La Corte Suprema de Florida dictaminó que los delincuentes condenados deben pagar multas y otros cargos relacionados con sus sentencias antes de recuperar el derecho a voto.
La Corte emitió una opinión consultiva (pdf) el jueves dictaminando que la frase «todos los términos de la sentencia», bajo la Constitución de Florida, abarca todas las obligaciones ordenadas por un tribunal de sentencia, incluyendo las financieras, tales como multas, restitución, costos y honorarios.
La Corte publicó la opinión después de que el gobernador Ron DeSantis (R) solicitó a los jueces que aclararan «todos los términos de la sentencia», lo cual había sido objeto de disputa entre DeSantis y los grupos defensores del derecho a voto después de que el gobernador firmara el proyecto de ley del Senado 7066 el año pasado, que ordena que todos los exencarcelados paguen la restitución, las tasas judiciales y las multas antes de que se restablezca su derecho al voto (pdf).
DeSantis y el gobierno estatal argumentaron que la frase incluye todos los términos de la sentencia, incluyendo las obligaciones financieras ordenadas por el juez de sentencia. Por su parte, algunos grupos de defensa argumentaron que la frase solo incluye períodos de encarcelamiento y libertad supervisada, mientras que otros dicen que incluye algunas sanciones financieras pero no otras.
En noviembre de 2018, Florida aprobó una enmienda, comúnmente conocida como la Enmienda 4, a la constitución del estado que permite a los exconvictos votar «al completar todos los términos de la sentencia, incluyendo la libertad condicional o la libertad vigilada», pero excluye a aquellos que fueron condenados por asesinato o delito sexual grave. Antes de la enmienda, todos los exconvictos estaban permanentemente privados del derecho de voto sin que se les concediera clemencia ejecutiva.
Después de que DeSantis firmara la SB 7066, varios grupos de derechos civiles representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y 10 residentes de Florida demandaron al gobernador en el tribunal federal en un intento de detener la nueva ley (pdf). Argumentaron que la ley niega a las personas con condenas por delitos graves el derecho a voto y las penaliza en base a su incapacidad de pagar las cuotas y las multas.
Algunos de esos demandantes presentaron escritos y argumentos orales ante el tribunal. Algunos argumentaron que los costos y las multas no llevan el sello de una «sentencia», mientras que otros argumentaron que la Enmienda 4 solo incluye la obligación financiera establecida en las reglas de procedimiento penal del estado.
El tribunal superior del estado rechazó la mayoría de los razonamientos de los grupos, diciendo que «sus intentos de aislar y analizar la palabra ‘sentencia’ para determinar» ciertas multas y honorarios interpretan incorrectamente la palabra «en un sentido técnico» en lugar de utilizar un significado «simple y de sentido común».
«La enmienda 4 (…) utiliza la palabra ‘sentencia’ en su sentido simple y común. Y lo hace en el contexto de la amplia frase ‘todos los términos de la sentencia'», escribieron los jueces. «A falta de cualquier sugerencia en el contexto de la Enmienda 4 de que la palabra ‘sentencia’ tiene un significado técnico que restringe su alcance, no hay base para concluir que ‘todos los términos de la sentencia’ excluye cualquier [multas y honorarios] ordenados por el juez de sentencia».
La ACLU dijo en una declaración que la opinión de la Corte Suprema de Florida no impactará su litigio federal, diciendo que no se le pidió a la corte estatal que «determinara cuándo todos los términos de la sentencia están ‘completos'», agregando que era un tema bajo consideración en el caso federal.
«La decisión de la Corte también continúa dejando mucho espacio para que la Legislatura de Florida corrija la SB7066 y permita votar a las personas que no pueden pagar sus obligaciones», dijo el grupo.
Mientras tanto, DeSantis acogió con beneplácito la opinión del máximo tribunal, diciendo que estaba «complacido de que @FLCourts confirme que la Enmienda 4 requiere que se paguen multas, honorarios y restitución a las víctimas antes de que los derechos de voto [de los criminales] puedan ser restaurados».
«Votar es un privilegio que no debe tomarse a la ligera, y estoy obligado a aplicar fielmente la enmienda 4 tal como está definida», añadió.
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