Una corte de apelaciones de Florida se negó el 12 de junio a pronunciarse sobre los argumentos presentados por los abogados del gobernador Ron DeSantis, de que su administración puede proteger ciertos registros del público debido al privilegio ejecutivo.
El fallo unánime de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida se relaciona con una decisión de una corte inferior el año pasado.
Haciendo referencia al fallo anterior, de la corte de distrito, el juez de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito L. Clayton Roberts, escribió ante el panel que «después de denegar la petición por razones de procedimiento, la corte [inferior] consideró innecesariamente los méritos de la petición y dictaminó que las identidades de los pesos pesados conservadores legales están protegidas por el privilegio ejecutivo».
«Nosotros declinamos expresamente a pronunciarnos sobre la pertinencia de esta decisión, ya que fue irrelevante e innecesaria», escribió el juez Roberts.
La apelación se derivó de una solicitud de registros públicos presentada por una persona —identificada en documentos judiciales solo como J. Doe— ante la oficina del gobernador en octubre de 2022.
Los documentos judiciales indican que el individuo solicitó una serie de «materiales» y comunicaciones, incluyendo registros de llamadas, correos electrónicos o textos, entre el gobernador y su esposa Casey DeSantis, su jefe de personal, sus asistentes ejecutivos o personales o ayudantes, su asesor general o cualquier persona dentro de la oficina del asesor general.
Según los documentos judiciales, también se solicitó información similar del director de nombramientos o de cualquier persona dentro de la oficina del director del nombramiento, y de «los ‘seis o siete pesos pesados conservadores legales bastante grandes’ descritos por el gobernador en una entrevista con Hugh Hewitt el 25 de agosto de 2002 [sic]».
DeSantis habla de «grandes pesos pesados conservadores legales»
En la entrevista a la que se hace referencia en los documentos judiciales, el Sr. DeSantis dijo al comentarista conservador, Hugh Hewitt, que él convoca a un grupo de personas en las que confía a la hora de elegir los nombramientos judiciales para la Corte Suprema de Florida.
Específicamente, el Sr. DeSantis le dijo al presentador del programa que el grupo de personas «pone a estos candidatos a través del exprimidor».
«Así que van a entrar en una habitación y usted tendrá seis o siete bastante grandes pesos pesados conservadores legales, y tienen que responder a las preguntas», dijo el gobernador. «Yo no estoy allí para eso, pero luego ellos me informan, y luego me sentaré y haré entrevistas con cada candidato individual».
Según la demanda, tras escuchar la entrevista, el Sr. Doe solicitó posteriormente que la oficina del gobernador le entregue los registros que identificaban a las personas que le ayudaron a seleccionar a los candidatos para el nombramiento del más alto tribunal del estado.
Inicialmente, la oficina del gobernador reconoció que la solicitud estaba en cola junto con un «gran volumen de otras solicitudes». Sin embargo, durante los 20 días siguientes, el Sr. Doe intentó agilizar su solicitud. Más tarde informó a la oficina del gobernador de que tenía intención de presentar una demanda sobre el asunto y sugirió que le facilitaran los nombres de los llamados «pesos pesados» para resolver la solicitud, según los documentos judiciales.
El individuo posteriormente presentó una demanda sobre los registros, lo que llevó a los abogados del Sr. DeSantis y la procuradora General, Ashley Moody, a argumentar que la oficina del gobernador tiene la autoridad constitucional para proteger los registros relativos a las deliberaciones o discusiones internas.
En presentaciones judiciales a fines del año pasado, los abogados del estado dijeron que «mantener la confidencialidad de las deliberaciones relativas a los nombramientos judiciales es necesario para permitir que el gobernador y sus ayudantes reciban asesoramiento sincero y sin filtros sobre el ejercicio de una importante función constitucional».
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, habla en una conferencia de prensa en Tallahassee, Florida, el 9 de agosto de 2023. (Ron DeSantis/Screenshot vía The Epoch Times)
«Circunstancias excepcionales»
Además, argumentaron que el Sr. Doe no había demostrado ninguna necesidad de la información que solicitó a la oficina del gobernador que pudiera «superar este privilegio».
Contrarrestando esos argumentos, los abogados del Sr. Doe señalaron que no hay ninguna ley que establezca el privilegio ejecutivo para el gobernador en la Constitución de Florida.
Además, señalaron una enmienda de registros públicos de 1992 que añadió la Cláusula de Registros Públicos en el Artículo I, Sección 24 de la Constitución de Florida como parte de los esfuerzos para proporcionar acceso público a los registros del gobierno.
Sin embargo, la jueza Angela Dempsey, de la Corte de Circuito del Condado de Leon, finalmente desestimó la demanda en enero de 2023, dictaminando, en parte, que la administración DeSantis tenía privilegio ejecutivo para proteger ciertos registros del público.
En su fallo del 12 de junio, la corte de apelaciones dijo que no se debería haber permitido que la demanda siguiera adelante porque «si bien las presentaciones anónimas no están prohibidas en Florida, estas deben reservarse para aquellas circunstancias excepcionales que superan el interés público en los procedimientos abiertos».
El panel de jueces también consideró que el Sr. Doe no había podido demostrar un «claro derecho legal» a que la oficina del gobernador cumpliera con su solicitud tal y como fue presentada, incluso solicitando ampliamente registros entre «muchas personas durante un período de tiempo no especificado».
«Si bien el custodio de los registros posiblemente podría intuir algunos parámetros contextuales, la información central que el apelante buscaba era una lista de nombres a los que el gobernador DeSantis hizo referencia en una entrevista en particular», escribió la corte de apelaciones. «Cumplir con dicha solicitud requeriría que el custodio de registros consultara con el Gobernador para determinar exactamente a quién se refería en esta entrevista».
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