Tras los resultados de las elecciones del pasado domingo en Brasil donde el candidato de izquierda Lula da Silva resultó electo por un mínimo margen de 1.8 puntos, continúan las manifestaciones y bloqueos en varias carreteras en Brasil en contra de los resultados.
Los bloqueos o cierres parciales en carreteras de todo el país por parte de distintos grupos de personas, incluidos camioneros, trabajadores rurales y simpatizantes del actual presidente Jair Bolsonaro comenzaron tras conocerse los resultados el mismo domingo 30 de octubre, según medios locales.
Lula ganó las elecciones del domingo con el 50.9 % de los votos, frente al 49.1 % de Bolsonaro, quien hasta el martes por la tarde permaneció en silencio sobre el resultado de las elecciones.
Este miércoles seguían las manifestaciones, cientos de personas se concentraron frente a las puertas de cuarteles militares en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro, para exigir una «intervención militar» en contra de la victoria electoral del líder de izquierda.
En Brasilia, los manifestantes salieron a las calles a pesar de las fuertes lluvias, vistiendo con los colores azul y amarillo y portando banderas del país, incluso algunos coreaban, “nuestra bandera nunca será roja”, según el medio local Otempo, en aparente alusión al comunismo.
En Río de Janeiro se aprecian a manifestantes que protestan pacíficamente, por la libertad, por la familia y por el país.
150 fueron los cierres de carreteras registrados en 15 estados este miércoles, según la Policía Federal de Carreteras de Brasil (PRF), informó el medio Jovem Pan. La PRF dijo que disolvió un total de 631 manifestaciones hasta el miércoles, en Twitter.
Por su parte, Anderson Torres, el ministro del Estado de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, dijo por la mañana que reiteraba la petición que hizo Bolsonaro un día anterior, respecto a “que las manifestaciones no obstaculicen el derecho de ir y venir de todos”, en Twitter.
El martes, algunos manifestantes que bloquearon la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, la ciudad más grande de América del Sur, mostraron su descontento por el resultado de las elecciones vestidos de los colores amarillo y verde y portando banderas de Brasil.
Los manifestantes marcharon con pancartas en contra de Luiz Inácio Lula da Silva, y el jefe del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, con consignas como “Fuera Alexandre Moraes». Algunos de ellos dijeron a Reuters que es el “mayor fraude en la historia electoral de Brasil”, aunque no hablaron de pruebas.
«Estamos aquí por nuestra democracia, por nuestra libertad, no por la promesa de conseguir un filete y cerveza. Somos demócratas, queremos libertad», dijo Jose Ferreira, un manifestante a la agencia.
Otro manifestante, Mario Silva dijo a la agencia: «No aceptamos a un ladrón como presidente. Los ladrones deben estar en la cárcel», refiriéndose a Lula quien fue condenado en 2018 por cargos de corrupción por las que pasó 580 días en prisión, en 2021 la Corte Suprema anuló las condenas por error de procedimiento.
Además, el mismo día en una carretera en Prudentópolis, Paraná, un grupo de personas se concentró para rezar en contra del aborto, la ideología de género y por un país sin comunismo.
El martes por la tarde, presidente Jair Bolsonaro se pronunció, tras casi tres días de silencio sobre los resultados de los comicios del pasado domingo, pero sin aludir a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, y aseguró que “seguirá siendo fiel a la Constitución”.
Respecto a las protestas, Bolsonaro dijo en su pronunciamiento que “los movimientos populares son fruto de indignación y sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral”.
Agregando que “las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas”, pero reforzó que sus métodos “no pueden ser los de la izquierda, que siempre perjudicaron a la población, como la invasión de propiedades, la destrucción de patrimonio” y no permitir “el derecho de ir y venir”.
El lunes por la noche, el ministro del TSE Alexandre de Moraes, determinó “el despeje inmediato de carreteras y vías públicas que están ilegalmente interrumpidas por el tráfico”, a través de un comunicado.
Además, ordenó a la Policía Federal de Carreteras (PRF) que a partir de la noche del 1 de noviembre actuara para disuadir las manifestaciones, y determinó que por “omisión e incompetencia”, la PRF podrá ser multada por 100,000 reales (19,440 dólares) en carácter personal, con la posibilidad de remoción de sus funciones e incluso arresto en acto de desobediencia, según el comunicado.
Moraes también estipuló una multa de 100,000 reales por hora para los propietarios de camiones que estén siendo utilizados en atascos, obstrucciones o interrupciones en carreteras.
Con información de EFE.
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