La Corte Suprema de California aceptó recientemente escuchar una demanda presentada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y algunos legisladores, que buscan detener la iniciativa electoral que está por aparecer en la boleta electoral en 2024, que requeriría que los votantes aprueben todos los aumentos de impuestos del estado.
En lo que algunos describieron como un movimiento inusual solicitando un amparo inmediato de los jueces superiores del estado, el Sr. Newsom y otros consideraron que se trataba de una urgencia y, por lo tanto, se saltaron las cortes inferiores.
A la espera de un fallo de la corte para principios del próximo año, los argumentos de las partes interesadas, de parte de funcionarios de ambos lados del asunto, ya se están presentando. Entre ellos, un legislador dijo que el intento de sofocar la medida es antidemocrática.
«Los demócratas solo se preocupan por la democracia cuando les conviene. No hay otra explicación para este flagrante intento de privar del derecho de voto a los votantes que están hartos del escandaloso costo de vida en California», dijo el asambleísta James Gallagher (R-Yuba City) a The Epoch Times el 6 de diciembre. «Los políticos desubicados que malgastan el dinero en un esfuerzo por silenciar a sus propios electores es exactamente la razón por la que más de un millón de californianos firmaron la Ley de Protección del Contribuyente para frenar los impuestos y el gasto».
La iniciativa, de ser aprobada por los votantes, modificará la Constitución de California para ampliar la definición de impuesto, de modo que incluya todos los cargos o tasas propuestos por los legisladores, y obliga a que todos los aumentos de impuestos sean aprobados por una mayoría de dos tercios en la Legislatura y por una mayoría de votantes.
La medida está actualmente programada para la votación del 5 de noviembre de 2024, después de que más de un millón de firmas fueran recogidas por organizadores afiliados a grupos de defensa de los contribuyentes con sede en California.
«Los californianos están hartos de los impuestos», dijo Jon Coupal, presidente de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis —el mayor grupo de contribuyentes del estado y uno de los impulsores de la iniciativa— en declaraciones a The Epoch Times el 6 de diciembre. «Nosotros buscamos devolver algo de cordura a la política de California, especialmente en lo que se refiere a los impuestos».
Además de la demanda, que se presentó el 26 de septiembre, la legislatura aprobó este año una medida que estará en la boleta electoral de marzo de 2024, la que exige, en parte, la aprobación de dos tercios de los votantes respecto a la iniciativa fiscal electoral, en lugar de una mayoría simple.
Por su parte, la Liga de Ciudades —incluidos los alcaldes de Los Ángeles, San Diego, San Francisco y Sacramento, entre otros— escribió cartas a la corte y argumentó públicamente que la medida amenazaría la capacidad de las ciudades para financiar operaciones críticas.
Se trata de un ataque tan multifacético, dijo el Sr. Coupal, sugiriendo que los líderes temen que los votantes estén a favor de la propuesta.
“Los progresistas en materia de impuestos y gasto saben que si está en la boleta electoral, probablemente se aprobará”, indicó a continuación. «[Ellos] han hecho todo lo posible para descarrilarlo».
Al señalar las posiciones políticas particulares en las que se encuentran los proponentes —esencialmente luchando por retener el derecho a aumentar los impuestos— cuestionó la decisión de presentar la demanda dada la óptica.
“El gobernador y la Legislatura están utilizando las cortes para tratar de quitarle al pueblo el derecho, incluso a votar sobre este asunto”, dijo el Sr. Coupal, agregando que es optimista y que la corte permitirá que los votantes decidan el tema.
«Sus teorías jurídicas son extraordinariamente débiles».
En la petición presentada en nombre de la Legislatura, los legisladores republicanos notaron la ausencia de un debate en el pleno y la falta de apoyo de algunos legisladores.
“En primer lugar, debemos corregir la información errónea proporcionada a esta corte”, escribió el 14 de noviembre a la corte un grupo de republicanos que representan tanto al Senado como a la Asamblea, en oposición al litigio. “Si bien ciertos legisladores se encargaron de presentar esta demanda, su propósito y contenido nunca fueron aprobados mediante una acción legislativa, y nosotros no apoyamos este intento descaradamente antidemocrático de privar de sus derechos a los votantes, eliminando de la boleta una iniciativa calificada por los votantes”.
La demanda dice que están en riesgo miles de millones de dólares en financiación
Los opositores de la iniciativa electoral dicen que sería ineficiente que los votantes decidan esos aumentos. Ellos sostienen a la autoridad legislativa y ejecutiva del gobernador que actualmente otorga la ley estatal es lo mejor.
Si los votantes la aprueban, los involucrados en la demanda argumentan que causaría miles de millones de dólares en déficit de ingresos y pondría en peligro el futuro de los servicios y programas, incluidos los de educación, aplicación de la ley, respuesta a incendios y emergencias, y reparación de carreteras, entre otras cosas.
Además, el cambio sería retroactivo al 1 de enero de 2022, lo que, según los peticionarios de la demanda, crearía importantes problemas de cumplimiento y exacerbaría aún más las deficiencias de financiación.
“A partir de 2025, miles de millones de dólares en financiación crítica pueden quedar vulnerables como resultado de la medida”, alega la demanda. “Las crisis que inevitablemente surgirán, desde desastres naturales hasta pandemias, solo ejercerán más presión sobre otras funciones gubernamentales esenciales”.
Los peticionarios también argumentan que si la medida se aprueba, los gobiernos locales y estatales no podrán actuar como es necesario para apoyar a las comunidades.
«Esto tendría amplias consecuencias para la gobernanza estatal y local», alega la demanda. «Al hacerlo, la medida en muchos casos perjudicaría la capacidad del gobierno para desempeñar sus funciones esenciales».
Con un déficit presupuestario previsto de USD 68,000 millones en el próximo proceso presupuestario, según la Oficina del Analista Legislativo del estado, la posibilidad de aumentos de impuestos para llenar el vacío es un tema de preocupación para algunos legisladores.
“Los peticionarios esencialmente argumentan que la única solución a los déficits presupuestarios son impuestos más altos, negándose incluso a considerar hacer ajustes al presupuesto estatal”, escribieron los legisladores republicanos ante la corte. “La mala planificación financiera por parte del gobernador Newsom y los demócratas no es motivo para negar a los votantes sus derechos constitucionales”.
Algunos críticos dicen que la demanda es un esfuerzo por ignorar la voluntad de los votantes al utilizar el nombre de la Legislatura y la autoridad de la corte para privar de sus derechos a los ciudadanos.
“La supermayoría demócrata se presenta a sí misma como protectora de la democracia, pero esta demanda es un intento deliberado de silenciar a los votantes antes de que tengan siquiera la oportunidad de hacer oír su voz en las urnas”, dijo el líder de la minoría del Senado, Brian Jones (R-San Diego), en un comunicado de prensa del 15 de noviembre. “No solo, no hubo ninguna acción oficial para involucrar a la Legislatura en una falta de respeto tan flagrante y antidemocrática hacia los votantes, sino que ni siquiera fuimos informados de antemano”.
Argumentando que el momento de la demanda, que se produjo después de que terminara la sesión, dejó a los legisladores sin la oportunidad de debatir sus méritos, por lo que sugirió que esto se hizo para proteger la reputación política en el próximo año electoral.
“Los legisladores demócratas podrían haber votado fácilmente sobre esta demanda antes de que se suspendiera la sesión de 2023, el 14 de septiembre, pero la supermayoría ni siquiera presentó una votación”, dijo el Sr. Jones en el comunicado de prensa. «La realidad política es que los líderes demócratas saben demasiado bien que la mayoría de sus propios miembros no quieren que conste en el acta que ellos retiran una iniciativa antiimpuestos de la papeleta, que es exactamente lo que propone su demanda».
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