Los comités cívicos de Bolivia convocaron este lunes a un «cabildo nacional» para el próximo 25 de enero, con la finalidad de fijar medidas para exigir al Gobierno del presidente Luis Arce la «restauración del Estado de derecho», la «democracia» y la libertad de los «presos políticos».
En una reunión en la oriental Santa Cruz, el presidente del comité cívico de esa región, Rómulo Calvo, leyó un pronunciamiento en el que se declara «estado de emergencia nacional» para que se apliquen «todas las medidas democráticas» para conseguir el «respeto a las leyes y el Estado de derecho».
Entre las medidas que anunció está el «cabildo nacional» en «todas las ciudades capitales de departamento» para efectuar consultas «que buscarán dar el norte» a la población para la «recuperación de la democracia», la libertad de los «presos políticos» y el «cambio radical» de la justicia boliviana a la que se acusa de ser un instrumento de persecución del oficialismo.
Además, instaron a «todas las fuerzas de oposición» para que se sumen al propósito de los cívicos y el resguardo de «todas las oficinas públicas nacionales» como formas de manifestar el «repudio» al «secuestro» de la democracia y la libertad.
En el manifiesto cívico también se pide a la población de Santa Cruz, motor económico de Bolivia, el levantamiento de los bloqueos de caminos que se han producido desde que el pasado 28 de diciembre cuando fue detenido el gobernador de esa región, el opositor Luis Fernando Camacho, en un cuestionado operativo policial.
Camacho está acusado de terrorismo en el proceso llamado «golpe de Estado I», debido a los hechos en la crisis política de 2019, y hace unos días la Fiscalía amplió la acusación por cohecho activo y seducción de tropas, que es la usurpación ilegal del mando militar.
Por el caso «golpe de Estado I» se ha procesado penalmente a la expresidenta interina Jeanine Áñez, detenida desde marzo de 2021, dos de sus exministros y varios exjefes militares y policiales.
Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por otro proceso, el llamado «golpe de Estado II», acusada de situarse ilegalmente en línea de sucesión después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Para la oposición y los comités cívicos de Bolivia en 2019 hubo un «fraude» en los frustrados comicios de ese año y «no existió un golpe de Estado», como denuncia el oficialismo, por lo que denuncian que todo el proceso judicial sobre esa crisis es «arbitrario, totalitario e inconstitucional».
Asimismo, el Comité Cívico de Santa Cruz advirtió a la comunidad internacional que en Bolivia se ha instaurado un «régimen de terrorismo de Estado, inseguridad jurídica y grupos parapoliciales de represión ciudadana».
La detención y encarcelamiento de Camacho ha provocado varias protestas y enfrentamientos con destrozos en varias instituciones públicas.
El gobernador cruceño debe cumplir cuatro meses de detención preventiva en un penal de máxima seguridad a 35 kilómetros de La Paz, en pleno altiplano del país y a casi 4.000 metros de altitud.
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