La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 11° Circuito concedió la solicitud del abogado especial Jack Smith de desestimar parte de una apelación en su caso de documentos clasificados contra el presidente electo Donald Trump.
Smith había solicitado una apelación de la decisión de la jueza de Florida Aileen Cannon en julio de desestimar su procesamiento.
La jueza Cannon argumentó que su nombramiento como abogado especial violaba múltiples disposiciones de la Constitución.
Smith todavía está tratando de apelar la decisión de otros dos acusados en ese caso, apelación que la corte de apelaciones admitió mediante una orden el 26 de noviembre.
«Se concede la moción del apelante de desestimar la apelación en lo que respecta únicamente a Donald J. Trump», se lee en una orden de la corte.
Una carta del secretario de la corte decía lo mismo: «La orden de desestimación es sólo para el apelado, Donald J. Trump. El recurso procederá con los demás apelados».
La orden de la corte se produjo apenas un día después de que Smith presentara dos mociones para desestimar sus procesos contra Trump.
Poco después de las elecciones de noviembre, Smith presentó una moción para dejar la apelación en suspenso, que fue concedida por la corte al día siguiente.
En Washington, la jueza Tanya Chutkan concedió su moción de desestimar el caso de interferencia electoral sin perjuicio.
Su moción al 11º circuito el 25 de noviembre se refería a la moción en Washington, que citaba la política de larga data del Departamento de Justicia contra el procesamiento de presidentes en funciones.
No está claro cómo procederá la apelación contra los otros acusados bajo la administración Trump, dado que el presidente electo ha argumentado que el nombramiento de Smith fue ilegal.
El 26 de noviembre, Smith presentó un escrito argumentando que su nombramiento era legal.
En él, su oficina argumentó que múltiples estatutos autorizaban su nombramiento.
Dijo, en sentido contrario a Cannon, que su financiación tampoco violaba la cláusula de apropiaciones de la Constitución.
Ese fue el último de una larga lista de escritos presentados ante la corte de apelaciones, incluidos los escritos de amici curiae de ex fiscales generales y de varios estados.
El asunto parecía estar listo para una futura revisión por parte de la Corte Suprema después de que el juez Clarence Thomas escribiera una opinión concurrente en la que ponía en duda la legitimidad del nombramiento de Smith.
Esa opinión se sumó a la opinión mayoritaria de la Corte Suprema en el caso Trump vs. Estados Unidos, que sostuvo en términos generales que los presidentes gozaban de distintos niveles de inmunidad frente al procesamiento penal.
La decisión de la corte se produjo en respuesta a la apelación de Trump en su caso de Washington, que también fue desestimado el 25 de noviembre después de otra moción de desestimación de Smith.
En ese caso, Trump había expresado interés en impugnar el nombramiento de Smith en una moción de desestimación similar a la que Cannon concedió en Florida.
La desestimación de Cannon, combinada con la posible confirmación de su decisión por parte del 11º Circuito, podría haber ayudado a establecer el tipo de división de circuitos que las Cortes Supremas suelen considerar cuando aceptan nuevos casos.
Smith ha argumentado que la Corte Suprema autorizó previamente a abogados especiales en el caso Estados Unidos vs. Nixon, que contenía un texto que afirmaba el nombramiento de abogados especiales.
«El fiscal general ha delegado la autoridad para representar a Estados Unidos en estos asuntos particulares a un abogado especial con autoridad y titularidad únicas», se lee en la opinión mayoritaria de 1974, escrita por el presidente de la Corte Suprema Warren Burger.
«El reglamento otorga al abogado especial el poder explícito de impugnar la invocación del privilegio ejecutivo en el proceso de búsqueda de pruebas que se consideren relevantes para el desempeño de estos deberes especialmente delegados».
Cannon dijo en julio que la redacción de la corte sobre la autorización del Congreso para el nombramiento de abogados especiales era un dictamen no vinculante para futuras decisiones judiciales.
Más específicamente, dijo que la Corte estaba recurriendo a un dictamen cuando afirmó que el Congreso había «otorgado al [fiscal general] el poder de nombrar funcionarios subordinados para que lo asistan en el cumplimiento de sus funciones».
Smith no estuvo de acuerdo y argumentó que el razonamiento de la corte fue central para llegar a la conclusión del caso sobre el privilegio ejecutivo.
Esto permitió a la corte considerar el caso como un caso justiciable, dijo.
«Esa conclusión era un dictamen vinculante o, al menos, un dictamen autorizado», dijo .
«De cualquier manera, Nixon rechaza de forma concluyente la impugnación del nombramiento del abogado especial por parte de los acusados, como han concluido todas las demás cortes que han examinado la cuestión».
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