ROMA – El tráfico de órganos fue el tema central de dos audiencias celebradas el 16 de diciembre en la Cámara de Diputados. Una se centró en el fenómeno de la sustracción forzada de órganos en China, y la otra en el tráfico mundial de órganos.
El Parlamento Italiano anunció las audiencias virtuales ante las Comisiones Mixtas de Justicia y Exterior, “en el marco del examen de referencia del proyecto de ley” que permitirá ratificar y ejecutar “el Convenio del Consejo Europeo contra el tráfico de órganos humanos, realizado en Santiago de Compostela el 25 de marzo de 2015”, así como la normativa interna.
El tráfico de órganos es un «fenómeno que existe en todas partes», dijo la directora de Calidad de las Drogas y Atención de la Salud de la Secretaría General del Consejo de Europa, Susanne Keitel. «Hay una gran demanda de órganos en todas partes y el mismo fenómeno está presente en diferentes países», destacó.
Sin embargo, Carlos Iglesias, representante legal de la organización no gubernamental Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos (DAFOH), subrayó que el fenómeno en China es aún más preocupante que en el resto del mundo, ya que está gestionado directamente por el Estado y no tiene una finalidad exclusivamente económica.
«No es solo algo económico, el propósito es erradicar y acabar con todos aquellos que por sus creencias o simplemente porque no abrazan el pensamiento único del Partido Comunista Chino, son perseguidos, estas personas son perseguidas y se intenta exterminarlos a través de la sustracción de órganos», dijo Iglesias.
El abogado español pidió a los parlamentarios italianos que «protejan al pueblo italiano, informando a la población que no participe sin conocimiento o haciendo caso omiso de estas atrocidades». Además recomendó que establezcan un observatorio independiente sobre el tráfico de órganos en Italia y que inicien una «colaboración internacional para tratar de detener estas prácticas atroces que se están llevando a cabo en China».
Durante su participación, el diputado Vito Comencini, miembro por La Lega, calificó las declaraciones de DAFOH como una «denuncia muy importante que refrenda la necesidad de adoptar medidas más estrictas y fuertes para combatir el tráfico ilegal de órganos».
«Lamentablemente, muchos medios de comunicación no suelen hablar de estos aspectos, que conciernen precisamente al régimen comunista chino», añadió.
Finalmente, Comencini señaló que la sustracción forzada de órganos en China también plantea la cuestión política de «las relaciones con el régimen comunista chino, que también en este caso muestra su cara malvada y peligrosa hacia Occidente, así como la salud de sus propios ciudadanos».
La honorable Laura Boldrini, presidente de la Cámara de Diputados en Italia, presente en la audiencia, destacó que «realmente asusta saber que en China esta práctica está tan extendida y también se utiliza de alguna manera con una agenda política, por lo que encuentro todo esto realmente aterrador».
Varios parlamentarios también preguntaron a los médicos de DAFOH sobre el número de víctimas de la sustracción forzada de órganos en China, la mayoría de las cuales son presuntamente prisioneros de conciencia: practicantes de Falun Dafa, práctica espiritual también conocida como Falun Gong, budistas tibetanos, uigures o disidentes políticos.
La Dra. Katerina Angelakopoulou, miembro de DAFOH, explicó que actualmente es imposible determinar el número exacto de víctimas de la sustracción forzada de órganos en China, debido a la dificultad de realizar investigaciones independientes en el país, pero señaló que en una encuesta reciente basada en datos recogidos en hospitales chinos se estima que cada año se realizan varias decenas de miles de trasplantes no declarados, cuyos órganos en su mayoría solo pueden proceder de prisioneros del régimen.
Investigaciones sobre la sustracción forzada de órganos en China
Las investigaciones de la comunidad internacional sobre la sustracción forzada de órganos en China comenzaron en 2006, tras los inquietantes testimonios de supervivientes del cautiverio, el crecimiento exponencial de la industria china de trasplantes, los anormales tiempos de espera para obtener órganos en China y otras informaciones del país.
La primera investigación independiente que confirmó la existencia de este fenómeno fue realizada por David Matas, un abogado internacional de derechos humanos con sede en Winnipeg y nominado al premio Nobel de la Paz, y el abogado David Kilgour, exministro del gabinete de Canadá y secretario de Estado para Asia-Pacífico.
A los dos investigadores se les impidió viajar a China para investigar, pero basándose en testimonios, datos oficiales y una amplia variedad pruebas indirectas, que la sustracción forzada de órganos en China era una realidad y que las principales víctimas son muy probablemente los practicantes de Falun Dafa, una práctica de meditación que ha sido perseguida brutalmente por el Partido Comunista Chino desde 1999.
En 2007, Kilgour y Matas presentaron un informe actualizado titulado «Bloody Harvest: Revised Report on Allegations of Organ Harvesting from Falun Gong Practitioners in China» (Cosecha sangrienta: informe revisado sobre las denuncias de sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong en China), en el que se señalaba por primera vez estas atrocidades a la atención de la prensa y de la comunidad internacional.
Desde entonces, se han ido acumulando nuevas pruebas e investigaciones en todo el mundo. El 12 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo aprobó por unanimidad una resolución que «expresa su profunda preocupación por los continuos informes de fuentes fidedignas sobre episodios sistemáticos en la República Popular China, y autorizados por el Estado, de sustracción forzada de órganos de prisioneros de conciencia sin consentimiento, en particular de un gran número de seguidores del movimiento Falun Gong, encarcelados por sus creencias religiosas, así como de miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios».
El Parlamento italiano, el Congreso de Estados Unidos y los principales parlamentos de las democracias occidentales también han emitido resoluciones similares en los últimos 16 años. Sin embargo, estas atrocidades siguen sin recibir la atención adecuada.
En 2017, el cirujano chino Enver Tohti, que ahora vive en el Reino Unido, testificó ante un comité del Parlamento irlandés que había llevado a cabo personalmente una operación que implicaba la sustracción forzada de un órgano de un prisionero que todavía estaba vivo.
«Todavía estaba vivo», dijo Tothi, «pero yo no me sentía culpable en absoluto. De hecho yo parecía un robot programado para hacer su trabajo. Pensaba que estaba cumpliendo con mi deber de eliminar a un ‘enemigo del estado'».
Una investigación realizada en 2017 por la emisora surcoreana, Tv Chosun, mostró cómo funciona el llamado turismo de trasplante. Unos periodistas irrumpieron en un hospital de Tianjin, en el noreste de China, pidiendo información en nombre de un paciente surcoreano con una enfermedad renal que necesitaba un transplante. El camarógrafo filmó clandestinamente las conversaciones. El personal del hospital dijo que un órgano podría estar disponible en unas pocas semanas (mientras que en Occidente se tarda años), y que la espera podría ser aún más corta si la familia accedía a pagar más.
A lo largo de los años, investigadores independientes también han realizado numerosas investigaciones telefónicas sobre el fenómeno de la sustracción forzada de órganos en China y ha logrado logrado «extraer» numerosas confesiones involuntarias del personal médico de los hospitales chinos.
Una conversación tuvo lugar el 11 de noviembre de 2018 entre el Dr. Wang Zhiyuan -presidente de WOIPFG, quien se hizo pasar por el pariente de un paciente chino que necesitaba un transplante de hígado- y Peng Zhihai, director del Centro de Trasplante de Órganos y vicepresidente del Hospital General de Shanghai. Durante la conversación, Wang preguntó: «Tengo otra [pregunta]. Usan a los practicantes de Falun Gong como donantes, es decir, donantes sanos, ¿verdad?», en cuyo momento el director del Centro de Trasplantes, Peng, respondió: «Sin duda están sanos. ¡Cómo podría ser de otra manera!».
El 1 de marzo, un tribunal popular independiente, conocido como el Tribunal de China, emitió su fallo completo después de una investigación de 18 meses. Los miembros del panel revisaron la evidencia escrita y oral, incluido el testimonio de más de 50 testigos en dos audiencias públicas en diciembre de 2018 y abril de 2019.
En junio pasado, el tribunal emitió sus conclusiones en Londres, «El tribunal no tiene pruebas que apoyen que se haya desmantelado la gran infraestructura relacionada con la industria de los trasplantes de China; y, a falta de una explicación satisfactoria sobre la fuente de los órganos prefabricados, concluye que la sustracción forzosa de órganos continúa hasta el día de hoy».
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