidad del presidente Trump de cumplir los plazos legales en caso de que prosperaran sus recursos judiciales [contra los resultados de las elecciones]».
Una situación similar se produjo durante las elecciones presidenciales de 1960 entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard M. Nixon en Hawai, contienda en la que los demócratas presentaron una lista alternativa de electores a pesar de que se certificó que el Sr. Nixon había ganado el estado por 140 votos.
No hubo acusación ni conclusión de delito en ese caso.
En ese caso, el juez dijo que la lista alternativa demócrata preservaba el derecho a que se contaran finalmente los votos electorales del Sr. Kennedy.
Tras un recuento ordenado por el tribunal de los resultados anunciados, que inicialmente habían declarado al Sr. Nixon ganador del voto popular del estado y de tres votos electorales, se descubrió que el Sr. Kennedy, y no el Sr. Nixon, había ganado el estado por 115 votos.
Una acusación increíble
La resolución ridiculizaba lo que describía como el «absurdo argumento» de que los electores republicanos de Michigan pretendían en realidad embaucar al Congreso y a los Archivos Nacionales para que creyeran que el Sr. Trump había ganado el estado, en lugar de limitarse a cubrir sus bases legales en caso de que el Congreso o los tribunales emprendieran nuevas acciones legales que pudieran invertir el resultado.
El Comité del Noveno Distrito cuestionó el juicio de la Sra. Nessel al iniciar ella misma la acusación contra los electores cuando la fiscal general no había actuado al remitirle el caso.
«Instamos a los republicanos de todo Michigan a que se unan, dejen a un lado las diferencias mezquinas y se organicen enérgicamente contra este horrible error judicial».
La resolución del comité calificó a la Sra. Nessel de «fiscal general canalla», que merece ser investigada por destruir los derechos de los ciudadanos.
En una declaración difundida a la prensa el 18 de julio, la Sra. Nessel declaró: «Las acciones de los falsos electores socavaron la fe del público en la integridad de nuestras elecciones y, creemos, también violaron claramente las leyes.
«Las pruebas demostrarán que no había autoridad legal para que los falsos electores pretendieran actuar como ‘electores presidenciales debidamente elegidos’ y ejecutaran los documentos electorales falsos».
Los estatutos penales de Michigan exigen que, para probar la culpabilidad, el fiscal demuestre que el acusado tenía intención de perjudicar y defraudar a alguien.
El presidente del GOP del condado de Macomb, Mark Forton, dijo en la reunión que la Sra. Nessel conoce la ley y sabe que los 16 electores republicanos fueron elegidos legalmente para el cargo, en gran medida honorífico.
«Sabe que no pueden cambiar el resultado de las elecciones y que, si lo hicieran, otra persona tendría que cambiarlo», dijo.
No culpables pero quebrados
El Sr. Forton declaró que la Sra. Nessel es responsable de una «parodia de justicia».
Dijo que espera que los 16 acusados «sean declarados inocentes, pero queden arruinados económicamente».
«¿Quién indemniza a una persona?», preguntó.
Cuando un periodista preguntó a Forton qué tenía que decir a la gente que está de acuerdo con la Sra. Nessel, aconsejó a esas personas que se familiarizaran con la Constitución y la ley.
«Nos interesa lo que es verdad y lo que es correcto», dijo.
Eddie Kabacinski, miembro del consejo municipal de Warren, dijo que no tiene miedo. Este veterano de 17 años del ejército, que sirvió en el Golfo Pérsico y en Somalia como policía militar, dijo que reconoce «la interferencia electoral y la intimidación de los votantes» cuando las ve.
«Para mí está claro que el gobierno de Michigan está intentando que la gente se preocupe por lo que puedan hacerles el secretario de Estado y el fiscal general», declaró Kabacinski.
Uso como arma política de la ley
Malinda Pego, copresidenta del Partido Republicano de Michigan, estuvo en la rueda de prensa.
La Sra. Pego declaró a The Epoch Times: «Lo único que queremos es responsabilidad en el gobierno y que éste respete nuestros principios fundacionales. Si se toleran sus abusos o se permite que queden sin control, el poder del gobierno se volverá contra nosotros.
«Queremos vivir sin miedo a que nuestras leyes sean usadas como arma y al abuso de poder».
Tom Mitchell, residente en el condado de Macomb, cree que la Sra. Nessel está utilizando las acusaciones y sus penas de entre 5 y 14 años de prisión para presionar a los electores, cuya edad media es de 69 años, para que se derrumben y vuelvan de algún modo las pruebas del Estado contra el Sr. Trump.
«Es una acusación maliciosa, una extralimitación y es coercitiva», dijo el Sr. Mitchell.
Un portavoz de la congresista Lisa McClain (R-Romeo) leyó una declaración de la congresista, que decía en parte: «Tenemos un sistema judicial de dos niveles en este país. Desde el nivel federal y ahora hasta el nivel estatal, la izquierda radical ha convertido en delito ser republicano».
«Este último ataque de nuestra fiscal general de extrema izquierda, Dana Nessel, que ha pisoteado continuamente el Estado de Derecho, es teatro político en su peor expresión».
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